Una vez debe ser casualidad, dos, hasta podría pensarse que es una coincidencia, pero tres encuentros con una persona denunciada en la justicia por golpear, insultar y agredir psicológicamente a estudiantes y docentes, ya es una decisión concreta. Una vez más, la ministra Soledad Acuña y el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, utilizaron como escenario electoral a la Escuela Primaria N° 25 DE 1 «La Banderita» de Retiro. Esta vez para presentar “las mejoras en lectura y comprensión de textos en las escuelas” que, según datos oficiales, los resultados fueron positivos en el 70% de los alumnos que participaron. Allí, el jefe de gobierno, estuvo acompañado por la ministra de Educación; el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff; el diputado Maximiliano Ferraro; y la polémica directora de la escuela, Mónica Casalini que cuenta con varias denuncias por agresión física a estudiantes.
En la misma jornada que se difundió un relevamiento que confirmó que la Ciudad es el distrito que menor presupuesto invierte en educación, el ejecutivo porteño organizó una rueda de prensa para presentar los resultados del “programa de Fluidez y Comprensión Lectora. Más allá de esta nueva movida mediática, lo grave fue el lugar elegido para anunciar las cifras oficiales de la cartera educativa. El plano de la transmisión oficial y el vestuario no dejaban dudas: la ministra Acuña con un tapado verde y Mónica Casalini con un pantalón del mismo color; en el medio el jefe de gobierno y en los extremos Waldo Wolff y Maximiliano Ferraro. Aunque no es la primera vez, la comunidad educativa se vio sorprendida que ahora la cúpula del ejecutivo porteño se muestre al lado de una persona que tiene varias denuncias por violencia física y psicológica contra estudiantes y docentes.
“Cuando vamos llegando a la escuela nos encontramos con un despliegue de policías, cámaras de televisión, varios empleados del gobierno de la Ciudad, incluso a Fabián Capponi, el Director General de Educación de Gestión Estatal, corriendo de un lado a otro”, cuenta la docente de la Escuela La Banderita, Florencia Diasprosti. La delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación (Ute-Ctera) mostró su preocupación por el hecho, dado que “una vez más el gobierno se muestra al lado de una directora que está acusada golpea a niños, niñas y maltrata a docentes y familias.
Tiempo se hizo eco de las denuncias penales que presentaron varias familias contra la directora Mónica Casalini, hechos que salieron a la luz en julio del año pasado, e incluyen la desaparición por varias horas de un estudiante que fue golpeado por la directora. Tras la publicación del primer informe, más familias se animaron a presentar recursos legales contra Casalini y a los pocos días la ministra Soledad Acuña se acercó a la escuela y se mostró al lado de la denunciada.
La comunidad educativa se movilizó en varias ocasiones para exigir la renuncia de Casalini, que cumple sus funciones dentro del edificio acompañada de un patovica y de su marido, que no tiene ningún cargo pedagógico ni auxiliar dentro del establecimiento educativo y que intentó golpear a una docente que finalmente renunció por temor a volver a ser agredida (ver recuadro).
“No es la primera vez que Acuña muestra su apoyo a Casalini”, refuerza Diasprosti. “En vez de escuchar los reclamos de la comunidad educativa arman una conferencia de prensa para mostrarse en cámaras. A pocos metros de la Banderita se encuentra el Polo Educativo Walsh que desde hace varios meses tiene una invasión de ratas y que inclusos los bebés del lactario, no podían dormir en las cunas porque tenía caca de roedores”, agrega la docente y termina, “lejos de poder darle respuestas a los reclamos de las y los docentes, usan a las escuelas que tienen miles de problemas de infraestructura, para sus campañas electorales”.
Apoyo y protección
La directora de La Banderita cuenta con protección política. Así lo denuncia la comunidad educativa y ella misma hace alarde de esa situación frente a familias, docentes y estudiantes. En varias ocasiones Tiempo dialogo con la abogada que representa a las familias que denunciaron a Casalini por violencia física y agresión psicológica: “En primer lugar lo que pido es la separación del cargo de Mónica Casalini. Hice una ampliación de una denuncia penal, porque las torturas psicológicas y violencia física que hace esta mujer tienen un agravante: es la persona encargada de la guarda del niño, por eso son delitos agravados”, explicó a Tiempo Raquel Saravia, abogada de la familia de A., el niño de 10 años golpeado, y de varios integrantes de la escuela La Banderita. Los delitos que varios testigos le atribuyen a la directora están contenidos en el artículo 91 del Código Penal. “Esta mujer podría recibir una pena que va de los 3 a 10 años de prisión efectiva”, advierte la abogada. La letrada, además, denuncia que a su representado legal le están ofreciendo una vacante en otra escuela. “En estos casos el Ministerio de Educación de la Ciudad debe separar al docente violento, no al alumno, como quieren hacer con el niño”.
Patovicas propios
Desde que asumió Casalini a la dirección de la Escuela hace dos años, pasaron 24 personas por el equipo de conducción, entre vicedirectores y secretarias, todos renunciaron. Uno de ellos era Patricio Inostrosa, secretario de la escuela que murió atropellado cruzando la avenida a dos cuadras de La Banderita, mientras lo llamaban insistentemente porque estaba demorando en llegar de una capacitación a la que había ido citado por la supervisión, recuerda Violeta (nombre que eligió para resguardar su privacidad) a Tiempo. Él murió un viernes y el martes se casaba. Varias veces iba enfermo a trabajar para que Casalini no se enojara. Violeta integraba el equipo de conducción con Casalini y, luego de que el marido de la directora intentara golpearla renunció a su cargo. Osvaldo Marini, el marido de Casalini, recorre la escuela y dicta órdenes como si fuera un directivo más, pero no tiene ningún cargo. Ni siquiera es docente. Según denuncian, amedrenta y hostiga al personal docente y no docente, como «guardaespalda» de la directora. En los papeles trabaja en relación de dependencia para Ecohabitat S.A., una empresa contratada por el Gobierno de la Ciudad para la recolección de residuos y la higiene urbana.
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