Lo que sigue va a exigir un esfuerzo de credulidad: entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente saliente Mauricio Macri le compró al Metro de Madrid 36 coches usados para sumarlos a la línea B del subte. Antes de que cumplieran los cinco años de servicio, debieron ser retirados de circulación porque contenían piezas con asbesto, un material termoeléctrico resistente que, ante una exposición prolongada, puede provocar cáncer con una alta tasa de mortalidad. En el medio, más precisamente en 2014, el por entonces subsecretario de Transporte porteño, Guillermo Dietrich, le reclamó al gobierno nacional una «compensación», alegando que se usaron fondos de la Ciudad para afrontar un gasto que, por un compromiso asumido con anterioridad, se debió haber pagado con dinero de las arcas federales. Recién en julio de este año, el propio Dietrich, actual ministro de Transporte de la Nación, desestimó el pedido que él mismo originó por considerar que no existió «ningún incumplimiento contractual» por parte del Estado y pateó la pelota para más adelante. Por eso, Horacio Rodríguez Larreta insistiría con otra demanda millonaria por los vagones contaminados. Lo alienta que su jefe político y responsable de aquella compra no sea esta vez quien deba resolverlo.
Según publicó el periodista Ezequiel Chabay en El Cronista, el alcalde porteño le reclamará al Estado nacional más de ocho millones de dólares en concepto de indemnización, por lo que muchos consideran «la peor compra de material rodante en la historia del subte».
El lote de 36 coches CAF 5000 dejó de circular de manera «preventiva» en febrero de 2018, luego de los reclamos de los metrodelegados, movilizados por la publicación en medios españoles de las muertes de dos empleados del Metro de Madrid, provocadas por el asbesto en formaciones similares a las incorporadas a la línea B.
En un primer momento, desde Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), se negó que los trenes comprados tuvieran ese material cancerígeno. Sin embargo, tras abrir una comisión de evaluación, admitieron la contaminación en al menos tres formaciones.
El propio titular del organismo, Eduardo de Montmollin, confesó durante una entrevista con CNN que los manuales de los vagones adquiridos en 2011 especificaban la presencia de la sustancia cancerígena. «Es cierto que hay documentación que dice eso, pero no había manera de afirmar o validar si esto era efectivamente cierto o no», justificó.
El escándalo de la compra de coches con asbesto llevó al ingeniero en Seguridad Ambiental e inspector de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, Edgardo Castro, a denunciar a Macri y Rodríguez Larreta por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento. «Se importó un material que está prohibido, y enfermó a 14 trabajadores, y esos trenes que compró a 550 mil dólares cada uno no podés venderlos ni como chatarra», argumentó.
A su vez, el gobierno porteño, a través de Sbase, demandó al Metro de Madrid por la venta «ilícita» de los vagones con asbesto y pidió un resarcimiento de 15 millones de euros.
En 2011, Macri viajó a España para supervisar en persona los coches comprados. El diario El País publicó entonces que el «Metro de Madrid se frota las manos con los 4,2 millones de euros que ha sacado por la venta de unos vagones carne de chatarrería tras 32 años de traqueteo».
También señaló que el actual presidente de los argentinos los había inspeccionado «como si fuera un entendido en la materia». «
El reclamo continúa
El jueves pasado, los metrodelegados del subte B liberaron durante dos horas los molinetes de la estación Federico Lacroze, en protesta por la presencia de asbesto en los vagones, y volvieron a reclamar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires «iniciar la compra de una flota completa de trenes libres de asbesto».
«A pesar de tener conocimiento de esta situación, ni SBASE ni Metrovías han hecho nada en los últimos 15 años para modificar un escenario que pone en riesgo la vida de miles de trabajadores y trabajadoras del subte», dijo la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).
Los metrodelegados exigieron el recambio total de la flota del ramal B a partir de al menos once casos de empleados, principalmente mecánicos de los talleres, que padecen patologías pulmonares por la exposición al asbesto.
