Algo no está bien. En la misma semana en que el presidente Mauricio Macri volvió a hablar de la lucha contra el narcotráfico como una «política de Estado» (fue durante la presentación de un plan que prevé crear 94 nuevos cargos de jueces y 85 de fiscales en todo el país para perseguir el tráfico de estupefacientes), un intendente de Cambiemos amplió su declaración indagatoria en la causa que lo tiene como imputado por sus presuntas vinculaciones con una banda narcocriminal. Se trata de Sergio Varisco, el jefe comunal de Paraná, que sigue en funciones pese a que la Justicia le prohibió salir del país, le ordenó presentarse todos los viernes en el juzgado y detuvo a su subsecretaria de Seguridad y a un concejal oficialista.

El jueves, Varisco volvió al despacho del juez federal Leandro Ríos para ofrecer «nuevos puntos de prueba». También pidió que la Agencia Federal de Inteligencia que conduce Gustavo Arribas –denunciado por el cobro de coimas en el marco de la operación Lava Jato, en Brasil– colabore en la investigación. «Vine a disipar todas las dudas que podía haber respecto de esta causa», dijo el intendente al finalizar su declaración. Sin embargo, el juez Ríos está convencido de que Varisco era el financiador del transporte y la comercialización de cocaína en su ciudad.

La suerte del funcionario empezó a estropearse el 9 de agosto de 2016, con la detención de Daniel «Tavi» Celis, luego de un intento de asalto en una estancia de Las Cuevas, cerca de Paraná. Pero el robo no era la principal fuente de ingreso de Tavi. Un allanamiento en su celda de la Unidad Penal 1 «Juan José O’Connor», de la capital entrerriana, demostró que comandaba, junto a su hermano Miguel «Cholo» Celis, por entonces en libertad, una organización dedicada al tráfico de drogas. En aquel operativo se secuestró un celular y las escuchas telefónicas revelaron que el preso mantenía conversaciones con su pareja, Luciana Lemos, y el concejal Pablo Hernández, de Cambiemos. El análisis de esas comunicaciones y las pruebas recolectadas a lo largo de todos los operativos, que incluyeron allanamientos en la Municipalidad, el Concejo Deliberante y la casa del jefe comunal, convencieron al juez de que Varisco aportaba dinero para que la organización liderada por Celis se aprovisionara de cocaína, que luego vendía en distintos barrios de Paraná y Concordia. Además, la acusación sostiene que el intendente, el concejal Hernández y la policía y funcionaria municipal Griselda Bordeira adquirieron al menos seis ladrillos de cocaína por los que pagaron entre 150 mil y 165 mil pesos cada uno, para su comercialización.

El intendente ya había tenido que declarar como testigo en una instancia previa de esta causa, en la que se investigaba a Celis por repartir marihuana en camiones de basura y que terminó con el secuestro de una narcoavioneta con 317 kilos de cannabis.

La postura de Varisco fue siempre la misma. Insistir en su inocencia y desconocer cualquier tipo de relación con Celis. «Yo nunca he comercializado droga; nunca adquirí ni un gramo de cocaína ni un kilo, más aún, no tengo ninguna adicción; no financié ni tuve contacto con ninguna de las personas que se mencionan. No he hablado nada con ellos, ni los he financiado», juró en su primera declaración indagatoria ante el juez, el 4 de junio pasado.

«Nosotros veníamos denunciando a Celis desde 2009. Ya por esa época reconoció en un reportaje que trabajaba políticamente para Varisco. Al año siguiente, colaboró en su campaña para intendente, que terminó perdiendo. En 2014 y 2015 esa relación se profundizó», le explicó a Tiempo Daniel Enz, uno de los periodistas paranaenses que siguió el caso de cerca.

El propio Tavi, cuando declaró en la causa como arrepentido, corroboró el acuerdo político con Varisco para las elecciones de 2015. Contó que militó en la campaña electoral con su Movimiento Vecinalista del Oeste, y detalló que aportó dinero para recibir a cambio contratos para sus familiares y allegados. Aceptó, además, que «la estructura municipal» le servía para los movimientos de su organización narco (por ejemplo, usaba camiones oficiales para transportar la droga).

La última semana resultó movida para Varisco. El lunes, irrumpió en la sesión del Concejo Deliberante y provocó el levantamiento de la sesión. «Quería que los vecinos sepan la verdad», justificó. Tal vez haya sido idea de Mariano Cúneo Libarona, la flamante incorporación del equipo de abogados que lo defiende.

En Pilar, la sombra de Pablo Escobar

En la última semana, el titular del Juzgado Federal N° 3 de Morón, Pablo Barral, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos –viuda e hijo del narco colombiano Pablo Escobar Gaviria– y a su compatriota ex futbolista Mauricio “Chicho” Serna Valencia, como partícipes necesarios del delito de lavado de activos agravado por tratarse de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.
La investigación permitió establecer que Piedrahita Ceballos –calificado también como capo narco por la DEA– y su entorno tenían contactos con el grupo económico que lideraba el abogado Mateo Corvo Colcet, el desarrollista favorito del intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, de Cambiemos.
Según los fiscales, Piedrahita lavó a través de Corvo Dolcet y otros socios unos 15 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Para ello eran necesarios grandes emprendimientos inmobiliarios en Pilar, como el proyecto de 200 mil metros cuadrados a la vera de la Panamericana y lindero con las vías del ferrocarril San Martín. «