Pasaron doce meses desde su nacimiento. No había pandemia, pero estaban llegando a su fin cuatro años del gobierno macrista con índices socioeconómicos a la negativa. Lo más urgente era la alimentación de gran parte de la población. Al “Plan Argentina Contra el Hambre» (PACH) lo presentó Alberto Fernández días antes de la elección que lo colocó en la Presidencia, con un llamado a asumir el desafío de “terminar de una vez y para siempre con el hambre” y lo calificó como “la batalla más sensata que podemos hacer”. Pero llegó el coronavirus, y la pregunta: ¿Qué sucede hoy con el PACH, una de las piedras basales del inicio de la gestión Fernández, que contó con invitados que iban desde Tinelli hasta Caparrós?

La tarjeta AlimentAR y el aumento de recursos para asistencia alimentaria fueron las acciones principales en los primeros meses y desde el tercer trimestre se profundizaron iniciativas interministeriales como el Plan AccionAR, que incluye seguimientos nutricionales vinculados al Programa SUMAR. El foco hoy está puesto en un abordaje integral de la problemática.

También podés leer: Desarrollo agregará un bono de fin de año en la tarjeta Alimentar para 1,5 millones de familias

El ahora ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, definía hace un año que “hambre es comer salteado y malnutrición es comer fideos, harinas y arroz todos los días” y planteaba como los ejes del Plan una canasta básica de alimentos accesible a partir del fomento de centros de producción y de comercialización vinculados a la economía social y popular y la agricultura familiar.

En enero, en paralelo a la realización de ferias en apoyo a la producción y comercialización de estos sectores, entregaron las primeras tarjetas AlimentAR, quizás el eje central del Plan, que consiste en el acceso a una tarjeta de crédito para madres o padres con hijes de hasta 6 años o con discapacidad que reciben la AUH y para embarazadas a partir de los 3 meses cuando cobran la Asignación por Embarazo. En las tarjetas se acredita un monto mensual de $4.000 -un hije- a $6.000 -más de une- disponible para comprar alimentos y bebidas (no alcohólicas). Cuando concluían la entrega de las tarjetas en marzo, el 12 se decretó la emergencia sanitaria por el coronavirus y el 20 se estableció el aislamiento a nivel nacional. Hoy, con DISPO en lugar de ASPO, avanza la idea de aumentar su crédito de cara a fin de año.

Los números del hambre

Bajo premisas como la seguridad y la soberanía alimentaria, el PACH se ejecuta a través del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, legislado en 2002, que apunta a lograr el acceso a la canasta básica de la población más vulnerable. Al comienzo, Arroyo estimaba que el presupuesto inicial del plan rondaría los 60 mil millones de pesos y comprendería la distribución de “casi 1.400.000 plásticos”. Hoy la tarjeta es potestad de 1,5 millones de familias que comprenden a 4,3 millones de personas, cuya demanda mensual supera los $7.600 millones mensuales.

Una publicación del Instituto del Conurbano (ICO – UNGS) indica que en promedio el 3,2 % de la población de los 24 distritos que componen el conurbano accedió a la prestación de la AlimentAR. José C. Paz tiene el mayor peso porcentual (5,5% de su población: 16.900 beneficiarios) seguida por Merlo (4,9%), mientras que la mayor cantidad neta de beneficiarios está en La Matanza (63 mil personas, que representan el 2,8%).

En diálogo con Tiempo Argentino desde el Ministerio de Desarrollo Social indicaron que los datos de la inseguridad alimentaria “se recrudecieron durante el gobierno de Macri” y que con la pandemia esa situación empeoró, diagnóstico con el que coincide Isaac Rudnik, el director del ISEPCi (Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana). La familia tipo de dos adultes y dos hijes debe contar con $19.430 mensuales para procurarse una cantidad de alimentos suficiente, según marca el INDEC. Las familias que no tienen ese ingreso se encuentran debajo de la línea de indigencia y padecen hambre.

Los datos oficiales reflejaron para el primer semestre un deterioro aún mayor: en la población argentina hay un 40,9% de pobreza, porcentaje que contiene a 10,5% de indigentes. Son casi 18 millones de pobres. Y son 11,2 millones las personas que el Ministerio cubrió, ya sea con la tarjeta alimentaria, o a través de otros mecanismos como los módulos de asistencia directa que consisten en la entrega de alimentos vía organizaciones sociales e instituciones, transferencias de fondos a comedores y merenderos comunitarios para la compra descentralizada de alimentos, el aumento del financiamiento para comedores escolares, por un monto total que en agosto superó los 12 mil millones de pesos.

En septiembre, tanto Arroyo como Victoria Tolosa Paz, que articula el Plan con los demás Ministerios desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), refirieron que el Estado logró esa “inédita” cobertura en el acceso a los alimentos de la población vulnerable y observaron que la siguiente etapa implicaría trabajar sobre el aspecto nutricional de su alimentación, y el abordaje integral con organizaciones civiles, sociales y privadas. Para fortalecer actores y espacios populares abrieron la inscripción al Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCom) y emprendieron una capacitación de Promotoras y Promotores.

