El Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), junto a un arco de organizaciones regionales presentaron este viernes un nuevo informe que fue elaborado en el marco de un estudio que investiga las condiciones de vida de las mujeres trans y travestis privadas de la libertad.
El trabajo muestra la forma en que los países de América Latina continúan enfrentándose al empeoramiento de las condiciones de detección en las prisiones y el hacinamiento, y en la actualidad, el impacto del Covid-19 en estos lugares ante un posible brote.
Además, el informe indica que hay falta de densidad de las normas y de políticas públicas que apunten a suavizar estos problemas. También subraya la necesidad que existe de despoblar las cárceles que están con superpoblación antes que el virus ingrese a los centros de detención de la región. Muchos de estos dispositivos penitenciarios cuentan con infraestructuras muy precarias.
“Desde hace más de una década la procuración cuenta con el Equipo de Genero y Diversidad Sexual que monitorea las condiciones de vida e las mujeres cis, trans y travestis en el encierro. Visitamos las cáceles con frecuencia, emitimos recomendaciones, hacemos denuncias por motivos de identidad de género y orientación sexual. También nos dedicamos a elaborar información estadística cuantitativa y cualitativa sobre el encarcelamiento masivo de las personas trans”, explica a Tiempo, Josefina Alfonsín, responsable del proyecto sobre LGTB+ en contexto de encierro de la PPN.
“En los últimos años hemos fortalecido nuestro trabajo a partir del vinculo con organizaciones civiles. Pensamos que es muy importante que las políticas públicas se construyan en conjunto con la sociedad. En 2017 en conjunto con muchas organizaciones de Latinoamérica y el Caribe formamos una red de trabajo internacional que está liderada por personas trans que estuvieron presas y al salir formaron entidades políticas para ayudar a las personas LGBT+ en el encierro”, continúa contando, Alfonsín.
“Fue así como surgió la necesidad de construir un informe regional que de cuenta de las problemáticas que viven las personas trans en la cárceles y que muchas veces son invisibilizadas por el sistema penal”, asevera Alfonsín. Y agrega: «Notamos una alarmante ausencia de normas y políticas públicas para esta comunidad. Los servicios penitenciarios de los distintos países no registran a las mujeres trans, por lo que no hay estadística oficial”.
En Argentina durante los últimos años tuvo un crecimiento exponencial del encarcelamiento de mujeres trans y travestis. Los datos más resientes que fueron presentados por el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), dan cuenta de una creciente criminalización hacia este colectivo.
Cabe destacar que siete de cada diez de estas mujeres se encuentran privadas de su libertad en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) por infringir la Ley 23.737 de estupefacientes. Para finales de 2018, el 76 % se encontraba detenida sin condena firme, lo cual resulta alarmante. En esta línea señalan que la Ley de drogas actúa de forma discriminatoria y desproporcional con ellas, dejándolas expuestas a múltiples situaciones de violencia institucional que a diario ocurren en las cárceles.
La investigación da cuenta del impacto diferencial de la prisión en el caso de las mujeres trans y travestis. Consideran que hay que trabajar en mejorar las condiciones y calidad de vida de estas personas mientras transitan el encierro punitivo. El informe describe las formas particulares de vulneraciones de derechos, actos de discriminación y violencias hacia este colectivo.
Desde la PPN celebran la presentación de este estudio colectivo, que dará lugar a seguir construyendo recomendaciones y políticas públicas regionales que dialoguen con la agenda de los Derechos Humanos de las mujeres trans y travestis privadas de su libertad.
El proceso de investigación participativa fue dirigido por mujeres trans que estuvieron en prisión y fue presentado con el nombre de «Mujeres trans privadas de libertad: la invisibilidad tras los muros». Es el resultado de la colaboración de nueve organizaciones que trabajan en defensa y Derechos Humanos: Almas Cautivas; Casa de las Muñecas Tiresias: Casa Hogar Paola Buenrostro; el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), Dejusticia, Equis: Justicia para las Mujeres, la Procuración Penitenciaria de la Nación en Argentina, la Red Corpora en Libertad y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
