Había pasado apenas un día desde el último incendio en un conventillo de La Boca cuando la Legislatura aprobó el convenio entre el Gobierno de la Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado para la venta de tierras que permitirán, en el mismo barrio, la construcción de las torres Catalinas Sur 2.

La iniciativa, que contó con 33 votos positivos, 14 negativos y 11 abstenciones, logró imponerse (se votó en primera lectura y deberá pasar por una audiencia pública) pese a la fuerte oposición de los vecinos de la zona que, además de pedir por la construcción de viviendas sociales y un pulmón verde, buscan frenar la andanada de desalojos y exigen al Estado porteño que garantice una solución habitacional definitiva para la enorme cantidad de familias que se encuentran en una situación crítica.

En La Boca viven 45 mil personas concentradas en 30 manzanas, de las cuales una parte importante está repartida en unos 400 conventillos que alojan, en promedio, a unas 20 familias por unidad.

El dato por sí solo ya ameritaría una intervención del Estado para revertir las condiciones de hacinamiento y precariedad. Sin embargo, queda lugar para otra estadística más grave: en los últimos ocho años, 15 menores de 14 años murieron en incendios en conventillos.

«Los incendios son la manera más fácil y rápida para desalojar y suceden porque no hay una política para prevenirlos ni para atacarlos una vez iniciados. Salvo algunas excepciones, no hay control de los conventillos, de las instalaciones eléctricas, de los matafuegos, de nada. Con esos controles podrían prevenirse varios incendios, porque la mayoría se originan por alguna cuestión eléctrica o porque tienen que calentarse en invierno. Por otra parte, no hay una política pública para atacarlos, porque muchas de las salidas de agua están tapadas por las baldosas de las nuevas veredas o directamente no funcionan porque son viejas. En el último incendio, el agua la tuvieron que sacar del tanque que quedaba al otro lado de la manzana, con uniones de cinco mangueras», explica Martina Noailles, periodista de Sur Capitalino. 

El miércoles, seis personas, entre ellas una mujer embarazada, debieron ser evacuadas luego de que las llamas destruyeran un conventillo de dos plantas ubicado en Aráoz de Lamadrid al 600, a pocos metros de Caminito y lindero a un comedor infantil.

«Es necesario que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) ponga en marcha, cuanto antes, una política integral de la vivienda en el sur de la Ciudad, para que ninguna persona más pierda su hogar, ni su vida. Lamentablemente, hay familias, hombres, mujeres y niños que se encuentran en una situación de riesgo permanente», denuncia Roberto Baigorria, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y titular del Consejo de Organizaciones Sociales de la Ciudad de Buenos Aires.

El 23 de abril pasado, Tiempo publicó una investigación en la que relata el negocio del «boom inmobiliario» del PRO con terrenos fiscales como los que permitirán la construcción de las torres Catalinas Sur 2 y que incluye desde dinero del blanqueo y beneficios impositivos para declarar bienes ocultos hasta la promocionada urbanización de villas.

«Al mismo tiempo en que los incendios se suceden –concluye Noailles–, el barrio está siendo blanco del mercado inmobiliario. Una manera de expulsar a los más pobres es con los juicios de desalojos, que están en pocas manos porque los abogados son siempre los mismos. La otra es con los incendios. Por acción u omisión, el gobierno porteño logra desplazarlos». «