El proceso –el delito– empezaba con el reclutamiento de niñas y adolescentes pobres, por lo general oriundas de zonas rurales o lejanas a los centros. Recién entonces se las sometía a un régimen de “formación espiritual, profesional y laboral” que culminaría con el título de “numeraria auxiliar”, el eufemismo usado para una vida de realizar tareas domésticas sin ningún tipo de retribución para personas adineradas –principalmente hombres– en centros del Opus Dei, tanto en el país como en el extranjero.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano, y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, solicitaron ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Daniel Rafecas, la indagatoria de cuatro exautoridades del Opus Dei acusados de reducción a la servidumbre contra al menos 44 mujeres -la mayoría de ellas menores y en situación de vulnerabilidad al momento de su ingreso a la institución-, y de trata de personas en cuatro de esos casos, entre 1972 y 2015.

Los imputados, según informó el portal Fiscales.gob.ar, son cuatro sacerdotes que ocuparon cargos jerárquicos dentro de la organización católica durante esos años: tres eran “Vicarios Regionales” y el restante “Secretario Regional a cargo de la Sección Mujeres”.

“Estado de aislamiento total”

De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, las víctimas debían realizar extensas jornadas laborales sin ningún tipo de retribución, además de ser sometidas a distintos tipos de violencia, “quedando atrapadas en una superestructura desprovista de derechos sin control ni supervisión alguna que perduró por años”.

La investigación determinó que “las posibles candidatas eran reclutadas a través de contactos de confianza, como sacerdotes y miembros de la comunidad local”. Una vez captadas, “las víctimas vivían en un estado de aislamiento total, sin acceso libre a medios de información como radio, televisión o diarios, y sin posibilidad de ver el exterior”.

Además, “eran vigiladas de manera contante, sin posibilidad de establecer vínculos afectivos y eran medicadas para apaciguar cualquier afectación a su salud mental derivada de la situación de sometimiento en la que se hallaban”.

“¿En qué condiciones una mujer pobre, inmigrante y menor de edad consiente ‘dedicar su vida’ a servir a los demás fieles? ¿Cuál es el valor jurídico de esa supuesta ‘voluntariedad’?”, cuestionaron la y los fiscales.

La denuncia

La causa se inició el 12 de septiembre de 2022 cuando una persona denunció ante la PROTEX un posible caso de trata y/o explotación de personas dentro de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. Según el denunciante, entre 1974 y 2015, varias niñas y adolescentes fueron reclutadas y luego ingresadas a diferentes centros y residencias relacionadas con la organización, donde se les asignaba el rol de “numerarias auxiliares”.

A estas mujeres, en su mayoría provenientes de hogares pobres y en muchos casos migrantes, se les encomendaba “una vida dedicada a realizar tareas domésticas para otros fieles”.

El denunciante mencionó artículos periodísticos en las que esas mujeres indicaban que fueron explotadas al ser obligadas a trabajar en tareas domésticas de manera gratuita durante años.