La regulación legal del cannabis para uso adulto plantea desafíos nuevos en materia de salud pública y seguridad. Es una medida que ya se ha tomado en Uruguay, Canadá y 11 estados norteamericanos; es una alternativa que se debate en Colombia y en México. Si bien se implementa con diferencias, todos estos casos parten de un diagnóstico en común: la guerra contra las drogas fracasó.
En Argentina, como en varios países de la región, el mercado de cannabis es regulado ilegalmente por narcotraficantes, fuerzas policiales, funcionarixs judiciales y políticxs. La dimensión del mercado dista mucho de ser marginal: el cannabis es la tercera drogas más consumida en la Argentina, después del alcohol y el tabaco, según la Sedronar. La recaudación que genera tampoco es despreciable: según cálculos hechos por Delfino, Sarti y Souto Zabaleta, del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), el cannabis mueve entre 135 y 200 millones de dólares en nuestro país.
Si este dinero se introdujera en un circuito legal y regulado podría crear fuentes de trabajo registrado donde hoy existe explotación y reducción a la servidumbre: tanto del campesinado paraguayo que produce la marihuana prensada -que domina el mercado argentino, brasilero y uruguayo-, como las personas que venden al menudeo, que muchas veces son «entregadas» por sus jefes para que parezca que la guerra a las drogas se está «ganando».
Al cumplirse 30 años de la actual ley de drogas, el 21 de septiembre pasado se lanzó el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis impulsado por organizaciones no gubernamentales del campo de los derechos humanos, las ciencias sociales, la seguridad, la educación, la diversidad sexual y la salud mental y que acompañan. también, asociaciones civiles dedicadas a difundir información sobre reducción de riesgos y daños y sobre el cannabis y sus distintos usos.
Esta iniciativa, basada en el intercambio de evidencia y conocimientos desde muchas disciplinas, ya sentó objetivos comunes y consensos básicos. El Acuerdo busca desarrollar una legislación para minimizar las secuelas del narcotráfico. Romper el circuito ilegal implica reconocer el derecho constitucional a decir sobre nuestros cuerpos, sobre los que nos da placer y sobre nuestras libertades. En este aspecto, el reclamo por una nueva política de drogas se hermana con la lucha por el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género, la desmanicomialización, la agenda antipunitivista y la legalización del aborto.
La regulación que impulsamos promueve la salud pública, para que las personas que consumen lo hagan de forma responsable, aplicando la máxima reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades posible. Además, está alineada con la doctrina de la Corte Suprema de la Nación que argumenta acerca de lo absurdo de criminalizar conductas asociadas al consumo de cannabis o de cualquier otra sustancia.
La Argentina es un país pionero en la ampliación de algunos derechos. No ignoramos que esos derechos siempre fueron fruto de largas luchas. Nos sentimos herederas y herederos de esas luchas. Pretendemos recorrer ese camino de la única forma que conocemos: con madurez, con información precisa, bibliografía específica y pensamiento propio.
* Periodista especializado en la problemática del uso de drogas. Es editor de la revista THC y autor del libro Un mundo con drogas (2015). Integrante del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis (regulacionlegal.org)
Querés colaborar para que se lleva a cabo una política de control de sustancias que termine con los abusos del sistema vigente, cuidando el conjunto de las garantías públicas. Entrá a Causas Comunes y activá
