El jean, la remera, el buzo, la camisa que usás todos los días, ¿sabés cómo se fabrican? ¿Y si estuvieran hechos por esclavos en talleres clandestinos? ¿Quién hace tu ropa? Esta última pregunta da título a un flamante libro engordado por siete investigaciones de especialistas y académicos que radiografían la industria de la indumentaria en la Argentina. Un sector, el de la confección, que es sinónimo de superexplotación, tercerización y fracaso de las políticas públicas. También, emblema de los problemas estructurales de la industria nacional, con sus recurrentes sube y baja.
“Desde las máquinas de coser distribuidas por la Fundación Eva Perón hasta los actuales talleres clandestinos, oscilando entre la sustitución de importaciones y las periódicas aperturas comerciales ‘liberalizadoras’, los distintos actores productivos y el Estado han conducido a esta actividad hasta la situación presente: una industria fragmentada, deslocalizada y en vilo frente a la competencia internacional, que emplea a 150 mil personas (es la industria que genera más puestos laborales), de las cuales aproximadamente un 70% son trabajadores o emprendedores informales con trabajos de baja calidad”, explican en la introducción del libro Andrés Matta y Jerónimo Montero Bressán, investigadores del Conicet y coordinadores del volumen que publicó el sello Prometeo.
Montero Bressán es doctor en Geografía Humana e investiga la industria de la indumentaria hace más de una década. “Mi interés por el tema surgió directamente del incendio en el taller de costura ilegal de Luis Viale, en Caballito, en 2006. Lo vi en la tele y me pregunté cómo podía pasar algo así”, explica en diálogo con Tiempo, recordando el fuego que hace exactamente 15 años alumbró con luz siniestra la explotación que sufren los migrantes en los talleres clandestinos.
El investigador de la UNSAM precisa que hay alrededor de 5000 talleres ilegales en la Ciudad de Buenos Aires, cifra que proviene de un relevamiento realizado por la Subsecretaría de Trabajo, junto a organizaciones de talleristas. Si bien, aclara, la cantidad de trabajadores es difícil de establecer, un relevamiento de la Procuraduría Contra la Explotación y Trata de Personas (Protex) indicó que cerca de 50 mil trabajadores del sector de indumentaria operan en condiciones en las que hay riesgo de vida. “Estamos a cinco minutos de otro Viale, porque no hay control del Estado –arriesga Montero Bressán–. Y menos cuanto peor está la situación económica, como ahora en pandemia. Hay una intención de recuperar la economía a como dé lugar, y en la indumentaria eso implica no controlar. Lo mismo pasó después de 2001, con una rápida recuperación del sector, a costa de las muertes de los talleristas y las condiciones terribles de laburo que ya conocemos.”
–En el libro hacen foco en cómo la informalidad es un rasgo de la industria de la indumentaria en general, no sólo en los talleres ilegales.
–Totalmente, ese dato se calcula por distintos indicadores como la Encuesta Permanente de Hogares y la cantidad de monotributistas que hay en el sector. Siete de cada diez están en la informalidad. Hay un circuito totalmente informal que se da a partir de La Salada, que durante años se fue consolidando: es gente que dejó de coser para las marcas y se dedicó a vender lo suyo o a alguien de la feria. Y las marcas, cuando necesitan liquidez, venden también en ese mercado.
–Tu trabajo aborda el devenir de la producción y el comercio internacional de indumentaria, la más global de todas, y de cómo se inserta la Argentina en ese escenario.
–En el paso del posfordismo al neoliberalismo se puede ver cómo la industria local se adaptó a las reglas de juego mundiales. Hace décadas que las grandes corporaciones occidentales lograron recortar costos laborales enviando la etapa de producción intensiva a países de mano de obra barata. Eso provocó una deflación de los precios internacionales de la ropa. Este proceso dejó fuera de competencia a las fábricas argentinas de ropa básica. La respuesta fue vender ropa de marca, que tuviera algo de diseño local, o compran remanentes de marcas de Europa para venderlos en shoppings remarcados un 700 por ciento. Surge entonces el “marquismo” como modelo de negocios. Más allá del producto, el consumidor paga la marca. El producto cuesta un 5%; el costo industrial es de entre el 11 y el 14%; el resto es el gasto comercial: el diseño, el alquiler del local en el shopping, la publicidad.
–De alguna manera, las marcas fueron responsables de alimentar el circuito de superexplotación.
–Son las principales responsables, porque generaron la demanda de esta mano de obra. Cerraron las fábricas y se dedicaron a hacer mucha plata desde los ’90, basando su modelo en la informalidad, con la excusa de que no podían competir. Se dedicaron a vender ropa que dejaba mucha más ganancia, porque pasaron de pagar salarios a sólo la ropa que producen a fasón.
