Seis funcionarios de Radio y Televisión Argentina (RTA) y la TV Pública fueron imputados por los delitos de “administración infiel en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles”, a raíz del retiro de más de 11 millones de pesos en efectivo de una sucursal bancaria situada dentro del canal, para afrontar gastos de producción de una ficción sobre Manuel Belgrano.

La presidenta de RTA, Rosario Lufrano, quedó al margen de cualquier imputación y, más aún, el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita sostiene que la maniobra no terminó de concretarse “por el estado público de la situación que llevó a la presidencia a adoptar medidas con miras a recuperar parte de los fondos y ordenar una investigación interna”.

Pollicita pidió la indagatoria de Alejandro de la Torre, director adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales; Claudio Lamalfa, tesorero; Guillermo Siaria, director de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales; Ernesto Molinero y Ariel Berliner, gerente y subgerente de Producción.

“La modalidad elegida por los encausados para llevar adelante la maniobra —manejo del dinero en efectivo— les permitió desenvolverse y actuar de forma discrecional con fondos públicos”.

El fiscal advirtió: “no debe perderse de vista que aquella se vio interrumpida no por su propia voluntad sino por el estado público de la situación que llevó a la presidencia de RTA SE a adoptar medidas con miras a recuperar parte de los fondos y ordenar una investigación interna que derivó en una denuncia penal”.

Pollicita pidió las indagatorias al juez Luis Rodríguez, que es quien en definitiva debe resolver si las acepta u ordena medidas adicionales previas a ese paso procesal.

El fiscal consideró que “es posible afirmar que los nombrados, excediendo las facultades conferidas, manejaron fraudulentamente los fondos públicos a su disposición, en un claro beneficio propio y hacia terceros, generando con ello un perjuicio económico de especial relevancia para la administración estatal”.

“Excediéndose en sus funciones y abusando de la confianza que les había sido depositada en virtud de los cargos jerárquicos que ostentaban dentro de la estructura de la sociedad, dispusieron arbitrariamente de fondos del estado nacional en clara violación de los principios generales que rigen su accionar como funcionarios públicos”, puntualizó.

El extenso dictamen, de medio centenar de páginas, tomó como referencia los resultados de una auditoría interna que realizó RTA para concluir que los acusados desplegaron conductas “con el objeto de materializar la adquisición discrecional de diversos productos y servicios, desatendiendo la normativa regulatoria de la actividad allí desarrollada”.

Así, “eludieron los mecanismos de control internos existentes”, lo que  “redundó en indebidos beneficios para los imputados y hacia terceras personas, provocándose como contracara de ello un perjuicio económico en las arcas públicas”.

¿Cuál fue el beneficio para terceras personas? Según el dictamen, ello “se advierte palmariamente en el pago realizado a Adriana Maestri, a quien se abonó, con fecha 3 de marzo de 2021, en concepto de ‘servicio de realización para el proyecto Los Amores de Belgrano’ un monto total $ 1.900.000, sin ningún tipo de respaldo contractual y mediante compra directa”.

Adriana Maestri es una escenógrafa reconocida y galardonada, pero al percibir el monto consignado –según el dictamen- tanto ella cuanto los imputados infringieron el Reglamento de Contrataciones, que “establece que este tipo de operaciones no puede superar la suma de $ 1.200.000”.

Así, los imputados actuaron con el objetivo de “procurarse el manejo de dinero en efectivo, por fuera de los límites previsto para este tipo de operaciones en el ámbito estatal, con miras a disponer arbitrariamente del mismo y llevar a cabo distintas erogaciones presuntamente vinculadas con las necesidades de la tira”.

Esas conductas “no contaban con la debida autorización del Directorio de RTA SE ni la aprobación de un presupuesto que los respaldara”.

“Si bien la documentación permite afirmar que desde el Directorio de RTA se tenía conocimiento del proyecto, toda vez que Lufrano suscribió diversos contratos de locación a mediados del año 2020 con los agentes que prestarían servicios para la concreción de la ficción, lo cierto es que lo que sucediera después de ello escapó de su conocimiento y, consecuentemente, de su aprobación”.