Cuatro femicidios en el mes de septiembre sucedieron en la provincia de Jujuy y con ellos la bronca e indignación popular se expresó en las calles con multitudinarias marchas que cuestionaron y pusieron en jaque a las instituciones de los tres poderes del Estado. Una estructura de poder hasta ahora cómoda, se comienza a mover desde abajo y las que traccionan son las organizaciones de mujeres y feministas en conjunto con las familias de las víctimas de los femicidios.
Cesia Reynaga tenía 20 años, desapareció el 29 de agosto. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 8 de septiembre en el pozo de un matadero en la localidad de Abra Pampa, en la puna jujeña, el lugar donde vivía. Cesia fue vista por última vez cuando se dirigió a la plaza del pueblo a encontrarse con un amigo. Muchos días pasaron hasta que por un llamado anónimo a la policía, estos pudieron dar con ella. Ya era tarde. El principal sospechoso es un chico de 14 años, hijo de la concejal Noelia Velázquez de la intendencia de Abra Pampa. Humberto Mendoza y Benito Agüero, padre y abuelo respectivamente de quien sería el femicida quedaron signados como cómplices.
Iara Belén Rueda tenía 16 años, desapareció el 23 de septiembre. Su familia con apoyo de amigos y familiares inundó con su rostro las redes sociales y organizó -ante la falta de respuesta del Estado y la Justicia, a quienes acudió desde un primer momento-, un rastrillaje por su barrio y aledaños. Iara vivía en San José, un complejo de viviendas del Gobierno, de asentamientos y loteos fiscales en la ciudad de Palpalá, en el límite con la capital jujeña. El 28 de septiembre, además de salir a rastrillar, la familia convocó a todas las personas que apoyaban su pedido. En la ruta nacional 66, desde las 9 de la mañana comenzaron a llegar organizaciones de mujeres, feministas, sociales, de todo tipo, y también autoconvocadxs. El aparato policial que no había sido dispuesto para la búsqueda, se desplegó para un posible desalojo y represión. Quienes estaban al frente de los reclamos eran en su mayoría mujeres, algunas de ellas con sus hijos a cuesta.
En un confuso hecho, en horas de la mañana, la Policía había encontrado un cuerpo sin vida enterrado en un baldío de un barrio colindante al de Iara, su DNI estaba al lado. Las familias de Iara y Gabriela, otra de las chicas palpaleñas buscadas, se enteraron por los medios de comunicación del hallazgo, se dirigieron hacia el lugar, pero las autoridades no les permitieron verlo, por lo tanto tampoco lograron identificarlo. Recién en horas de la tarde José Rueda, padre de la joven, lo confirm la identidad de su hija a los medios nacionales. Ese mismo día, en plena ruta, las mujeres jujeñas nos enteramos del femicidio de la joven. Por la tarde, la marcha que se organizó para pedir celeridad en las búsquedas, gritó al unísono por justicia. Todavía faltaba encontrar a Gabriela y por ella también se pronunciaron los cuerpos, las voces y esa gran marea que conforma la marcha de más de 15 mil personas las calles palpaleñas. “Es la primera vez que ocurre una marcha así en Palpalá” decían los vecinos.
Roxana Mazala, era productora rural en el Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE – CTEP en la ciudad de Perico. El día de la primera gran marcha participó activamente como lo hacía siempre, ese día también era su cumpleaños, cumplió 31. Tenía 3 hijos a su cargo y estaba en pareja con Fabián Barraza de 36 años. El 29 de septiembre, aún en recuperación por el impacto del femicidio de Iara, las noticias daban a conocer un nuevo femicidio: era el de Roxana. Las primeras hipótesis decían que Barraza la había envenenado y que luego se había suicidado. La autopsia reveló que fue estrangulada. Su hija mayor, de 14 años, fue quien la encontró sin vida.
El 30 de septiembre en la ciudad de San Salvador tuvo lugar otra marcha multitudinaria, esta vez en la capital jujeña. Las calles clamaban por justicia para Iara, Roxana y Cesia, por la aparición con vida de Gabriela y también se pidió la renuncia de los responsables políticos de tanta desidia.
Cerca de la madrugada, nuevamente los portales digitales anunciaban que habían encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, era Gabriela. Ella tenía 24 años, también de la ciudad de Palpalá y era madre de dos niños, uno de 4 y otro de 7. Matías Figueroa de 24 años, ex pareja de la joven, confesó a la policía, luego de seis días de búsqueda, haberla asesinado. Figueroa había participado de los rastrillajes para su búsqueda y posteaba en redes sociales su supuesta tristeza por la frustración que le causaba no tener noticias de Gabriela. El jueves se hizo una nueva marcha en Palpalá en pedido de justicia.
