«Nosotros –dice Clemente Flores, de la comunidad aborigen Del Angosto, distrito El Moreno, departamento de Tumbaya, en la puna jujeña– estamos haciendo guardias para ver si los de la empresa entran de nuevo, la gente sabe que si llega un vehículo raro, nos avisa y lo solucionamos».
– ¿Y cómo lo solucionan?
–Vamos y los echamos de nuevo.
El 4 de febrero, las 33 comunidades aborígenes –22 de Jujuy y 11 de Salta– de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, se declararon «en asamblea permanente», luego de que observaran trabajos de excavación para la explotación de litio dentro de los territorios considerados «patrimonio cultural ancestral y natural de los pueblos originarios». Cuatro días después, en un hecho sin precedentes, expulsaron a las empresas Ekekos SA y AIS Resources Limited, que «estaban afectando gravemente el suelo, la flora, la fauna y las napas de agua dulce en el centro de la laguna».
«Le mandamos dos o tres notas al gobernador (Gerardo) Morales invitándolo a que viniera a la laguna para acercar posiciones –continúa Flores–, pero en ningún momento respondió a las propuestas que le hicimos. Las comunidades queríamos participar de las consultas sobre los proyectos mineros en nuestros territorios, queríamos saber qué iba a pasar con el agua, con la vida de las personas y los animales, pero el Estado no nos dio ninguna respuesta y avanzó sin tenernos en cuenta. Así que ahora no nos interesa que nos consulten, directamente le decimos no al litio».
Hasta la interrupción forzada, los trabajos de las empresas Ekekos SA y AIS Resources Limited se habían centrado en la excavación de un pozo de 396 metros de profundidad. «Eso llamó mucho la atención de las comunidades –recuerda Flores–. Se formó un terraplén que destruyó la laguna y causó mucho daño a las personas y los animales que viven ahí. Pero nadie se hace cargo. Ni la empresa ni el Estado».
El 18 de febrero, el gobierno de Jujuy al fin reaccionó, pero no en el sentido esperado por las comunidades: a través del Directorio de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) abrió una licitación para «la prospección geológica, exploración y factibilización de áreas exclusivas ubicadas en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama», con el fin de «incrementar la producción de litio en la provincia».
El repudio a la medida oficial excedió el ámbito de las comunidades. Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Amnistía Internacional Argentina, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) expresaron a través de un comunicado conjunto, su preocupación ante «la posible amenaza ambiental, cultural y a los Derechos Humanos de las comunidades indígenas que este avance podría representar». Y solicitaron que «se dé cumplimiento a la consulta previa, libre e informada de acuerdo a los estándares internacionales».
El pedido está basado en un antecedente legal. El artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece que los gobiernos deben consultar a las comunidades «cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente».
«Las autoridades jujeñas están avanzando y autorizando proyectos no sólo sin haber consultado a las comunidades, sino también sin tener estudios de base de la cuenca, balances hídricos que permiten entender cómo funciona el agua, cuánta ingresa, cuánta sale. Sin esa información es muy difícil calcular fundadamente los riesgos que esto va a generar; hay una falencia del Estado, principalmente de los estudios necesarios para evaluar el impacto ambiental», opina Pía Marchegiani, directora de política ambiental de FARN.
Para la especialista, «no están dadas las situaciones para avanzar con ningún tipo de proyecto minero porque no hay estudios, no hay diálogo, sólo oídos sordos».
Fiebre del oro blanco
El litio es uno de los insumos clave para las baterías de artículos electrónicos –notebooks, tablets y celulares–, y sobre todo las de vehículos a propulsión eléctrica. En un contexto de necesidad global de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia del uso de combustibles fósiles, las expectativas depositadas en este mineral arrastran la inversión de capital extranjero que desde hace un tiempo están presentes en el Noroeste Argentino (NOA), fundamentalmente en Jujuy, Salta y Catamarca. Entre Chile, Argentina y Bolivia reúnen el 70% de las reservas de este «mineral del futuro», que desde 2015 duplicó su valor por tonelada. La quita de retenciones sólo generó mayor voracidad de las empresas extranjeras.
«Todo comenzó en 2010 –cuenta Flores– con la fiebre del litio. Nos cayeron distintas empresas en las Salinas para hacer trabajos de exploración, querían comprar a las comunidades, pero nos dimos cuenta de que teníamos derechos y nos empezamos a organizar». Ese mismo año, las comunidades presentaron una cautelar en la Corte Suprema de Justicia para que se frene la actividad minera en la zona hasta tanto se implemente el derecho de consulta contemplado en los tratados internacionales.
