Distintas comunidades de inmigrantes radicadas en nuestro país, entre las que se destacan las bolivianas, colombianas, mexicanas, peruanas, paraguayas y chilenas, convocaron para este jueves a las 16 horas a concentrarse frente al Congreso de la Nación para marchar a partir de las 18 hasta la Plaza de Mayo, con la clara intención de visualizar su problemática y su descontento por el decreto que modifica la ley migratoria.

Dicho decreto, firmado por el presidente Mauricio Macri a principio de año, declama el objetivo de acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos.

«Los migrantes somos trabajadores y hacemos un aporte muy importante a las economías de los países donde residimos. Con esta queremos instalar ese debate sobre nuestro rol económico, social y cultural», se expresó Juan Vázquez, vocero del colectivo de bolivianos. Y siguió: «En esta construcción del sujeto político que somos tenemos que rediscutir nuestro rol con el Estado, pero también con los sindicatos cuando, por ejemplo, no permiten un cupo superior al 25% de inmigrantes en la representación, como pasa con los ladrilleros».

Según un informe socio económico realizado en 2016 por la universidad de Tres de Febrero, el colectivo de inmigrantes aporta entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por año en IVA, en tanto que en el perí¬odo 2007-2011 su participación en la generación de riqueza osciló entre 3.900 y 5.000 millones de dólares.

Las organizaciones reclaman con urgencia la derogación del Decreto 70/2017 (DNU) que, según la interpretación que hace, asocia al inmigrante con el delito. “Esto cala muy hondo y rápido en la sociedad, y revertir ese falso pensamiento tarda décadas», describió Ceriani Cernadas, director del Programa de Migración y Asilo del Centro de DDHH de la Universidad Nacional de Lanús.

En referencia a las modificaciones que presenta el DNU, Cernadas detalló: “Anteriormente para no dejarte ingresar a la Argentina tenías que tener una condena firme superior a los tres años así como para revocarte la reincidencia tenías que tener una superior a cinco años. Ahora por el simple hecho de tener un antecedente, cualquiera sea el delito y tengas o no condena, puede ser una causal para la no admisión, expulsión o cancelación de la residencia».