Estos cuatro femicidios en menos de 20 días sacan a la luz, muchas situaciones, una de ellas es la paradoja del Estado en su accionar, por un lado la ausencia de las fuerzas de seguridad en la búsqueda de las chicas que desaparecen y por otro una marcada presencia de ese aparato, para el amedrentamiento y la represión cuando la sociedad civil organizada y autoconvocada, reclama efectividad y celeridad. Mariana Vargas, es abogada feminista y una de las primeras especializadas en delitos de género en nuestra provincia. Ella estuvo presente en todos los casos que marcaron un quiebre en Jujuy que impactó directamente tanto en la política pública como en el tejido social. Mariana analiza: “si bien todos los femicidios son evitables y siempre hay una responsabilidad estatal si uno analiza cada uno de los casos, se ve que falló el Estado, porque no se evitó. Pero creo que es la primera vez, después del caso de Nahir Mamaní que se visibiliza tan claramente que las pibas estarían vivas si el Estado hubiese actuado. Que la desidia fue demasiada extensa, no fue una desidia que se develó después, como en el caso de Nahir que nos enteramos después que ella había ido a la Secretaría de paridad de género de la provincia en una situación de crisis, después de haber sido apuñalada y que ahí le dieron un turno al que ella no asistió y después la mataron. Eso nos enteramos después del crimen. En estos últimos casos nos enteramos en las previas, sobre todo en el caso de Iara dónde el reclamo fue en un principio por su búsqueda. Esto tiene una profundidad y una intensidad distinta en relación a la percepción de lo que es la omisión estatal, como responsables también, de los crímenes contra las mujeres”.
Sobre el accionar de los poderes Ejecutivo y Judicial Vargas opina: “en todos los crímenes ha sido un accionar cómplice y deficiente. En el caso de Cesia se hicieron las investigaciones sobre dónde se activó el celular, cuando ya se había encontrado el cadáver. Cuando leí esa noticia en el diario, pensé: ¿Cómo puede ser que no se haya hecho esto antes? Hay cosas que se pueden hacer al instante y se pueden hacer cuando las pibas desaparecen, y se las puede encontrar, pero aquí todo se hace después, eso demuestra cuánto le importa a la Fiscalía y al Estado la vida de las mujeres”. Las denuncias se radican en las seccionales, comisarías barriales, quienes dan aviso a la Fiscalía interviniente dentro de la estructura del Ministerio Público de la acusación a cargo de Sergio Lello Sánchez, quien además posee varias denuncias formales por acoso y violencia laboral.
Por las inacciones e irregularidades del MPA y la secretaría de seguridad de la provincia a cargo de Ekel Meyer es que el Gobernador Gerardo Morales, como respuesta institucional ante los últimos femicidios y el descontento y furia colectiva que generó, creó la figura de un Comité Interinstitucional permanente de actuación ante la desaparición y extravíos de mujeres, niñas o personas de la diversidad, comprendido por el MPA, el ministerio de Desarrollo Social a cargo de Natalia Sarapura, la secretaría de Seguridad y el Consejo Provincial de la Mujer e igualdad de género con Alejandra Martínez a la cabeza.
Organizaciones feministas, del movimiento de mujeres, de las disidencias sexuales y demás organizaciones sociales y políticas rechazaron la norma aprobada por el oficialismo, como Ley Provincial Nº 6.185 en un documento que recolectó 700 firmas. “No se trata de reescribir leyes y protocolos, que ya están en vigencia y que se actualizan constantemente. Se trata de que se conozcan, se capacite a agentes, para aplicarlos y, finalmente, de que se cumplan, con adecuados presupuestos e insumos necesarios, para proteger a las mujeres, infancias y adolescencias y disidencias sexuales”, es uno de los argumentos.
Al respecto Mariana agrega: “no necesitamos de un comité para que cuando una piba desaparezca se la busque de forma inmediata. Hay organismos e instituciones que pueden resolver las cosas si hay interés en la vida de las pibas y hay un cumplimiento de los deberes de funcionario público. No cumplirlos es delito y esto es lo que ha ocurrido en el caso de Iara y Gabriela”.
“El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas”: algunas respuestas ante la desidia del Estado en las manos de la población
Desde los rastrillajes en los que participaron vecinos de los barrios de Iara y Gabriela, las convocatorias espontáneas en la ruta, las marchas espontáneas y las más organizadas, incluso en localidades que antes no reclamaban por estos temas, los grupos de whatsapp que se crearon por barrios en la ciudad de San Salvador para accionar con urgencia ante la desaparición de alguna joven, los puntos seguros que son comercios o empresas privadas que ofrecen llamadas y refugio ante alguna urgencia, son algunas muestras del compromiso y el impacto que estos femicidios causaron en la sociedad Jujeña.
En pleno aislamiento, las calles volvieron a ser escenario para lo que no se quiere ver ni escuchar.
