La Asociación Gremial Docente de la UBA denunció que un centenar de docentes del curso de ingreso a los colegios dependientes de la Universidad de Buenos Aires podrían quedarse intempestivamente sin trabajo.
Es que a diferencia de todos los años no recibieron la designación de su cargo que se renueva en forma anual. Es la modalidad que se adopta desde el año 2016 y que este año no se ha efectivizado.
En rigor, algo similar había ocurrido el año pasado cuando, al comenzar la cuarentena y verse suspendidas las clases, las autoridades de la Universidad tampoco renovaron esos cargos por varios meses hasta que, luego de un conflicto y reclamos gremiales consiguieron que las autoridades les pagaran siete meses adeudados reconociendo su vínculo laboral.
El cierre circunstancial del conflicto con esa modalidad de pago daba a entender que la UBA reconocería el vínculo laboral también para el ciclo lectivo de 2021. Pero no. Se trata de docentes que, en algunos casos, acumulan más de 20 años de antigüedad al frente de esos cursos.
La nueva planificación del curso de ingreso en un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus indica que el mismo comenzaría recién en junio. La discontinuidad del contrato permite presumir que la intención de las autoridades es, eventualmente, reanudar el vínculo a partir de ese mes dejando sin ingresos a un centenar de trabajadores de la educación.
De hecho, fuentes gremiales confirmaron que Oscar García, Secretario de Educación Media de la UBA, reconoció que el ingreso se realizará en un período reducido que va desde junio hasta diciembre. En esas condiciones creen que la intención es reducir el tiempo de la designación.
Un comunicado de los propios docentes indica que “esta decisión se monta además sobre un esquema de precarización laboral que se basa en el sostenimiento de todo el plantel docente con designaciones interinas anuales o cuatrimestrales, que genera que muches compañeres alcancen 5, 10 y hasta más de 20 años de docencia en forma interina”.
Al mismo tiempo, la declaración indica que “los argumentos de índole ‘pedagógica’ esbozados por Oscar García son completamente falaces: la reducción del tiempo del curso de ingreso -que ya funcionó de esta manera durante dos décadas- no significa un incremento de las oportunidades para más estudiantes, ni tampoco la reducción de la presión”.
Es que, explican, la reducción del curso de ingreso a la mitad de los meses dificulta las oportunidades de ingresar a los colegios preuniversitarios de aquellos estudiantes de familias que no disponen de los recursos suficientes para afrontar las cuotas de los institutos privados que se especializan en dar apoyo escolar para ingresar a esos colegios profundizando la desigualdad pre existente y «elitizando» aún más el acceso a esos Colegios.