Ángel «Lito» Borello, coordinador de la Organización Social y Política Los Pibes, recientemente designado secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), no cree en las casualidades. Al mismo tiempo en que se desarrollaba la primera audiencia del juicio oral en los tribunales de Comodoro Py, el miércoles pasado, contra él, Luis D’Elia y Luis Bordón, acusados por la toma de la Comisaría 24ª en junio del año 2004, como reacción al asesinato Martín «Oso» Cisneros, otro militante social, en el Congreso de la Nación se estaba debatiendo la reforma a la ley de Ejecución Penal, que entre otras cuestiones plantea la imposibilidad para determinados delitos del acceso a salidas transitorias, libertad condicional o asistida.
«Mientras la Argentina reflexiona Lito necesita educación, más tizas y pizarrones, el gobierno nacional compra más tanquetas, fusiles, armas eléctricas para reprimir. Es una manera más sofisticada de acallar la voz de la protesta social. Sin dudas, el enemigo está dispuesto a esto, y digo enemigo, no adversario, y hablo de que no son errores, porque este gobierno es el más claro política e ideológicamente desde la dictadura en adelante. Si bien llegó con los votos, hoy, con la manera déspota del ejercicio del Ejecutivo, es una tiranía institucional, donde está roto el contrato social, se ha quebrado el Estado de Derecho, ya no hay independencia entre los poderes. Ya es una democracia renga, porque no somos todos iguales ante la ley».
De acuerdo con la acusación de la fiscalía, el 26 de junio de 2004, Borello, D’Elía y Bordón ingresaron «a los gritos e insultos» a la sede policial ubicada en la calle Pinzón 456, en La Boca, en reclamo de la detención de Juan Carlos «Colchones» Duarte, acusado de matar a Martín Cisneros. Sin embargo, aquella manifestación popular provocó que finalmente Duarte fuera detenido y luego juzgado. El asesino del «Oso» fue condenado a 17 años de prisión, aunque quedó en libertad luego de haber cumplido las tres cuartas partes de su condena. Lito y los demás militantes, en cambio, deben rendir cuentas a la Justicia después de 13 años.
«Sin dudas, nuestro juicio dice Lito se da en el marco de una coyuntura muy particular. Queda claro que se trata de un juicio político, enmarcado en esta decisión del gobierno de Mauricio Macri de criminalizar, judicializar y estigmatizar a las organizaciones populares, a sus dirigentes y a los militantes. Ellos no pueden consolidar el proyecto absolutamente antinacional y antipopular sin ir contra la punta de lanza de la resistencia a ese modelo».
¿Qué esperás que pase en el juicio?
La verdad es que me tiene sin cuidado. Esta es la que nos toca y tenemos claro que no es a nosotros a quienes están enjuiciando. A nosotros nos toca estar sentados en el banquillo de los acusados, pero lo que quieren acallar es la protesta social, lo que buscan es intimidar al movimiento popular, quieren hacer que se retrotraiga esta voluntad, el coraje y la dignidad que muestra nuestro pueblo desde hace un año y medio frente a este mal gobierno, frente a esta peste amarilla. Nuestro pueblo está de pie y resistiendo. Por eso no tenemos miedo. ¿Qué puede pasar? ¿Que nos encarcelen? Estamos seguros de que no van a poder encarcelar a nuestro pueblo, no van a encarcelar nuestros sueños, ni van a acallar la lucha de los trabajadores. «
Se tomará declaración a 70 testigos
El Tribunal Oral Federal Nº6, a cargo de José Panelo, José Martínez Sobrino y Herminio Canero, tiene a su cargo la etapa oral y pública en el proceso contra Borello, D’Elía y Bordón que comenzó la semana pasada en la sede judicial de Comodoro Py 2002.
Después de un cuarto intermedio, el juicio continuará mañana con la declaración de Lito. Se prevé que el debate se prolongue alrededor de un mes y contará con el testimonio de unas 70 personas, entre ellas el fiscal José María Campagnoli y los diputados nacionales Juan Cabandié, Andrés Larroque, y Edgardo Depetri.
