El día del abogado, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense licenció por 90 días al juez Martín Ordoqui, uno de los integrantes del Tribunal de la Sala V de Casación, quien quedó vinculado en la investigación que se le sigue a la banda de delincuentes que operaba en connivencia con policías y funcionarios judiciales. “Es una suspensión encubierta”, indicaron las fuentes consultadas por Tiempo.
De esta manera, los jueces de la Corte hicieron lugar al pedido del procurador bonaerense Julio Conte Grand quien había solicitado “el licenciamiento” de Ordoqui “por considerar que habría incurrido en conductas de extrema gravedad que menoscaban el normal y adecuado funcionamiento del servicio de Administración de Justicia”.
En su escrito, el procurador aclaraba también que en paralelo tramita en la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios un expediente para remover al juez de su cargo.
Ordoqui está acusado de asociación ilícita, homicidio, encubrimiento y tráfico de influencias agravado en la investigación de la fiscal Betina Lacky, que analiza la trastienda del crimen de Juan Farías, el pasado 1° de diciembre de 2010. Puntualmente, se cree que el camarista haya cobrado medio millón de pesos para beneficiar la situación procesal de un implicado. El caso ya cuenta con varios sospechosos detenidos, entre ellos el exjuez de Garantías César Melazo quien ya había sido echado del Poder Judicial. Ordoqui, por su parte, evitó la cárcel por contar todavía con fueros.
Recientemente, la jueza de Garantías Florencia Gutiérrez les dictó la prisión preventiva a diez de los once detenidos que tiene la causa que investiga a la denominada “Banda del comisario” que ya tiene tras las rejas al ex comisario Gustavo Burzstyn, Gustavo Mena, Javier Ronco, Ángel Yalet, Adrián Manes, Carlos Bertoni (hermano del ex futbolista Daniel Bertoni) y Carlos Barroso Luna, entre otros.
Además, Héctor Vega, Martín Ezequiel Fernández y Jorge Gómez de Saravia, están presos por el homicidio de Farías, ocurrido en un departamento de La Loma, en La Plata. Los investigadores creen que la víctima era integrante de la banda y se habría quedado con parte de un millonario botín producto de un robo en la casa de Roberto Zapata. La policía les liberaría las zonas a los delincuentes para actuar y los funcionarios judiciales, garantizaban beneficios para los imputados, en caso de caer en desgracia. No se descarta que en las maniobras hayan estado implicados abogados poderosos de la capital bonaerense.
