Las neurociencias ganan terreno en las políticas públicas. Habrá un Polo en la Ciudad, con eje en el Hospital Borda, y se aprueban leyes afines a esta rama de estudio. De fondo, sobresale la figura del neurólogo Facundo Manes, titular de la Fundación INECO (Instituto de Neurología Cognitiva), asesor de la gobernadora María Eugenia Vidal y posible candidato el año que viene.

El gobierno porteño presentó el presupuesto de Salud para 2017, donde figura como punto destacado la creación de un Polo de Neurociencias entre los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y Alvear. “Se modernizarán los psiquiátricos monovalentes”, dicen los fundamentos. Ahora serán “centros de atención, experimentación e investigación relacionados con las neurociencias aplicadas”. Lo llaman “un cambio de paradigma”. La novedad motivó una jornada en la Legislatura titulada “La salud mental en peligro”. Ahí el diputado Marcelo Ramal (PO-FIT) anunció que pedirá la citación del titular de Salud Mental, Ricardo Picasso, ex director del Borda durante la represión de la Metropolitana en 2013.

Aún no se sabe cómo será el cambio, pero el presupuesto destinará $ 650 millones para la reconversión integral de los hospitales. No menciona la creación de dispositivos que ayuden a la externación de pacientes (casas de medio camino, hospitales de día), como estipula la Ley de Salud Mental. Ramal denunció que un paper firmado por la directora del Moyano, Norma Derito, al referirse a los recursos económicos de su reconversión, incluye «ganancias por trabajos de investigación». «También circula otro paper del Alvear, referido a su conversión a ‘hospital de neurociencias aplicadas'».

Hernán Scorofitz, de la Asociación Gremial Docente de Psicología (UBA) y trabajador del Borda, advirtió que “van a convertir a los pacientes cronificados en conejillos de indias para la industria farmacéutica”. Hoy el Borda y el Moyano tienen 2000 pacientes. Ramal acotó que detrás de las «neurociencias» se impulsa una práctica que «unilateraliza los tratamientos en función de la implementación de terapias con psicofármacos, y cuyo alcance se extiende a todo tipo de conductas humanas».

El proyecto deja «áreas vacantes» en los hospitales, que podrán ser enajenadas para otros fines. Como un designio, el Polo de Neurociencias empalmará con el Polo Farmacéutico de Lugano. Se lo llama “corredor medicinal”. En 2017, el Borda y el Moyano tendrán más fondos para docencia e investigación, y menos para servicios interdisciplinarios de tratamiento a pacientes. Aún hay áreas sin gas y las atenciones en consultorios externos cayeron a un tercio en tres años.

Mientras, el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, pretende derogar el plazo que establece la Ley de Salud Mental de 2020 como año límite para la existencia de neuropsiquiátricos. «Lo que la ley plantea es la sustitución de los ‘manicomios’, no su ‘modernización'», enfatizó a Tiempo el autor de la norma sancionada en 2010, Leonardo Gorbacz. “Convertir los psiquiátricos en ‘polos de neurociencias’ no solo consolida la lógica del encierro sino que además amenaza con violar aun más los derechos de las personas al reducir sus padecimientos a una visión puramente orgánica, donde las historias familiares y los contextos sociales no tienen ningún lugar de consideración y análisis”.

Como antecedente, en marzo se constituyó en Rosario el INECO Neurociencias Oroño. “La visión es desarrollar un Polo Multidisciplinario de Neurociencias de referencia internacional, que permita acercarse a la comprensión de los trastornos neurológicos y psiquiátricos para desarrollar estrategias eficaces de tratamiento”. Esto dijo, en su inauguración, Facundo Manes. Desde julio, se encarga de coordinar un equipo para estimular «el capital mental de los niños» bonaerenses.

En mayo, INECO firmó un convenio con el ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, para crear el primer Laboratorio de Neurociencias y Educación. Lo lanzaron en un acto en Tecnópolis, donde Manes anticipó a los mil docentes que lo observaban: “Van a tener un rol cada vez mayor en la sociedad”. Cinco meses después, el 19 de octubre, el Congreso sancionó la “Ley de Dislexia” que otorga a los maestros la responsabilidad de detectar en sus alumnos síntomas de Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA). Incorpora los tratamientos al Programa Médico Obligatorio. Prevé que los docentes se capaciten para la detección de alumnos disléxicos, y que adapten sus clases para que ellos tengan pruebas orales y más tiempo para las tareas.

El proyecto fue presentado en 2015 por la senadora María Laura Leguizamón, casada con el empresario Marcelo Figueiras, dueño de los laboratorios Richmond. Ella fue una de los 500 personas que asistieron a la cena anual de la Fundación INECO, en el Yacht Club de Puerto Madero. Lo paradójico es que Leguizamón es del FpV, pero el propio kirchnerismo no quería tratar ahora la ley en Diputados. De hecho, la votó en disidencia por considerar que patologiza, que apela a “categorías de origen exclusivamente neurobiológico” sin tener en cuenta contextos y porque “una problemática de semejante complejidad debería ser evaluada de manera interdisciplinaria”. El PRO reflotó la ley, que tuvo numerosos apoyos de personalidades de los medios.

En el plenario de comisiones, Silvia Benasayag, especialista en genética, representante local en el Proyecto Genoma Humano, se mostró en contra: “No digan que la dislexia es genética. No creamos en espejitos de colores. No los rotulen. Es un mercado, están usando a sus hijos para beneficio de unos pocos”. Para médicos, neurobiólogos y padres de niños disléxicos, es al revés: sin la ley, hoy se los rotula como “vagos” o “distraídos”.

Aún se desconoce quién capacitará a los millones de docentes. Las miradas vuelven hacia Manes y su fundación. Florencia Salvarezza, jefa del Departamento de Lenguaje de INECO, participó del debate en Diputados, pero negó que Manes esté detrás: “Ni creo que sepa de qué se trata”. Agregó que “el docente debe tener una formación adecuada para detectar, no para diagnosticar. Parte de esa formación debería ser en neurociencias aplicadas a la educación: estar actualizados en cómo funciona el cerebro y en el rol del lenguaje”. Para Gabriela Dueñas, doctora en Psicología, esta ley puede ser «un mecanismo encubierto orientado a ‘privatizar’ de modo tecnocrático complejas problemáticas del sistema educativo».