La Procuración Penitenciaria de la Nación y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) firmaron un convenio para diseñar estrategias conjuntas para combatir esta problemática en un espacio por demás sensible. Ambos organismos se comprometieron a trabajar en tres ejes: la discriminación entre los presos; la que se ejerce desde el Servicio Penitenciario; y la que padecen los allegados de los detenidos, extramuros.

La idea central del acuerdo tiene que ver con la formalización del intercambio de información entre las instituciones sobre los distintos casos. Además, se brindarán asistencia mutua, promoverán actividades de cada una de las instituciones y participarán de las entrevistas en los complejos penitenciarios.

“Esto es muy importante porque de alguna manera desde distintos organismos del Estado vamos teniendo el mismo discurso en torno a la defensa de los Derechos Humanos de las personas que están detenidas, que suelen ser vulnerados”, destacó a Tiempo Argentino Francisco Mugnolo, el procurador penitenciario de la Nación que rubricó el documento junto al interventor del INADI, Claudio Presman.

“A nosotros nos llegan muchas denuncias –continuó Mugnolo- vinculadas con la discriminación por el color de piel, la nacionalidad o la identidad de género, entre otras. Por eso, destaco que a partir de ahora se puedan vehiculizar este tipo de situaciones y que haya un sistema de comunicación con el INADI para poder dar una respuesta más rápida y llevar con mayor claridad a los penales una política de Derechos Humanos”.

Presman, por su parte, indicó que “este tipo de acuerdos tiene como fin trabajar en la búsqueda de justicia y dar un cambio cultural para lograr un país más diverso e inclusivo”.

Entre otros puntos, el convenio contempla el compromiso de ambos organismos de cooperar mutuamente en el desarrollo de proyectos y acciones en materia técnica y científica como así también en el asesoramiento para el aprovechamiento de las distintas capacidades.

Además, se estableció que la Analía Miskowiek, de la Dirección de Asistencia a la Víctima, y Andrea Triolo, subdirectora de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos, llevarán adelante los distintos programas que se instrumenten a través de la firma de algunos Convenios Específicos.

“Se pondrá en un mismo plano la discriminación que pueda darse en un contexto de encierro y la que se dé hacia sus familiares fuera del penal. Haremos un trabajo integral en cada una de las cárceles que visitamos todas las semanas. Contamos con 10 delegaciones regionales en todo el país y hay mucho por hacer, sobre todo con el sector que pertenece a los pueblos originarios o los presos que se encuentran en lugares de frontera”, concluyó Mugnolo.