En una clara muestra de disciplinamiento, la cooperadora de un colegio estatal que hace al menos tres años mantiene un conflicto con el Gobierno de la Ciudad, fue intervenida por el Ministerio de Educación porteño, con la policía forzando la cerradura de la oficina donde funciona, dentro del colegio, luego de que la justicia fallara en contra de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Se trata de la asociación cooperadora de la Escuela N°4 DE 16 “Álvarez Thomas”, del barrio de Agronomía, que es propietaria del natatorio que se encuentra dentro del colegio, construido y sostenido por la cooperadora hace más de cuatro décadas, y cuya comunidad fue a la justicia para reclamar por los recortes en el Plan Natación que desde 2017 impulsa Larreta, que quitan clases de natación a cientos de chicos.

En primera instancia y luego, también, en la Sala I de la Cámara de Apelaciones, hubo fallos favorables a padres y alumnos del Álvarez Thomas. Pero la respuesta del gobierno porteño ha sido la intervención.

La Asociación Cooperadora de la Escuela Álvarez Thomas emitió un comunicado dirigido a la comunidad educativa, explicando los pormenores de la sorpresiva intervención por parte del Ministerio de Educación porteño.

“Lo sorpresivo y arbitrario de la decisión no nos permite poder informar ahora de los motivos formales de la intervención, pero no dudamos que es en respuesta al resultado desfavorable para el Gobierno de la Ciudad de las acciones llevadas a cabo por la comunidad por las clases de natación de jardín y primaria”, señalaron.

Un año atrás, el 3 de septiembre de 2019, el juez de la causa, Aurelio Ammirato, había convocado a una audiencia por el cumplimiento parcial de la orden judicial, que era ignorado por la ministra Soledad Acuña, por lo que desde la cooperadora se solicitó girar las actuaciones al fuero penal, para que se determine el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La respuesta ha sido una intervención en una de las escuelas públicas más prestigiosas de la ciudad de Buenos Aires. “No tenemos dudas de que el objetivo del Gobierno de la Ciudad es desarticular a la comunidad atacando a la cooperadora para poder avanzar sobre la pileta y sobre los recursos de la escuela”, sostiene el comunicado.

Carla, mamá de un alumno de 3° grado, explicó que “estamos todos en alerta por la intempestiva intervención que se dio ayer (martes) por la mañana en este espacio natural de participación democrática que tenemos las familias de la escuela pública, por motivos que no son valederos. Los argumentos que esgrime el Ministerio que encabeza la ministra Acuña son irregularidades muy menores, lo que evidencia una intervención de carácter político y, lo digo sin vueltas, de venganza, ante una comunidad que se organizó para defender la pileta de nuestra escuela, que es un orgullo para nuestra comunidad”.

“La intervención da cuenta de la lucha que dimos y viene a aleccionar a esta comunidad y a todas las comunidades, para hacerles saber que luchar tiene consecuencias. Lo vemos como un acto de gravísima intromisión institucional”, agregó Carla.

“Hay una trampa en todo esto –explicó-. Las cooperadoras funcionan gracias al voluntarismo ad honórem de muchas familias que en muchos casos no tenemos conocimientos contables, financieros ni administrativos, lo hacemos sencillamente por amor a la escuela pública, y de hecho, garantizamos el funcionamiento de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, por el financiamiento deficiente que otorga esta gestión. Sin cooperadoras, no hay escuela pública, esa es la verdad. Y ahora están atentando contra esa participación democrática”.

De acuerdo a la cooperadora, la intervención se fundamenta en tres puntos: se objeta que se contraten docentes porteños para actividades extracurriculares (en realidad, la ordenanza 35.514 prohibe emplearlos en relación de dependencia, no como locación de servicios); que se hayan pagado honorarios a una abogada en el litigio contra el GCBA, a lo que la cooperadora responde que “a nadie se le puede quitar el recurso de la justicia”; y una serie de faltas formales (que documentación original de gastos relacionados con la pileta no se encontraban fisicamente en la cooperadora, porque forman parte del paquete probatorio en el juicio por la pileta, o que ingresos devenidos de una “feria del plato” en un recreo no estaban debidamente acreditados pero si ingresado el dinero) que desde la escuela aseguran que tuvieron debida respuesta en una auditoría, y que en realidad indican que el acoso a la cooperadora del Álvarez Thomas busca un claro objetivo disciplinador para quienes osen oponerse a los designios de la ministra Acuña, la misma que quiere, en plena pandemia, abrir las escuelas como si fueran bares.

El Álvarez Thomas no es un colegio más. Con pileta propia, talleres extracurriculares y un servicio de comedor autogestionado por la cooperadora, que supera largamente en calidad a los alimentos que entrega el gobierno porteño. Son sólo cuatro las escuelas públicas porteñas que gestionan su propio comedor, una afrenta para un negocio que la gestión PRO ha explotado con amplios beneficios para un puñado de concesionarios que cobran mucho y aportan cada vez menos nutrientes a los menúes escolares.

Otro punto es el fondo de reserva de 24 millones de pesos que tiene la cooperadora, que sostiene la pileta y los talleres, entre otras muchas actividades comunitarias. “Creemos que la intervención también apunta a quedarse con esos fondos”, dijo Paula Insaurralde, integrante de la comisión directiva de la cooperadora, fondos que pensaban destinarse a la construcción de un gimnasio.

«En los últimos tiempos la cooperadora de ‘el Alva’ se ha transformado en una obsesión para Rodríguez Larreta. No solamente porque ha ganado un juicio que le impidió expropiar la pileta, sino porque el comedor escolar trabaja con personal propio en lugar de adquirir las viandas de los proveedores que impone el Gobierno», dice el comunicado de los padres y madres del Álvarez Thomas.