–En paralelo, las empresas hablan de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
–Cuando a fines de los ’90 salieron a la luz las condiciones de trabajo en que se hacía la ropa de Nike, Adidas y otras multinacionales, hubo un movimiento muy grande de boicot a estas marcas. El retruque de la industria fue salir con lo de la RSE, un maquillaje. De la mano del gobierno estadounidense, surgieron muchas ONG que hacían auditorías en el 5% de las fábricas, les ponían una etiqueta a la ropa de que estaba todo bien, aunque en el otro 95% reinaba la explotación extrema. La careta se cae definitivamente en 2013, con la tragedia de Rana Plaza, en Bangladesh, el derrumbe que dejó 1134 obreras muertas, la tragedia industrial más grande de la historia.
–¿Qué lectura hacés de las políticas públicas para el sector?
–Es muy difícil planificar si tenemos idas y vueltas en las políticas de protección comercial. No son a largo plazo y es complicado pensar en invertir cuando el día de mañana puede venir otro Macri y abrir las fronteras. Eso no justifica que marcas con niveles altísimos de facturación como Cheeky o Mimo, que tienen más de 1000 empleados, no tengan un solo costurero. Alimentan el circuito informal. Por otro lado, la falta de control del Estado es impresionante. Los gobiernos de la Ciudad y de Provincia tienen la potestad para controlar las condiciones de trabajo a domicilio, los talleres entran en esa categoría, pero no lo hacen. Faltan inspectores y sus prioridades son otras. Además, muchas veces compran a proveedores que alimentan el circuito ilegal.
–¿Qué consecuencias trajo la pandemia para la industria de la indumentaria local?
–Bueno, se dio la explosión de la confección de barbijos. Y los talleres informales tomaron ese trabajo, con las mismas condiciones de siempre. En paralelo, la crisis económica provocó un cierre casi total de la importación. Así que estamos como en 2002. Buena parte de la ropa colgada en los locales se hizo en talleres clandestinos. «
Sudor
El concepto de talleres esclavos no es nuevo. A finales del siglo XIX, un informe del Parlamento inglés ya denunciaba lo que denominaba el “sistema de hacer sudar” que utilizaban firmas como Gath & Chaves para sobreexplotar a los trabajadores textiles. “Es un modelo de tercerización en la producción que sigue funcionando al extremo en pleno siglo XXI”, dice Jerónimo Montero Bressán.
Fast fashion y la contaminación
El fast fashion (moda rápida) es el nuevo paradigma que actualmente domina la industria de la moda global.
“Se trata de ropa hiperadaptada a las tendencias y lo que busca es proponerle al consumidor una indumentaria cambiante, de muy baja calidad y a precios bajísimos. Y esta tendencia ha venido a profundizar el problema laboral”, sentencia Jerónimo Montero Bressán.
El “modelo Zara”, asegura, sólo se puede sostener mediante la subcontratación a costureras informales en las cercanías de los mercados.
“Es una lógica típica del capitalismo en crisis, como el momento actual. Se calcula que la caída de ventas a nivel mundial fue el último año de entre el 25 y el 30%, y que se tira entre 20 y 40% de la ropa que se produce, lo que genera una contaminación impresionante.
Piden expropiar Luis Viale para que sea un espacio de memoria
El 30 de marzo de 2006 (el martes pasado se cumplieron 15 años), cinco niños y una joven mujer embarazada murieron en el incendio de un taller textil clandestino en Luis Viale 1269, en Caballito. Quienes regenteaban el taller fueron condenados a 13 años de prisión por reducción a la servidumbre. Pero a los dueños de las marcas los sobreseyeron. Hoy, organizaciones de migrantes reclaman que el inmueble, en venta por inmobiliaria, sea expropiado como espacio de memoria.
Una familia en busca de una nueva vivienda en la Ciudad dio con un terreno en esa dirección. Vio el aviso y se acercó para ver cómo era la cuadra. Las paredes les contaron que no era cualquier lugar: que allí había funcionado un taller clandestino, que terminó en tragedia. La inmobiliaria no quiso dar información sobre los dueños: también fueron protegidos por la Justicia.
En el lugar vivían 65 personas. Más de la mitad eran menores de edad. El incendio mató a Juana Vilca (de 25 años), Wilfredo Quispe Mendoza (15), Elías Carbajal Quispe (10), Luis Quispe (4), Rodrigo Quispe Carvajal (4) y Harry Rodríguez (3).
“En mayo de 2019 los dueños de las marcas para las que trabajaba el taller fueron sobreseídos por el Juzgado Criminal y Correccional N° 27, de Alberto Baños. La fiscal era Betina Votta: hizo un trabajo espantoso. Se les devolvió el inmueble. Y ahora se está pidiendo la expropiación, para hacer un museo sobre la explotación a trabajadores migrantes en la Argentina”, explica Montero Bressán, que además es miembro de la Campaña Justicia por las Víctimas del Taller Textil de Viale. “Los dueños le alquilaban el local a los talleristas y les habían adelantado plata para las máquinas. La vinculación era absolutamente directa y el sobreseimiento es inexplicable”.
El libro ¿Quién hace tu ropa? cuenta cómo se vivía en Viale. Todos provenían del mismo pueblo, Cohana, en Bolivia, a 70 kilómetros de La Paz, por lo que había relaciones de parentesco entre el tallerista y algunos de los trabajadores explotados.