Mucha fue la bronca e indignación de la sociedad en cada punto de la geografìa jujeña. La semana en la que sucedieron tres femicidios movilizó a las calles y sensibilizó hasta a los más incrédulos, hasta a aquellas personas que clamaban que “hay otras formas” a las feministas o a las organizaciones sociales ante sus métodos de participación directa. Así, a pesar de encontrarse Jujuy en Fase 1 por el Covid-19, se organizaron dos marchas multitudinarias, la primera el lunes 28 de septiembre, que recorrió las calles de la ciudad de Palpalá con 15 mil personas, en su mayoría mujeres y adolescentes.
El miércoles 30, las organizaciones de mujeres, feministas, de la comunidad LGBTTIQ+, de Derechos Humanos, sociales y barriales, estudiantiles, como así también personas no agrupadas, colmaron las angostas calles de San Salvador. A su paso la columna de más de 10 cuadras, solo recibía aplausos y puños en alto. Desde balcones y negocios, las miradas no eran de desconfianza o indiferencia como en otras marchas del calendario feminista, sino de congoja y preocupación, de una emoción que no podía contenerse, que se expresaba además en esos ojos vidriosos y colorados que dejaban entrever los tapabocas.
Una de las paradas obligadas fue en las oficinas del Consejo Provincial de la Mujer, Género y diversidad a cargo de Alejandra Martínez. Espacio estatal que también el clamor popular señaló como responsable, por acción u omisión, en las desapariciones y femicidios. “Lo que más nos preocupa es la problemática de los centros de atención a víctimas de violencia, el problema es que son 12 con equipos profesionales precarizados. Necesitamos refugios por barrios, si no vamos con eso, vamos a tener muchas más Roxanas, muchas más Gabrielas, muchas más víctimas de femicidios íntimos, porque con los centros eso es lo que se puede prevenir” dijo Vargas.
Acerca de la falta de capacitación integral en violencia de género se vio en cadena provincial cuando el secretario Meyer expresó: “Roxana estuvo con su pareja por su propia voluntad” en un claro acto de culpabilización de la víctima. Sobre esto la abogada explica: “estamos en presencia del círculo de violencia, y de la vulnerabilidad de las mujeres. Con Roxana no estuvo el Estado, ya sea para hacer que ella no vuelva, ni para reanudar la medida, ni para garantizar que económicamente pudiera comer ella y sus tres hijos. Es un discurso tremendamente justificante de la violencia machista y culpabilizante de las víctimas que siguen siendo sometidas a violencia e incluso asesinadas por la violencia machista”.
Ley de Emergencia en Violencia de Género
Otra respuesta institucional a la marea de indignación, fue la puesta en marcha de un proyecto de Ley de Emergencia en Violencia de Género para la provincia de Jujuy, tarea que desde la Legislatura provincial asumió la presidenta de la comisión de Género e Igualdad de oportunidades Leila Chaher. Así, este jueves 8 y el viernes 9 de octubre se llevarán a cabo sesiones especiales de la comisión, en la que participarán las organizaciones de la sociedad civil con trabajo territorial en género. Durante 10 minutos podrán brindar los aportes que consideren pertinentes a la futura ley. En la comisión ya se presentaron nueve proyectos.
Para Mariana Vargas, la posibilidad de una emergencia en violencia de género sin la voz de la Multisectorial, no es la mejor solución. “Creo que es un momento histórico, siempre hemos logrado que las oposiciones hagan los proyectos de emergencia pero que no los dicte el gobierno. Desde el 2007 es así. Lamento profundamente que esto se dé después de tanta sangre derramada, que haya tenido que ser así. Creo que hoy con lo que ha ocurrido, una declaración de emergencia sin las nueve medidas concretas que proponemos desde la Multisectorial de mujeres y disidencias, no es algo que sirva; por eso para nosotras es tan importante que sean las medias que proponemos, las que se garanticen con la emergencia. Necesitamos centros de atención a víctimas de violencia y refugios por barrio, que haya más recursos en los juzgados especializados y que se capacite a la policía de la provincia, que sigue rechazando denuncias. Necesitamos que esto cambie en forma abrupta y necesitamos que haya recursos para esto en forma inmediata. Estas propuestas deben ejecutarse de manera urgente, porque sino el punto es que la reacción misógina está abroquelada para seguir matando. En esta marea lo que tenemos son muchas mujeres que empiezan a visibilizar y a poner freno a las violencias que ejercen sobre ellas y esto inevitablemente genera la reacción del otro lado. Por eso necesitamos más que nunca un Estado presente, previniendo la violencia, acompañando, garantizando derechos, garantizando el acceso a la justicia y a las medidas cautelares. Que nos cuiden porque estamos en una situación de desigualdad en esta sociedad y sin la presencia del Estado, lo que nos queda es el feminicidio”.
La rebelión de las mujeres en Jujuy está en marcha, sin dar respiro a los principales responsables de la desidia estatal, el quiebre en la sociedad está dado por este paso en identificar que es la política pública la que determina en última instancia nuestra seguridad y derecho a una vida digna, y de este descubrimiento, no hay vuelta atrás.