«Como la Corte se declaró incompetente, seis meses después presentamos la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fuimos a la ONU. Ha sido un rasgo de las comunidades utilizar los mecanismos legales para reclamar», destaca la abogada Alicia Chabale, que junto a Rodrigo Solá representó a los pueblos indígenas en todos sus reclamos.
El pedido ante la ONU generó, en diciembre de 2011, la visita a la Puna del relator especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien escuchó de boca de las propias comunidades el destrato sufrido. En un informe posterior, Anaya recomendó al Estado jujeño «desarrollar normas y políticas públicas consustanciadas con el derecho indígena y en un proceso que respete el derecho a consulta y al consentimiento previo, libre e informado».
«Las comunidades –concluye Chabale– están muy firmes en su posición. Durante mucho tiempo no se habían expresado y sólo se mostraban a favor de la consulta y la participación, pero se cansaron de no ser escuchadas y ahora están unidas para rechazar el litio». «
Kachi Yupi, un protocolo para la defensa del territorio
En consonancia con normas internacionales y leyes locales, las comunidades de las Salinas Grandes redactaron su «Carta Magna»: un detallado programa que determina cómo deben actuar el Estado y los particulares para respetar los territorios indígenas y no violar sus derechos. Se llamó Kachi Yupí, que en lengua quechua significa «Huellas de la sal», y fue el primer «Protocolo Biocultural Comunitario de Argentina».
El documento estableció un procedimiento de consulta y consentimiento libre, previo e informado de conformidad con la legislación nacional e internacional vigente en Argentina, entre ellos el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Llevó dos años de trabajo colectivo y consensuado.
Kachi Yupí resaltó aspectos relacionados con la cosmovisión, la forma de entender el mundo, la relación armónica con la Pachamama y la íntima vinculación con la espiritualidad y cultura milenaria de las comunidades. Además, señaló el proceso que las autoridades deben seguir ante todo proyecto que se pretenda realizar sobre territorios aborígenes, y que pudiera afectar sus derechos.
«Ningún juez ni político podrá decir ahora que no sabe cómo implementar nuestros derechos vigentes. Señores, esta es nuestra ley, ajustada al derecho vigente y van a tener que respetarla», declaró en aquel momento Clemente Flores, vocero de una de las comunidades kolla.
Las comunidades se lo presentaron al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que se comprometió a firmar un decreto para reglamentarlo. «Todavía estamos esperando», se lamenta Flores.
La resistencia en Traslasierra
A principio de año, el Concejo Deliberante de Las Tapias, en Córdoba, aprobó una ordenanza que prohibió la minería a gran escala en esa jurisdicción, y la circulación de materiales que provengan de ella.
La resolución surgió tras la movilización de vecinos de Traslasierra que se opusieron a la explotación de litio en la zona.
Durante 2018 la empresa australiana Dark Horse hizo prospecciones buscando litio en una mina en Las Tapias donde desde hace un siglo se extraen a baja escala diversos materiales. Se supo que Dark Horse buscaba espodumeno, un mineral que contiene litio y que es de los metales más usados en la era digital.
Eso generó que en más de diez localidades surgieran asambleas vecinales, que se manifestaron en contra del proyecto, fundamentalmente por la falta de información de las autoridades.
En noviembre de 2018, el Foro Ambiental Traslasierra (FAT) presentó un documento en el que volcaron toda la información recogida tras las investigaciones que realizaron «con el fin de alertar sobre el peligro que se cierne sobre gran parte de la población», ante la posible realización de un proyecto extractivista, principalmente de litio.
Según el informe, cuatro empresas producen más del 80% del litio mundial: Albemarle, SQM (NGL), FMC y Tianqi. A su vez, unas diez firmas (Panasonic, Samsung SDI, LG Chem, entre otras) concentran el 90% del mercado de baterías.
En varios casos, estas últimas participan directamente (como parte accionaria) en las empresas productoras «para asegurar la disponibilidad del insumo». En su mayoría los capitales provienen de los Estados Unidos, China y Australia.
HASTA PICHOT
El excapitán de Los Pumas, Agustín Pichot, se incorporó en 2018 a la minera australiana Fortescue Metals Group. Como presidente para la región, ya mantuvo reuniones con Mauricio Macri y los gobernadores de San Juan y Salta, Sergio Uñac y Juan Manuel Urtubey, para contarles los beneficios de la exploración de cobre en San Juan, y sobre todo del litio en el Norte. «Con el nuevo gobierno, el país está cambiando», destacó.