Precisamente con organizaciones del territorio, el Estado encaró un Observatorio, que evalúa el Plan Contra el Hambre. Isaac Rudnik, director del ISEPCi, una de las entidades que lo compone, observa que el Estado entró a los hogares con ayudas como la AlimentAR y refuerzos de las asignaciones sociales o el IFE y que «en el mejor de los casos pudo cubrir la pérdida de los ingresos que tenían esas familias vía trabajos informales. Eso, sumado a la suba permanente de los precios de los alimentos, explica el aumento de la indigencia y la pobreza».

También señala que la capilaridad y la capacidad de llegada de organizaciones sociales y la Iglesia junto a “fenómenos como las ollas populares y otras variantes de organización y solidaridad de los vecinos en los barrios, permitió que la situación no produjera un desborde o explosión social”.

Respecto al ejercicio actual, Arroyo sintetizó que «al 31 de agosto se ejecutó el 140 por ciento del presupuesto de 2019 para atender la situación alimentaria». El presupuesto 2021 lo presentaron con el objetivo principal de “crear trabajo”. Y se detallan $93.847 millones por la prestación alimentaria a través de la tarjeta AlimentAR y $6.000 millones en módulos alimentarios para 6 millones de personas en situación de vulnerabilidad y asistencia financiera que asisten a más de 19 mil comedores escolares y unos 4 mil comedores comunitarios. “La generación de trabajo es la principal política social para encontrar rápidamente la salida de la crisis social que transita Argentina”, acota el texto del presupuesto 2021.

Que no quede en un slogan

Con el propósito de que el Plan trascienda gestiones y que involucre a todos los actores abocados a la lucha contra el Hambre, desde el Ejecutivo propusieron un Consejo que dure al menos 5 períodos presidenciales y se sostenga como una “política pública de Estado”. De él dependen el Observatorio Nacional y el Consejo Federal contra el Hambre.

Otro eje del PACH es el acceso al agua y la infraestructura y tecnología vinculadas a su saneamiento. En octubre, el jefe de gabinete Santiago Cafiero expresó la intención de que “la lucha contra el hambre no quede en un slogan como fue pobreza cero en el anterior gobierno”. Lo hizo durante una jornada que acompañaron los ministros de Salud y de Agricultura Ganadería y Pesca, entre otros funcionarios. En esa ocasión presentaron la convocatoria “Ciencia y Tecnología contra el Hambre” que permanece abierta hasta mediados de diciembre. Otorgará financiamiento entre 200 mil y dos millones de pesos a proyectos con soluciones tangibles, además de la problemática del agua, la producción de alimentos y a proyectos de investigación y abordaje de la vulnerabilidad socio-ambiental.

Y anunciaron el Mapa AccionAR que contiene indicadores múltiples de la situación nutricional en la población infantil vulnerable en más de 6.500 centros de salud del país que aporta el programa SUMAR, junto a la distribución de barrios populares, comedores, de necesidades insatisfechas y de carencias múltiples. Este mapa permite un análisis integral sobre el que se monta el Plan Nacional AccionAR que intervendrá con las líneas de acción ya existentes en 133 municipios.

La semana pasada Arroyo y Ginés González García firmaron un intercambio de información de las bases de la tarjeta AlimentAR y del programa SUMAR, que brinda acceso a los servicios de salud y permite el seguimiento a toda la población sin otra cobertura, para ampliar sus respectivos alcances. Ginés habló de «generar intervenciones de recursos de manera estratégica».

A mitad de noviembre del año pasado comenzaron las primeras reuniones en Puerto Madero con diferentes actores relacionados a la temática, y que se oficializó en diciembre cuando acompañado por ministros, el presidente Fernández recibió en Casa Rosada a referentes sociales y religiosos, académicos, figuras públicas, dirigentes empresarios y sindicales para conformar la Mesa contra el Hambre y los invitó a protagonizar la “gran transformación” necesaria ya que «el hambre es finalmente la consecuencia de una estructura económica que no funciona». La reunión programada para marzo debió suspenderse por la pandemia. Recién en el segundo semestre el Consejo retomó las reuniones y estableció tres comisiones de trabajo con encuentros mensuales y el desarrollo de plenarios cada tres meses.

La primera comisión aborda el “acceso a los alimentos” y sus objetivos son analizar la situación de comedores y merenderos y proponer espacios de articulación y trabajo entre distintos actores públicos y privados. La segunda comisión trata la “calidad y educación nutricional” y busca diseñar propuestas de comunicación para promocionar prácticas alimentarias saludables y estrategias educativas que incluyan el consumo de leche, lácteos, carnes, frutas y verduras. La tercera comisión aborda la “producción y comercialización de alimentos” y reúne a actores que van desde la Unión de Trabajadores de la Tierra hasta representantes de Syngenta. Erradicar el hambre en la Argentina suena algo tan utópico como lejano en este contexto pandémico. Pero seguramente los primeros pasos necesitarán de todos estos actores (civiles, sociales, políticos, empresariales) tan diversos que integran eso llamado “la sociedad argentina”.

*Nota elaborada como trabajo final del taller de Redacción periodística de Tiempo Argentino.