Desde el jueves pasado la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una nueva Ley de Cooperadoras. Sin debate ni consenso con la comunidad educativa, JxC aprobó esta normativa que, según el rechazo de las familias, apunta a la «persecución política».
Hasta acá la regulación venía de la dictadura cívico–militar. «Pero esta ley no busca generar nuevos derechos sino restringir, perseguir y limitar la participación ciudadana. Es mucho más restrictiva que la ordenanza de la dictadura», explica a Tiempo Ezequiel Moskovich, vicepresidente de la cooperadora de la Escuela Rogelio Yrurtia.
La iniciativa estipula dos figuras de socios: los activos, que son integrantes de las familias o representantes legales del niño/a o adolescente; y los adherentes, el resto de la comunidad educativa, que podrán pagar la cuota social «pero sin derecho a voto». Sostiene que los cargos directivos «podrán ser reelegidos por única vez» y no podrán actuar quienes hayan estado en comisiones intervenidas. Las familias recordaron como antecedente la intervención de Educación en la cooperadora del Álvarez Thomas. El artículo 16, el que generó más rechazo, subraya que «la Comisión Directiva no podrá utilizar la Cooperadora Escolar para promover actividades con fines comerciales, político partidarios, religiosos y cualquier otro que sea ajeno a las funciones propias de las Cooperadoras». Para el vicepresidente de la cooperadora del Normal 7, Pablo Cesaroni, el problema es «quién va a definir que una persona tiene militancia política dentro de una cooperadora. Cuáles van a ser esos criterios. Pone límites y persecución política a los que tienen militancia partidaria».
En el ámbito nacional existe la Ley de Cooperadoras desde el 2012. La legisladora Maru Bielli (FdT) sostuvo que propusieron la adhesión «y hasta las cooperadoras han presentado sus proyectos propios, pero el Ejecutivo porteño avanzó con uno que busca controlar el funcionar de las cooperadoras, antes que promover la participación». «
