Catorce efectivos de la Policía de la Ciudad comenzarán a ser juzgados el próximo jueves, tres de ellos por el asesinato a balazos del adolescente Lucas González, quien tenía 17 años, y los restantes 11 por las torturas cometidas contra tres amigos de la víctima y el encubrimiento del crimen, al que quisieron hacer pasar como una persecución contra delincuentes, el 17 de noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas.
«Lo que hicieron con nuestras vidas estas basuras es imperdonable, nos arruinaron por completo. Vamos a buscar justicia, no venganza», dijo a Télam el papá de Lucas, Héctor «Peca» González, en la previa al debate oral por el crimen de su hijo, quien era jugador del club Barracas Central y salía de entrenar con sus amigos la mañana del asesinato.
El inicio del debate está previsto para el jueves, a partir de las 16, en el salón Auditórium -conocido como Sala Amia- de los tribunales situados en Comodoro Py 2002, del barrio porteño de Retiro, y se estima que se extenderá hasta julio, ya que se realizarán en total 11 audiencias, a razón de una por semana, según informaron a esta agencia fuentes judiciales.
El desarrollo del juicio oral estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, integrado por los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, mientras que el fiscal del debate será Guillermo Pérez de la Fuente.
Los voceros explicaron a Télam que la realización del debate en la sede de los tribunales federales de Retiro se debe a una cuestión de espacio, debido a la cantidad de integrantes de cada una de las partes.
En la primera jornada, está prevista la lectura de requerimiento de elevación a juicio y las indagatorias a los imputados, quienes podrán declarar en ese momento o en cualquier otro a lo largo del debate.
Tras ello, declararán los tres amigos de Lucas, quienes fueron víctimas de torturas por parte de integrantes de la fuerza, por lo que actúan como querellantes en la causa con representación del abogado Gregorio Dalbón, el mismo que actúa en nombre de la familia del joven asesinado.
Se trata de Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca, quienes estaban con Lucas a bordo del Volkswagen Suran que fue atacado a tiros por la policía, que luego los hizo pasar por delincuentes, a raíz de lo cual estuvieron una noche detenidos en el Instituto de menores Inchausti.
También se espera para la primera jornada el testimonio del padre de Lucas y se aguarda la presencia de amigos y vecinos de la víctima, además de autoridades del distintos clubes del fútbol argentino, ya que el adolescente fue asesinado mientras era jugador de Barracas Central pero también formó parte de equipos juveniles de Racing Club y Defensa y Justicia, pertenecientes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Por el asesinato están imputados el inspector Gabriel Alejandro Issasi, de 41, el oficial mayor Fabián Andrés López, de 48, y el oficial Juan José Nieva, de 37, quienes integraban entonces la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad y actualmente se encuentran detenidos.
A los tres se les adjudica la coautoría del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».
Además, los tres enfrentarán cargos por las «tentativas de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley», en el caso de los amigos de Lucas.
En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, serán juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos los otros chicos.
Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana, de 50; el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán, de 54; el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos, de 51; el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar, de 48, y el comisario Juan Horacio Romero, de 51; y el subcomisario Roberto Orlando Inca, de 47, ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.
También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas, de 50; y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón, de 28, Jonathan Alexis Martínez, de 34, Ángel Darío Arévalos, de 34, y Daniel Rubén Espinosa, de 33.
Todos están acusados por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas» y, en el caso de Cuevas e Inca también por «falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados».
Durante la instrucción de la causa habían sido imputadas y detenidas las oficiales de la policía porteña Lorena Miño y Micaela Fariña, quienes fueron las primeras en llegar al lugar tras escuchar las modulaciones por sus handys, aunque más adelante fueron liberadas por falta de mérito.
«Lo que hicieron con nuestras vidas éstas basuras es imperdonable. Nos arruinaron por completo. Espero que esto marque un antes y un después y que no abusen del poder, que no haya un abuso institucional por tener una chapa», dijo el papá de Lucas, al manifestar en una entrevista con Télam que espera que durante el juicio salga «la verdad a la luz», y que su familia «tenga justicia justa para tanto dolor».
Por su parte, el abogado Dalbón aseguró a esta agencia que el crimen de Lucas fue «uno de los hechos más trascendentes de tortura, encubrimiento y muerte de los últimos años».
«Les armaron una causa a los cuatro niños, todos menores de edad, los torturaron, y montaron una escena en 800 metros cuadrados para urdir un plan siniestro, la impunidad de los asesinos y burlar al sistema judicial», afirmó el letrado, quien dijo que «las condenas no deben ser ejemplares, sino justas» y que para él «será un fallo que recorrerá el mundo”.
El crimen de Lucas González
El crimen de Lucas ocurrió en la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando el joven y tres amigos salieron del entrenamiento en el club de fútbol Barracas Central y se subieron al Volkswagen Suran del padre de uno de ellos para volver a la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían.
Tras detenerse en un kiosco a comprar algo para tomar, los chicos comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, quienes realizaban tareas de campo en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield y no estaban uniformados ni llevaban baliza en el rodado.
Por ese motivo, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos policiales les dispararon y dos de los balazos impactaron en Lucas, uno de ellos en la cabeza, lo que le provocó la muerte al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
Según confirmó la operación de autopsia, Lucas también tenía una quemadura similar a la de un cigarrillo en la mano derecha, que pudo ser producida «cerca del deceso», en un horario aproximado al crimen, lo que para la acusación es indicativo de un acto de tortura policial.
De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías informaron al servicio de comunicaciones policiales que perseguían un automóvil con «cuatro masculinos con apariencia de menores, jóvenes», que «estaban armados», por lo que les cruzaron el Nissan Tiida para detenerlos.
Fuente: Télam / Emmanuel Dalbessio
