Existe un relativo consenso en torno a que el aislamiento social, preventivo y obligatorio agudizó las profundas desigualdades que caracterizan a la sociedad argentina. Desde el 20 de marzo, especialistas en infectología, funcionarios públicos, periodistas y ciudadanos repetimos como un mantra la consigna «quedate en casa, es la mejor vacuna contra el coronavirus». Este método de «inoculación», además de demostrar su efectividad para aplanar la curva de contagio, corrió el velo de las desigualdades que se expresan principalmente en los conurbanos de las grandes urbes del país. Porque para quedarse en casa las familias necesitan una casa. ¡Y descubrimos que no todas las casas son iguales!

La mayoría de las casas de clase media tienen un conjunto de comodidades que permiten transitar la cuarentena con relativa comodidad: un dormitorio cada dos integrantes del hogar, conexión a wi fi, computadora, celular inteligente, consola de videojuegos, aire acondicionado frío/calor, acceso a plataformas de streaming, etc. Mientras tanto, una gran proporción de casas ubicadas en barrios populares se caracterizan por niveles de hacinamiento crítico (más de tres personas por habitación), viviendas de mala calidad y/o acceso precario a los servicios esenciales (agua, gas, electricidad, cloacas y recolección de residuos) y exposición a altos grados de contaminación ambiental.

Las diferencias entre las viviendas generaron a grandes rasgos dos tipos de cuarentena: aislamiento domiciliario y aislamiento barrial. Por un lado, las clases medias llevan a cabo una cuarentena en la que pueden abastecerse de alimentos y hacer teletrabajo, evitando salidas continuas y, por lo tanto, permaneciendo en la vivienda. Por otro lado, las familias que habitan barrios populares se abastecen de alimentos en comedores y merenderos debido a sus dificultades para stockear mercadería. Además, muchos de sus trabajos no admiten la modalidad virtual o a distancia (por ejemplo, el trabajo de los recicladores urbanos). El aislamiento barrial, entonces, se constituye como la única alternativa en estos territorios.

La pregunta que podríamos hacernos frente a este panorama es: ¿estas precariedades, carencias y dificultades en barrios populares nacieron con la cuarentena?

El barrio popular Arroyo Las Piedras I (Quilmes)

A comienzos de 2020, se llevó a cabo un relevamiento socio-habitacional y socio-ambiental de las viviendas radicadas a los márgenes del Arroyo Las Piedras, en Quilmes. Se recopilaron datos socio-demográficos, habitacionales, ambientales, sanitarios, socio-económicos, de localización barrial y relacionados a capacidades organizativas y tecno-cognitivas de la población.

El trabajo realizado en modo colaborativo entre habitantes del barrio, organizaciones sociales de base (Asociación Sin Fronteras para la Discapacidad –ASFAD– y el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de la CTAA –MOI–) e institutos de investigación de universidades nacionales (UBA y UNQ), detectó que sólo el 26,5% de las viviendas están terminadas y en su gran mayoría no superan los tres ambientes. En el 50,7% de las viviendas habitan familias de cinco integrantes o más, dato que grafica los niveles de hacinamiento de la población, el principal obstáculo para el sostenimiento cotidiano de un aislamiento domiciliario.

A su vez, se detectó que prácticamente la totalidad de las viviendas poseen conexiones informales a electricidad y agua. El 88,1% de las viviendas no posee gas natural; el 20,1% no posee agua de red; el 19,4% no tiene electricidad; el 49,9% no posee alumbrado público cercano; el 81,3% no tiene desagüe pluvial; el 91,8% no tiene veredas completas en la cuadra; el 67,9% no posee cable; el 72% no tiene internet; el 28% no dispone de telefonía celular; y el 48,9% no tiene servicio de recolección de residuos.

Para completar el panorama, en la caracterización socio-económica del barrio se comprobó que el 42,2% de las viviendas tienen un ingreso mensual total menor a $ 8300 y el 82,5% de los hogares tiene ingresos mensuales menores a $ 20.000.

Las características de este barrio (como el de cientos del Conurbano) exponen en carne viva la imposibilidad del cumplimiento de la cuarentena domiciliaria: las personas van a comedores y merenderos, permanecen en constante interacción con vecinos, van a retirar viandas a las escuelas, etc.

Estas carencias, precariedades y dificultades preceden al aislamiento social. Solo que ahora, a la luz de la actual crisis, se visibilizan aún más. Tanto es así que obligaron a la dirigencia política a desarrollar una estrategia diferenciada basada en el aislamiento barrial. Está claro que existen riesgos asociados a este tipo de aislamiento, pero también está claro que no se le puede pedir a una familia que no asista a un merendero si es su único medio para alimentarse.

En este marco, las organizaciones sociales de base, los merenderos y los comedores tienen un rol central en la asistencia a la población frente a las presentes condiciones de escasez de alimentos y trabajo (por ejemplo, ASFAD abrió nuevos comedores en Quilmes e intensificó la asistencia a merenderos de la zona). La capacidad de respuesta de las organizaciones sociales de base y la importancia de éstas en la organización comunitaria de los barrios, también preceden a la cuarentena.

Quedarse en sus casas ya era un desafío para los habitantes de barrios populares antes de la cuarentena. Por esto, ahora más que nunca, se torna central la necesidad de implementar políticas integrales de hábitat que mejoren la calidad de vida de estas familias. A su vez, el aislamiento social permitió a las organizaciones sociales de base demostrar sus capacidades de gestión territorial. Los alcances y conocimientos de estas organizaciones deberían tenerse en cuenta para el diseño e implementación de futuras políticas públicas.