Este martes desde las 15, los familiares y amigos de víctimas de las fuerzas de Seguridad realizan la quinta edición de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. En Buenos Aires, la movilización partirá desde el Congreso y llegará a Plaza de Mayo.
La marcha fue anunciada durante un emotivo encuentro. Además, en la conferencia de prensa denunciaron que la policía porteña labró dos contravenciones en contra de dos militantes, una de la Liga Socialista Revolucionaria y otro de La Poderosa, que el fin de semana habían pegado afiches en la vía pública para convocar a la marcha.
Uno a uno, los familiares que participaron de la conferencia en la sede la SERPAJ se presentaron y dieron las razones de por qué marchaban. Emilia Vassallo fue la primera en exponer el caso de su hijo Pablo “Paly” Alcorta, asesinado en 2013 por el policía de la Bonaerense Diego Ariel Tolaba. “No elegimos el lugar que nos tocó”, dijo la mujer, al tiempo que analizó: “Lamentablemente cada vez son más los pibes asesinados por la represión de Estado, sea por una bala, en contexto de encierro o por las drogas. Sabemos que otra forma de extermino son las drogas que maneja el poder político con el poder policial y judicial”.
Vassallo expresó que Tolaba fusiló a su hijo de un balazo en la cabeza. A pesar de ello, actualmente presta servicios en la Policía de la Ciudad en la división Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal “acusado de homicidio simple a la espera de una elevación a juicio”.
Luego, Esquivel señaló que “un gobierno que viola los DDHH y no está atento a la situación de los jóvenes es un gobierno que no está junto al pueblo, sino en su contra. Las fuerzas de seguridad, cuando se organizaron, eran fuerzas de prevención y seguridad social. Con el tiempo las transformaron en fuerzas de represión. De ahí al fatillo fácil”. Y ejemplificó con lo ocurrido con las recientes masacres de “San Miguel del Monte, Pergamino o Esteban Echeverría”.
Alfredo Cuellar, el padre de Florencia “La China” Cuellar, asesinada en la Unidad IV de Ezeiza en 2012, aseguró: «La realidad la vamos a cambiar desde el día martes en adelante, porque hemos decidido definitivamente los familiares salir a la calle a demostrar con rabia, bronca e impotencia para que esto no siga sucediendo. Son crímenes de Estado. Acá existe la pena de muerte y se llama gatillo fácil”.
El padre de Darío Santillán, Alberto Santillán, también participó de la conferencia de prensa y argumentó que “de las mismas entrañas del pueblo salen las fuerzas que a uno lo sostiene. Las marchas contra el gatillo fácil, sirven para contenernos, sostenernos y acompañarnos en esta lucha. Hay que hacer visibles los casos”.
“Si cada vez somos más es porque cada vez matan más a nuestros hijos y esto es así porque hemos visto como Macri y Bullrich reciben a los policías que matan a los pibes”, advirtió Santillán, el padre del joven asesinado a mediados de 2002 en la denominada masacre del Puente Pueyrredón.
A su turno, Alejandra, la mamá de Ismael Ramírez, describió que su hijo tenía 13 años cuando el 3 de septiembre del año pasado “el Estado me lo mató». «Tenía muchos sueños. Soñaba en jugar a la pelota. Hacía básquet”, explicó y, entre sollozos, agregó: “Todo se tapa. En la causa no hay nada. Por dentro mi corazón llora, grita, extraño a Ismael”.
Adriana García, la mamá de Diego Cagliero, el joven de 30 años asesinado cuando transitaba con sus amigos en una camioneta en Martín Coronado, partido de Tres de Febrero, el 19 de mayo, fue clara. “Uno tiene que aprender algo que nunca pensó que debería aprender: luchar porque nos matan a los chicos, a nuestros hijos, es muy difícil salir a la calle y tratar de organizar la cabeza cuando el corazón te explota”.
“Diego era un artista que tenía toda su vida por delante y el mes próximo, en septiembre, va a nacer su hijo. Diego no lo va a conocer y nosotros vamos a estar de pie para contarle a Camilo quien era su papá”, dijo Adriana, quien recordó que “ese día, con un dispositivo organizado y armado, la policía de Tres de Febrero, de la comisaría de Eufrasio Álvarez, salió y en una encerrona mató a Diego, un día antes de la masacre de San Miguel del Monte. En esa camioneta iban ocho jóvenes. Podría haber sido un desastre. Rodrigo César Exequiel Canstatt, es el asesino de mi hijo, está preso pero ahora quiere que le hagan una pericia porque dice que está deprimido”.
Instantes después, María Laura Romero contó algunos detalles del asesinato de su marido, Sergio Jasi, cuando el 26 de abril de 2019 le agarró un brote psicótico y la policía de Tres de Febrero lo mató. “La policía no se ocupa de los narcos, pero sí de atacar a la gente que está enferma”, indicó, al explicar que su marido había entrado “en la casa de un vecino, que llama al 911 y empiezan a venir refuerzos. Él estaba encerrado en un baño con llaves, no tenía armas, ni rehenes, ni nada que pudiera hacerle daño a alguien. Lo único que necesitaba era que lo ayudaran”.
“Llegaron cinco patrulleros con dos policías cada uno. En total, entraron 10 policías. A Sergio lo suben desvanecido a la cabina del patrullero y en vez de llevarlo al hospital lo llevan a la comisaría. De tantos golpes que recibió su cerebro empezó a sangrar y le agarró un paro cardíaco. Llegó muerto al hospital”, dijo María Laura, quien advirtió: “Esta es mi primera marcha y sé que no va a ser la última. No hay policías detenidos, sí hay desafectados. En la comisaría trataron de encubrir la muerte de Sergio, le pusieron robo agravado por escalamiento”. Los testigos, vecinos de la víctima, no convalidaron la versión de la Bonaerense. Sergio era maestro mayor de obras y nunca había tenido problemas con la ley.
La mujer puntualizó que uno de los policías implicados en la muerte de su marido fue Rodrigo Canstatt, “que si hubiera sido desafectado en el hecho de Sergio, Diego podría estar con vida porque no habría estado ahí para dispararle”.
Entre otros familiares también estuvieron Grisel Medina, mujer de Hernán “El Pelado” Gómez, asesinado por una policía de la Ciudad en la Villa Zabaleta y Gloria Vergara, mamá de Diego Fernández, quien fue suicidado en la comisaría de Isidro Casanova. Pablo Pimentel, representante del APDH de La Matanza, que asesora a la familia Fernández, comparó el caso de Diego con el de otro muchacho que apareció muerto en las mismas circunstancias y en la misma comisaría en 2007. Además, Pimentel aseguró que respecto a la muerte de Diego “se pudo demostrar gracias a la fortaleza de la familia y el acompañamiento de una médica forense, Virginia Kreimer, que el chico fue brutalmente golpeado y torturado hasta que murió y que luego se simuló su ahorcamiento”.
Acompañadas por organizaciones de derechos humanos, todas estas historias se movilizan este martes a Plaza de Mayo y a muchas plazas de todo el país bajo la consigna «Ni un pibe menos, ni una piba menos»
