La calle 501 es angosta. Apenas pasan motos y algunos autos con patente vieja. Los yuyos crecen por ambos costados. Detrás de un cerco inofensivo, surge una casa de ladrillos y cuatro garitas. Una muchacha vestida de negro en la entrada y el cartel que señala “Servicio Penitenciario. Unidad N° 12 Joaquín Gorina”. El sector de escuela contiene un galpón con aulas, una biblioteca, el centro de estudiantes, y las casillas donde viven unas 160 personas. El reggaetón llega a cada rincón: es día de visitas. Hay movimiento en el penal. En el patio, un grupo de 15 internos y tres militantes se reúnen para hablar del proyecto de ley presentado días atrás por la diputada Natalia Zaracho que busca reducir la reincidencia institucionalizando la inclusión laboral. Que cuando salgan de allí puedan ingresar, por ejemplo, en cooperativas de trabajo.
La mayoría de los que están allí no se conocen: los trasladaron hace dos semanas, a lo sumo un mes, para que transiten su último tramo de condena en un régimen semi abierto. A la ronda se suman Rocío y Gabriel, dos integrantes de la rama de Liberadxs del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una de las organizaciones sociales que motorizó el proyecto. Gabriel es el primero en tomar la palabra: “Estuve 18 años preso y una de las cosas que más me costó fue aprender a vivir en libertad. Por suerte al salir no rompemos con una lógica carcelaria: la de la unidad entre los compañeros”. Narra los fines de mes en los que rebuscaba comida en las facultades; la historia de un amigo que se cortó la pulsera electrónica para vender toda su ropa en una feria; revela que su hijo se le murió mientras él estaba preso. Todos asienten. Nadie mira su celular.
“En mi barrio se sabe. Están todos destinados a la cárcel o a morir. Pero con que uno me diga que allá afuera se puede es muchísimo”, interviene uno de los chicos detenidos. Antes de que finalice el encuentro, otro exhibe los productos que hicieron en el taller de carpintería: portamacetas, mesas ratonas, bancos altos como los de bares palermitanos de moda. Dice que cuando salga va a abrir un taller con su novia.
Con el corazón no alcanza
A 40 kilómetros se ubica la herrería Atuel. La cumbia tropical es intervenida por el ruido del hierro soldándose. El sol impone su clima en el mediodía de Villa Elvira. Hay tres portones negros, todos abiertos. En una de las paredes hay un mural reciente de varones y mujeres trabajando entre chispas y caños. Dentro del galpón esa imagen se repite en carne y hueso. Laburan ahí seis personas que cumplieron su condena en contexto de encierro. Atuel es un reciente ejemplo de lo que podría multiplicarse en todo el país si prospera el proyecto de ley presentado por Zaracho. Tiene tres ejes: formación en oficios dentro del contexto de encierro, creación de polos cooperativos de liberadxs en cada distrito e inversión estatal para la estructura productiva y la contratación de servicios. Institucionalizar la reinserción es una de las deudas de un sistema penitenciario hacinado, en que el que, según el informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación de septiembre pasado, hay 11.350 personas detenidas, cuando la capacidad es de 10.936: 104% de ocupación.
Rocío entró en el área de serigrafía, que está en el fondo del galpón, con el suficiente espacio como para distribuir treinta placas en cuatro filas. Arriba, un altillo con materiales aún guarda uno de sus últimos trabajos: la remera rosa de la maratón organizada por la Universidad Nacional de La Plata. Este año participaron más de diez mil corredores.
Tienen pocos productos en stock en los rincones, pero con mucha variedad: un bicicletero, un cesto de basura, un escritorio con detalles en madera. Hasta un chulengo. También hacen rejas a pedido y lo que salga del boca en boca en el barrio. “El polo siempre está abierto para todos. Si no hay laburo, podés venir acá, ir viendo cómo se hace el oficio para que después, si comienza a haber más laburo, puedas entrar”, resalta ella. Cambia la canción que suena. Elige una de La Delio Valdez. Retoma: “Este es un espacio que se vuelve de contención”.
La herrería ganó un Proyecto de Obra Temprana, iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ahora están armando una torre que moldeará postes de luz para Villa Argüello, a unas treinta cuadras del galpón. Este es el proyecto más grande en el que han trabajado hasta el momento. “Estos procesos se tienen que sostener con el tiempo, por eso es importante la ley –coinciden–. Muchas veces cargamos con una libertad que nos queda grande y solo con el corazón no alcanza”.
Se entrecruzan charlas. Que el vencimiento del alquiler del galpón, que un chico quedará en libertad en Melchor Romero y se va a incorporar. Uno de ellos pasa cargando al hombro unos hierros. Suspira esforzado el estribillo de La Delio. Con el tiempo, las heridas ya se pudieron curar.
Dar otra discusión
Una de las realidades más acentuadas intramuros es la falta de oportunidades que tienen las personas una vez cumplida la condena. Al entrar a prisión, el 60% tiene a lo sumo el primario completo, mientras que 38% se encontraba desocupado. El 56% cometió delitos económicos o de subsistencia.
La Ley de Educación Nacional contempla instancias formativas en contexto de encierro, pero solo accede la mitad. Desde hace dos décadas, un tercio de la población carcelaria es reincidente. Ante este contexto, la diputada nacional Natalia Zaracho, del MTE, resalta a Tiempo: “Al ir a los polos productivos se puede reconocer el sujeto político del liberado y liberada. Con muy pocas herramientas, están todos los días pensando cómo contener a los que el sistema deja afuera. Las organizaciones sociales abrazan a esos pibes y pibas que salieron de estar presos y se encuentran con una sociedad distinta a cuando entraron y no tienen ninguna oportunidad. Hay que escuchar las experiencias de los propios pibes que salieron, que te cuentan que si no estarían en esa cooperativa trabajando estarían presos de nuevo. Nosotros creemos en un Estado, pero que esté presente, no que llegue a través de la policía o a través de la morgue. Necesitamos discutir oportunidades. La teoría de la derecha, que nos quiere hacer creer que la seguridad es mano dura o más policía, es una agenda de retroceso. En un gobierno nacional y popular tenemos que dar otra discusión”.
Punto de paz
Otro ejemplo de trabajo en penales es “Punto de Paz”, un restaurante inaugurado en septiembre dentro de la cárcel de Batán. Es impulsado por la cooperativa de trabajo Liberté, conformada por personas privadas de la libertad, y la organización Víctimas por la Paz, cuyos integrantes sufrieron hechos de inseguridad. El presidente de Liberté, Xavier Aguirreal, aseguró: “los presos pueden sentarse en una mesa igual que en cualquier restaurante, donde los atiende un mozo que también está privado de su libertad y se ofrecen comidas que las preparamos en una rotisería que funciona en Batán. Cosas normales que en la cárcel no existían, pero ahora sí”.
