El proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como ley de etiquetado frontal de alimentos, cuenta con media sanción en el Senado pero su tratamiento en Diputados aún no tiene fecha y los intentos por frenar o modificar la medida no se detienen.
En la última reunión informativa en la Cámara Baja, la presencia de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina graficó hasta qué punto juega el lobby de quienes defienden que la comercialización de productos comestibles nocivos para la salud siga generando ganancias a toda costa. “Siempre nos van a decir que están a favor. Cualquier persona, por más lobbista que sea, sabe que tiene que decir que está a favor del etiquetado. El chiste es a favor de qué tipo de etiquetado”, advierte Mijael Kaufman Falchuk, de la organización Consciente Colectivo, en diálogo con Tiempo. Y señala que el representante de la cámara estadounidense dijo estar a favor del sistema que se usa en Francia, con colores y letras, lo que lo vuelve “confuso”, según el activista.
El proyecto local, en cambio, propone usar octógonos negros para advertir en caso de que el producto contenga niveles altos de azúcar, sodio, grasas saturadas y totales y calorías, y es similar al que implementaron Chile, México y Uruguay. Kaufman Falchuk resalta que el proyecto no solo apunta al etiquetado sino también a regular las publicidades dirigidas a niños, niñas y adolescentes, así como lo que se ofrece en entornos escolares. “El día de mañana todo lo que tenga un sello de advertencia no puede ser promocionado en escuelas. Eso tiene que ver con que cualquier pibe o piba pueda comer bien, que no sea un privilegio de pocos. Muchos dicen ‘Son los chetos de Palermo y Belgrano que quieren saber qué comen’, pero es solo una de las tres patas: la de las escuelas es una de las más importantes y democráticas”, opina el referente de Consciente Colectivo.
Las y los adolescentes como destinatarios de las publicidades de la industria alimenticia estuvieron en el foco del debate en la última reunión informativa en la Cámara de Diputados. Porque Philip Pérez, titular de la Cámara Argentina de Anunciantes, dijo que «la industria está a favor de limitar la comunicación dirigida a niños de productos que no cumplan con ciertos criterios nutricionales, pero el proyecto entra en conflicto ya que establece las mismas restricciones para niños, niñas y adolescentes».
El planteo era que, si pueden conducir un auto o votar, también deben poder elegir qué comer. Guillermina Gulo Tieri, representante de la Asociación Civil Justicia Colectiva, considera que el empresario publicista “tuvo una capacidad imaginativa muy grande para poner las normas protectoras de adolescentes en su contra” y advierte que “quiso usar ese argumento de la capacidad progresiva, que es un derecho, para brindarles menos protección que a niños y niñas que están en tratados internacionales en el mismo rango”. La abogada remarcó que “la ley dice que a todos aquellos productos que tengan al menos un sello no se les puede hacer publicidad directa para niños, niñas y adolescentes: el Tigre Tony –personaje asociado a una marca de cereales– no existe más, es una iniciativa excelente”.
Más allá de quienes se plantaron abiertamente contra el proyecto tal como está, hubo quienes lo hicieron de forma menos explícita. “Personas que tienen conflictos de interés que hablaron en las reuniones informativas y nunca dijeron nada de ello, por lo que los ocultaron”, denuncia Kaufman Falchuk sobre disertantes como Sergio Britos, quien “recibió financiamiento de Danone y Nestlé, y a la vez es el encargado en la Sociedad Argentina de Nutrición de dar los sellos de aval”; Susana Socolovsky, quien “recibió financiamiento de Coca-Cola”; y Jorge Nemé, “exdirector de Sucroliq, empresa azucarera, y esposo de su actual directora”. “Iban en calidad de supuestos especialistas en nutrición personas que militan fervientemente otro tipo de etiquetados, que toda la academia y organismos internacionales dicen que son contraproducentes: una mala ley es peor que no tener ley”, sostiene el representante de Consciente Colectivo. Gulo Tieri también hace referencia a las presiones de la industria azucarera en la discusión.
“En los diputados de determinadas provincias se escucha el discurso de las azucareras detrás. Ahí no hay oposición ni oficialismo”, dice la abogada, y destaca que “hay gente del propio oficialismo que no tiene claro su voto. Sobre todo porque hay un lobby muy importante, se manifiesta sin disimulo. En la reunión pasada estaba la Cámara de Estados Unidos. Tienen tal poder de lobby que están en el Congreso argentino marcas de otro país para decir cómo tenemos que seguir alimentándonos y que nos tienen que ocultar información. Es un lobby muy evidente, también de la industria argentina”.
Quienes impulsan el proyecto resaltan que, además de la provisión de información para que los consumidores puedan elegir qué y cuánto comen, este tipo de iniciativas –a partir de las experiencias de otros países– se traduce en modificaciones concretas en la fabricación de productos alimenticios, ya que las marcas buscan desprenderse de los sellos. “Suponemos que las industrias, como mínimo, van a sacar productos alternativos”, dice Gulo Tieri, y agrega: “En todas las informativas se escucharon siempre dos posiciones muy marcadas. Quienes defendemos consumidores, nutricionistas, especialistas en desarrollo infantil, todos estamos a favor de la ley. Y todas las marcas, los proveedores, los representantes de la industria alzaron la voz en contra o sin decir que están en contra, con disparates como el de los adolescentes. Las asociaciones de consumidores estamos todas de acuerdo, más allá de los pormenores del proyecto, en que es necesario brindar más información como mejor forma de prevenir malnutrición y enfermedades no congénitas”. «
Sin fecha en el recinto
El proyecto de ley de etiquetado frontal se aprobó en menos de dos meses en el Senado (con 64 votos a favor y tres en contra), pero lleva más de cinco meses en Diputados y ni siquiera se votó en comisiones. Las reuniones informativas ya terminaron y no hay fecha para otro plenario ni para elaborar dictamen. En un primer momento, en la Cámara Baja se había girado a seis comisiones, luego por insistencia de las organizaciones se redujeron a tres, pero se sumó una más por pedido del sector empresario. Quedó finalmente en Legislación General, Acción Social y Salud Pública, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia e Industria. Las comisiones recibieron en tres reuniones plenarias la opinión de unos cuarenta expositores. La llegada al recinto aún es incierta.
