Nicolás Deanna era un joven de 24 años, sano y deportista, que murió en 2017 por una meningitis bacteriana no diagnosticada a tiempo. Desde entonces su mamá, Gabriela Covelli, se dedicó de lleno a trabajar por una norma preventiva que garantice más controles y evite «errores» en el sistema de salud que pueden costar vidas. Junto a las organizaciones sociales logró que el año pasado tenga media sanción en Diputados, por unanimidad, pero hoy está a punto de que todo el esfuerzo sea «tirado al tacho».

El cierre del año parlamentario no sólo repercute en los bloques y sus internas. También, en sectores sociales pendientes de la sanción de leyes que están a punto de caducar. Como la de Seguridad del Paciente, más conocida como Ley Nicolás, en homenaje a Deanna. Si no se incluye en el temario de sesiones extraordinarias, perderá estado parlamentario en febrero. “Se tiraría todo el esfuerzo de diputados que sin importar el partido votaron a favor. De un montón de familias que viajaron desde Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, para contar sus historias en el Congreso. Se tirarían años de trabajo al tacho y parece que no importa”, lamenta la mamá de Nicolás.

Una ley preventiva

Entre otros puntos, la Ley Nicolás -consensuada por la diputada Mónica Macha (FdT) y el diputado Fabio Quetglas (UCR)- propone verificaciones periódicas de la aptitud profesional de los equipos de salud, con controles psicofísicos anuales para quienes atiendan pacientes; la obligación de reportar errores médicos en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y un registro de sanciones e inhabilitaciones. Para que ningún profesional condenado por mala praxis –como el que actuó en el caso Deanna, sentenciado a tres años de prisión- pueda seguir ejerciendo al cambiar de jurisdicción. A lo largo del año, Covelli intentó comunicarse en tres oportunidades con la titular del Senado, Victoria Villarruel: “las comisiones de Salud no se reunían, le pedí audiencias. Siempre me dijeron que no tenía tiempo. Que estaba ocupada con su gestión. El tema no avanzó porque el Senado no trabajó”. Ante la última sesión de la Cámara Alta, Covelli intentó que se planteara un pedido de excepción para que se tratara el tema. La respuesta también fue negativa.

El gobierno confirma que convocará a sesiones extraordinarias hasta fin de año

“Estamos en un momento muy triste. Llevamos más de cuatro años trabajando esta ley. Conseguimos el apoyo de la Academia Nacional de Medicina. Haciendo puente entre diputados y médicos de Seguridad del Paciente del Ministerio de Salud de la gestión anterior, está toda América esperando que salga la ley para tenerla como referencia porque seríamos los primeros con una ley así. Si vamos a la ideología del partido gobernante, no pedimos presupuesto ni se necesitan gastos: la ley se basa en el sistema SISA y en el rol de los colegios de médicos”.

Fallas que pueden costar vidas

“No hablamos de más penas o sanciones a médicos, estamos tratando de evitar llegar a eso”, insiste Covelli sobre el carácter preventivo de la ley. Y remarca que no se trata solo de la salud pública, incluye al sector privado: «por ejemplo se impone a directores que denuncien ante el sistema SISA lo que se llaman ‘eventos adversos’, para tratar de ver cómo evitarlos. No para sancionar, sino para aprender de los errores. Hay errores que parecen un chiste, si no fuera porque causaron la muerte de alguien. Ningún médico puede oponerse a esto”.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 1 de cada 10 pacientes resulta dañado cuando recibe atención de salud y, cada año, más de 3 millones de personas fallecen por esta causa. En los países de ingresos medios y bajos, 4 de cada 100 personas mueren por este motivo. La lista de causas mencionadas por la OMS incluye errores en la prescripción de medicamentos; errores asociados a intervenciones quirúrgicas; infecciones asociadas a la atención de salud; errores diagnósticos; caídas de pacientes; úlceras decúbito; errores relativos a la identificación de pacientes. 

“Hay cuestiones como que a una persona no le pongan baranda en su camilla y se caiga. O tenemos el caso de una nena que superó un cáncer pero falleció porque le inyectaron vía intratecal una medicación que era para aplicar de forma endovenosa”, relata Covelli. Entre las familias que impulsan la ley está la de Débora Pérez Volpin, periodista que murió a los 51 años tras una endoscopía. También formaba parte de la agrupación la modelo Silvina Luna, fallecida por complicaciones en su salud luego de someterse a una cirugía estética con Aníbal Lotocki.

“Si yo logro con la Ley Nicolás que bajen estas muertes, la frase con la que inicié esta lucha tendrá sentido”, enfatiza Covelli, y recita: “Si tu vida derramó tanto amor, que tu partida sirva para salvar a otros”.  «

Peligra la Defensoría de la Niñez: «sería trágico»

No sólo la Ley Nicolás corre peligro si no se trata en sesiones extraordinarias. También hay riesgo para el futuro de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, hoy a cargo de Marisa Graham. En marzo vence su mandato. Por ley, su reemplazante debería ser elegido vía concurso público, convocado por una comisión bicameral en el Congreso. No ocurrió a tiempo en sesiones ordinarias, y si no se trata en extraordinarias la Defensoría quedará acéfala.
“Es un organismo fundamental en el sistema de derechos. En todo lo que haga el Estado Nacional, no hay otro organismo específico de defensa de niñas, niños y adolescentes”, advierte Francisco Rodríguez, coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que integra el colectivo Infancia en Deuda, conformado justamente para impulsar el cumplimiento de la puesta en funcionamiento de esta Defensoría, que permaneció vacante por más de 14 años. “Tenemos una preocupación muy grande; tememos que quede sin funciones en la práctica o por el cierre –acotó–. Sería trágico, en un contexto de 70% de NNyA bajo la pobreza”.