En González Catán, partido de La Matanza, la Policía Bonaerense desplegó, una vez más, su manual de prácticas aberrantes: fusiló a Lucas Verón, un chico de 18 años que había salido de su casa a comprar gaseosas porque estaba festejando su cumpleaños. Luego, hostigó al principal testigo, un menor de 17, para que asumiera un robo y se olvidara de todo lo que había visto. Por último, detuvo a un carnicero por el crimen. Todo es aún más grave si se tiene en cuenta que el plan de encubrimiento contó con el permiso cómplice del fiscal. “Lucas era un pibe sano, no tomaba, no fumaba, su único vicio era la Coca Cola y la manteca”, se lamenta la hermana.

El jueves 9 de julio, Lucas cumplió la mayoría de edad. Ya comenzado el viernes, los festejos siguieron en la casa de Villa Scasso, a la altura del kilómetro 28 de la Ruta 3. Alrededor de las dos, Lucas y su amigo Gonzalo, para todos “Moneda”, salieron en moto hasta el Maxiquiosco ubicado en la esquina de Calderón de la Barca y La Bastilla, a unas cuadras.

Según el relato de Moneda, en el camino comenzaron a ser perseguidos por un patrullero sin luces ni sirena hasta que se les vino encima. Faltando una cuadra para llegar a la casa de Lucas, el móvil los embistió sin dar la voz de alto, provocando la caída de los jóvenes. Moneda alcanzó a correr. Lucas, en cambio, no tuvo esa suerte

“Cuando se bajaron del patrullero, le dispararon a quemarropa. El tiro entró por el pecho y salió por la espalda. Mi hermano alcanzó a caminar unos tres metros hasta que perdió el conocimiento y cayó al lado de una zanja. Los policías se fueron y lo dejaron tirado”, cuenta Cintia Alfonso, la hermana mayor que asumió el pedido de justicia de la familia.

Cintia recuerda que fue la última en llegar al Hospital Simplemente Evita donde Lucas ingresó en grave estado y que le llamó la atención que hubiera tantos efectivos. “Yo no sabía que había pasado. Una mujer policía se me acercó y me dijo que ellos iban a encontrar al que había hecho esto. Después me enteré que ella estaba en el patrullero. Quiere decir que los mismos policías que habían matado a mi hermano después me consolaron en el hospital”.

Se trata de los agentes Ramón Ezequiel Benítez y Cintia Daiana Duarte del Comando de Prevención Comunitaria de González Catán. Ambos, que además son pareja, están detenidos e imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser funcionarios policiales. Sin embargo, la cadena de responsabilidades tiene más eslabones.

“El fiscal actuó de encubridor”

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) asumió el patrocinio legal de la familia de Lucas y pidió la recusación del primer fiscal de la causa, Juan Pablo Tahtagian. El organismo argumentó que “excusándose en la falta de personal, permitió y avaló que se tomen declaraciones a testigos en sede policial; oportunidad en la que compañeros de fuerza de los imputados amenazaron al amigo de Lucas para obligarlo a declarar que venían de robar, justificar así la persecución policial y, de esa manera, desviar la investigación judicial e imponer una versión que dejara impunes a los responsables”.

La CPM, que ya se presentó como particular damnificado en la causa y adelantó que también asumirá la representación del menor sobreviviente, destacó que “la intervención de los militantes de HIJOS La Matanza, que se constituyeron en la comisaría a pedido de la familia, y los testimonios recogidos por los mismos familiares en el barrio lograron desbaratar el plan de encubrimiento”.

Para Alejo Rivera, integrante de HIJOS que colaboró en acercar a los testigos que vieron el fusilamiento de Lucas, “el fiscal actuó de escribano y encubridor de la policía”.

“Además de todas las irregularidades –continua– que les permitió hacer a los policías, avaló la hipótesis de que los tiros habían salido de un auto blanco, por lo que el carnicero del barrio terminó detenido unas siete horas”.

Rivera también destaca que los efectivos detenidos ya habían estado involucrado el año pasado en otro hecho de brutalidad policial y “armado” de causas cuando confundieron a Roberto Maidana, un joven de 26 años con esquizofrenia y retraso madurativo, con el ladrón de un celular. Lo golpearon, lo detuvieron y lo obligaron a aceptar un juicio abreviado que todavía espera. “Si la justicia hubiera investigado y castigado a los policías, Lucas estaría vivo”, se queja.

En el barrio Lucas era, apenas, “Japo”. Su hermana lo define, y así lo confirman las muchas fotos con boina, bombachas y alpargatas, como un “paisano que vivía para sus caballos”, con una destreza probada en carreras de sortijas, herencia de un abuelo que vivía en La Pampa. Era el menor de cuatro hermanos y el hijo de Graciela, una empleada del Suteba y Cristian, un trabajador de la construcción.

“Quiero perpetua para los dos policías –pide la hermana– si es que los puedo llamar así. Por todo lo que hicieron son unas basuras”.