Ciudad culpa al lenguaje inclusivo pero en el primer trimestre ejecutó solo el 19% del presupuesto educativo

Catorce años y siete meses. Ese es el tiempo que lleva gobernando el macrismo la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los malos rendimientos de las y los alumnos en Prácticas del Lenguaje fueron atribuidos por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta al uso del lenguaje inclusivo. Entonces decidieron prohibirlo. Algo que nunca fue obligatorio, que se condice con la ley de identidad de género (hay personas que asisten a los colegios porteños que tienen DNI no binario y no se reconocen ni hombre ni mujer) y que muy posiblemente, a partir de esta censura, pase a utilizarse mucho más que antes. Pero por detrás de la “e” o la “x” se esconden verdaderas razones del deterioro educativo, que tampoco es potestad solo de la Capital Federal, aunque sí hay decisiones del oficialismo porteño que lo acrecientan: en el distrito más rico del país el presupuesto destinado a Educación cae año a año; en el primer trimestre apenas ejecutaron el 19% (lo que convierte al área en una de las más subejecutadas de la administración capitalina), con solo el 10% para infraestructura y equipamiento, y menos del 2% de lo destinado a becas estudiantiles. Falta de inversión, desmantelamiento de programas, bajos salarios, factores que pueden explicar mejor que en una década y media el desarrollo pedagógico del alumnado porteño no haya progresado.

El primer episodio ocurrió a principios de semana, cuando el jefe de gobierno anunció resultados negativos en Lengua y Matemáticas en CABA: el 34% de alumnas y alumnos de secundaria (según informaron) tuvo problemas para interpretar y reflexionar textos. Afirmó que eso es “producto de lo que sucedió con la pandemia” y el “cierre de las escuelas”, aunque según los propios informes oficiales del Ministerio la tendencia viene de antes. Y anunció medidas. La primera fue publicada en la resolución 2566 del Ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña: prohibir el uso del @, la X y la E dentro del aula y en las comunicaciones oficiales de las escuelas (a pesar de que el propio gobierno realizó talleres de lenguaje inclusivo considerándolo “una política de cambio cultural hacia una sociedad más igualitaria”). Lo paradójico es que esas pruebas estandarizadas fueron realizadas en masculino tradicional, no en lenguaje inclusivo. Luego las autoridades pasaron a hablar de “limitar” y no de “prohibir”.

“En base a la experiencia y a las estadísticas estamos convencidos de que los chicos que están aprendiendo a leer y a escribir, primero tienen que dominar las normas del español. Tenemos que simplificar el aprendizaje para transmitir los contenidos de la forma más clara posible”, indicó Larreta, sin precisiones científicas de esas “estadísticas”, y siguiendo la tendencia de anuncios que compitan por el electorado de derecha con el sector de Milei. “Tomamos decisiones sobre evidencias y consultando a especialistas. La utilización incorrecta del español hace que los chicos tengan trabas”, agregó la ministra.

Desde la Junta Departamental de la Carrera de Letras de la UBA emitieron un comunicado donde advierten “que no existe ninguna evidencia que establezca una relación entre el fracaso escolar o el bajo rendimiento en pruebas estandarizadas y el uso de lenguaje inclusivo de género. Del mismo modo que el uso del desdoblamiento de los géneros masculino y femenino en la resolución emitida por el Gobierno de la Ciudad no dificulta la comprensión del documento, la variación generada por el uso de formas no binarias no resulta un obstáculo para el desarrollo de las habilidades de aprendizaje de lxs estudiantes. Sería deseable verificar si, en cambio, la desinversión en políticas educativas del Ministerio de Educación de CABA puede explicar esos resultados”.

Infraestructura escolar y baldosas

En 2006, antes de que el macrismo llegue a la Ciudad, Educación ocupaba casi el 30% del presupuesto total de CABA. En 2015 ya había bajado al 22,7%, y este año es de apenas el 17,5%. Eso explica gran parte de los déficits educativos del distrito, en el que pasó de haber 7 mil chicos sin vacante en 2014 a casi 50 mil este año. Si bien a miles de ellos luego les asignan lugares, suelen ser en escuelas alejadas de sus domicilios, o en el caso de los más chicos en Centros de Primera Infancia (CPI), que no dependen de Educación sino de Desarrollo Social.

En los dos años de pandemia el gobierno porteño no construyó escuelas nuevas ni entregó computadoras. Dos factores claves para la época y, como en el caso de los dispositivos y la conectividad, de suma relevancia para la lectoescritura y el aprendizaje en jóvenes del siglo XXI. El Plan Sarmiento fue desfinanciado en 2020, y 370 millones de su presupuesto se destinaron al sector privado.

Si bien la ejecución de Educación no llegó al 20% en el primer trimestre, dentro de ese panorama hay prioridades para la administración larretista. El sector privado recibió todo lo pautado. En el otro extremo, de casi $2400 millones presupuestados para Becas estudiantiles, el Ministerio de Educación únicamente gastó 3 millones. En el caso de los subsidios a las Cooperadoras escolares, sobre 250 millones, ejecutaron el 8%. La Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa usó 3469 millones de los 16.898 millones presupuestados, y el programa “Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria” invirtió apenas el 10%.

“En lo vinculado a la infraestructura escolar, Larreta solo ejecutó el 10,2%, mientras que en mantenimiento apenas un 9,1%, y estamos hablando de los meses de receso que es cuando más debería aprovecharse para hacer obras”, planteó el diputado porteño Matías Barroetaveña (FdT).

La subejecución en infraestructura escolar es una constante del macrismo. Desde 2008 hasta 2022 hubo 3370 millones de pesos destinados a esa área que no se utilizaron. Este invierno hay más de 200 escuelas porteñas con problemas de calefacción. Y se vienen repitiendo siniestros en edificios, como el derrumbe del techo de la Primaria 8 del barrio de Belgrano el 18 de mayo.

A este contexto se le agregan las pasantías laborales en empresas que no tienen relación con las orientaciones que estudian las y los alumnos, y la intención de cerrar los 29 profesorados porteños para centralizarlo en una única Universidad de la Ciudad, que incluye la venta de los terrenos donde funcionan esos institutos de formación docente.

Este mes, un maestro de grado de jornada simple con máxima antigüedad cobró $70.750. Menos de los cien mil pesos que la Dirección General de Estadística y Censos porteña considera como un piso para no ser pobre. Los bajos salarios docentes y la falta de inversión en crear nuevos cargos (a pesar de que buscan sumar más horas los sábados y a contraturno) genera que haya 23 mil maestras y maestros sin titularizar. Y se agregan los ataques de la ministra Soledad Acuña a la comunidad educativa. Tiempo atrás aseguró que quienes eligen ser maestros son personas “cada vez más grandes de edad”, de “los sectores más bajos socioeconómicos” con “poco capital cultural” y militantes políticos, e invitó a las familias a que los denuncien en casos de “bajada de línea”. Ahora con lo del lenguaje inclusivo aseguró que “no es una caza de brujas, pero como toda norma vigente, se tiene que cumplir”.

Eduardo López, secretario de UTE, sostiene que el macrismo lleva adelante esta política educativa “porque son conservadores, y todo conservador quiere mantener el statu quo social. Que el hijo del barrendero sea barrendero, que el hijo del millonario sea millonario. Mantener la foto de la desigualdad. Por eso buscan reducir la educación pública, porque es la garantía de igualdad de oportunidades. Si querés que el mañana sea mejor, invertí en educación. Destinan mil millones de pesos en infraestructura escolar, y dos mil millones en veredas y baldosas”.