A un año de la sanción de la ley que ponía fin a las habilitaciones que enmascaraban los prostíbulos de la Ciudad de Buenos Aires, todo sigue como antes, con el agravante de que la mayoría de estos locales donde se explota sexualmente a mujeres están ubicados en la zona de la Casa Rosada, la Legislatura, la City y Puerto Madero, es decir, a metros de las sedes del poder político y financiero de la Argentina, y a menos de cinco cuadras de varias comisarías porteñas.
De acuerdo con un informe elaborado por La Alameda, en base a denuncias recibidas por la fundación y el partido Bien Común durante 2017, sólo en Capital Federal continúan funcionando 558 prostíbulos, de los cuales unos 224 (el 40%) se encuentran dentro de los límites de la Comuna 1, que abarca los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución. Muy atrás le siguen las Comunas 3 y 2 (con 69 y 67 prostíbulos, respectivamente).
En cuanto a la distribución por barrios, el que ostenta el récord nefasto de más locales funcionando es San Nicolás (121), seguido por Retiro (76), Balvanera y Recoleta (ambos con 67).
El informe demuestra además que la presencia policial no disminuye la cantidad de prostíbulos. Por el contrario, más de la mitad de los locales de Capital Federal donde hay trata de mujeres para explotación sexual se encuentran a menos de 500 metros de una comisaría.
El relevamiento da cuenta de que la Comisaria 15°, de Retiro, es la que más prostíbulos tiene (67) dentro de su jurisdicción. Le siguen las comisarías 3°, en San Nicolás (51) y 5°, en Balvanera (49).
La Ley 5639 entró en vigencia el 1 de noviembre de 2016 y modificó el Código de Habilitaciones y Verificaciones, derogando la figura de las «alternadoras», las llamadas «coperas» o bailarinas, el subterfugio de los tratantes para encubrir como empleadas a mujeres explotadas sexualmente en locales nocturnos «Clase A», identificados como whiskerías, cabarets, bares o boliches.
Entre las conclusiones del informe, que será presentado en los próximos días en la Comisión Especial de Lucha contra la Trata y Hechos Vinculantes de la Legislatura porteña, la más escandalosa señala que la zona con mayor actividad económica y comercial es también el mayor foco de prostíbulos por metro cuadrado. Lejos de combatir a la trata, los funcionarios conviven con ella.
El relevamiento permite observar, además, una importante concentración de locales que explotan sexualmente mujeres a lo largo de la línea del Ferrocarril Sarmiento como, por ejemplo, en la zona de la Plaza Flores y los alrededores de la estación Liniers.
Por último, se destaca que los recorridos de las líneas A, B y D de subtes funcionan como un corredor a lo largo del cual se nuclea la mayor cantidad de denuncias.
Sin respuesta oficial
El último miércoles salieron desde las oficinas de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) nuevos oficios hacia la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC), a fin de solicitarles el registro de «alternadoras» o locales habilitados bajo la figura «Clase A» en la Ciudad. También solicitó informes a dependencias judiciales y otros organismos públicos, «con el objetivo de realizar un seguimiento y diagnóstico del estado de cumplimiento de los derechos que la ley concede a las víctimas de trata y explotación».
Sin embargo, en Protex no son optimistas con respecto a recibir una respuesta oficial.
«En la Ciudad de Buenos Aires hay un montón de prostíbulos, pero los dueños se cuidaron a la hora de la descripción y la definición de los registros que hacían de las mujeres que trabajan en esos locales. Por eso creo que el registro total de alternadoras en la Ciudad no existe, como sí lo hay en otras provincias. La otra opción es que ese registro exista pero no lo quieran entregar. Por lo pronto, nosotros los estamos pidiendo desde el año pasado, pero todavía no nos llegó nada», confía una fuente de la Procuraduría.
En efecto, el 30 de noviembre de 2016, Protex libró un oficio a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, a cargo de Diego Pérez Lorgueilleux (ver recuadro), para solicitarle el registro de «alternadoras» o locales habilitados bajo la figura «Clase A».
Por la misma fecha también libró oficio a la directora del Observatorio de Género en la Justicia del Poder Judicial de la Ciudad, Diana Maffia, «a fin de solicitarle que tenga a bien informar a esta dependencia (Protex) si en el marco de las funciones llevadas adelante por dicho espacio de investigación, han podido acceder a los registros de ‘alternadoras’ y/o de locales habilitados bajo la figura ‘Clase A’, creados en virtud de lo establecido en la Ordenanza 33.266/76».
Por último se libró oficio a la Dirección General de Asuntos Institucionales de la Procuración General de la Ciudad «para que informe si en el marco de las funciones asignadas a dicho organismo, ha intervenido en expedientes de índole administrativa o de cualquier otro tipo en los que haya tenido acceso a los registros de ‘alternadoras’ y/o de locales habilitados bajo la figura ‘Clase A'».
En todos los casos, Protex destacó la importancia de informar sobre dichos listados «con el objetivo de avanzar en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, y también para eventualmente poder brindar a las víctimas asistencia adecuada».
Sin embargo, casi un año después, ninguna institución gubernamental reconoció la existencia de los registros. En consecuencia, los prostíbulos siguen operando ante la vista de todos, ubicados estratégicamente en zonas prósperas de la Capital Federal, con vecinos poderosos que en cualquier momento del día o la noche, si lo decidieran, podrían también convertirse en clientes. «
Funcionarios procesados que deben controlar
Dos de los organismos gubernamentales que deberían dar cuenta sobre la existencia de un registro de alternadoras y locales Clase A habilitados en la Ciudad de Buenos Aires están a cargo de funcionarios procesados.
En junio de este año, el juez federal Sebastián Casanello procesó al director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad (DGFYC), Diego Pérez Lorgueilleux, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y le trabó un embargo por un millón de pesos. El funcionario había firmado un permiso especial a la empresa Dell Producciones para la realización de la Time Warp, la fiesta electrónica que terminó en tragedia por la muerte de cinco jóvenes el sábado 16 de abril de 2016. Aquella noche en el Centro Costa Salguero ingresó el doble de gente permitida, hubo venta de drogas y falta de agua.
El 27 de diciembre de 2016, Ricardo Pedace renunció a su cargo de subjefe de la Policía Metropolitana para asumir la dirección de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), un organismo autárquico que se encarga de las habilitaciones y clausuras. En su paso por la Metropolitana, Pedace había participado de la represión en el Hospital Borda del 26 de abril de 2013, por lo que la Justicia lo procesó como coautor del delito de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves contra 32 damnificados y le decretó un embargo de 5000 pesos.
