Mientras el Congreso de la Nación debate una posible despenalización del cannabis para determinados tratamientos médicos, el Ejecutivo decidió promulgar la semana pasada en el Boletín Oficial los cambios en el código penal a partir de la reforma de la Ley de Drogas Nº 23.737, que establece prisión de 4 a 15 años, y multas de 45 a 900 unidades fijas a quien, sin autorización, siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes, o elementos destinados a tales fines. También a los que produzcan, fabriquen, extraigan o preparen estupefacientes; comercien con estupefacientes, o incluso con plantas o sus semillas. Y agrega: Cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena será de un (1) mes a dos (2) años de prisión.
En el andar cotidiano, las detenciones a cultivadores de cannabis medicinal persisten (la última, Eric Pascottini y Nicolás Tverdovsky, el 3 de octubre en Capilla del Monte, que continúan presos), y en la Cámara Baja, el dictamen que obtuvo mayoría fue el de Cambiemos y el Frente Renovador, que no despenaliza el cultivo, a diferencia del proyecto en minoría del FpV y la Izquierda. Para Luis Osler, abogado, director del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa), la política del gobierno en cuanto a este tema no incluye de ninguna manera la despenalización y la Argentina va quedando cada vez más atrasada en la Región.
-¿De qué trata la reforma publicada días atrás en el Boletín Oficial?
-La reforma es una reforma conocida desde hace tiempo, aprobada en el Congreso. No es un decreto del Poder Ejecutivo. Y es una reforma que preocupa más por lo que no tiene que por lo que tiene. Lo que hace es incluir los precursores químicos en varios artículos, subiendo las penas en algunos casos, y sobre todo las multas, incluyendo la responsabilidad de las personas jurídicas. Redireccionando hacia sociedades en los casos donde los delitos de la ley se hayan llevado a cabo a través de personas jurídicas, agravando las penas para estas. Y si reinciden, se las baja del registro del IGJ. La reforma mantiene algunos artículos cuestionables, pero en realidad es una reforma legal, y sobre todo preocupa lo que no se hizo, porque por ejemplo siguen manteniendo como delito la tenencia para consumo personal y el cultivo para consumo personal. Esto nunca se desagregó de la ley 23.737, aun existiendo fallos que indican que esto es inconstitucional. Sin embargo se mantiene.
-¿Cómo ve la política del Ejecutivo en relación a este tema?
-Con respecto a la despenalización, no lo digo yo, ellos mismos no se cansan de repetirlo: no va a haber ninguna despenalización. Por lo menos eso es lo que se dice desde el Ejecutivo, y sobre todo desde el Ministerio de Seguridad. La política de drogas actual no incluye de ninguna manera la despenalización, eso es lo que se dice desde el oficialismo. Probablemente desde los otros bloques no se piense lo mismo.
-¿Y el debate en el Congreso sobre el cannabis medicinal?
-No me parece un debate estéril, porque no se debate sólo en el ámbito dogmático del Congreso, sino que se está replicando en otras provincias y en bastantes municipios. Esta no reforma del Congreso impacta igual que la ley antes de ser reformada, en el sentido de que al no hacer la distinción entre usuarios, entre lo que es una tenencia o cultivo para consumo personal, no respetar la postura constitucional, por supuesto se van a seguir alimentando estadísticas basadas en usuarios, y el cannabis medicinal es justamente para un tipo de usuarios: los medicinales. La ley no hace distinción de usuario, los persigue por igual, establece una pena para quienes tengan en su poder cannabis o a quienes lo cultiven para consumo personal, y de hecho sigue estableciendo una pena canjeable por un tratamiento extorsivo de rehabilitación sobre una adicción que jamás se tuvo. Impacta negativamente tanto como impactaba antes. Y esto juega con otros artículos, como la reforma del artículo 30 que habla de la destrucción en el caso de los usuarios medicinales, al permitirse rápidamente la destrucción de las sustancias secuestradas. Ya ni siquiera importaría que posteriormente la persona tenga una respuesta favorable después de mucho tiempo y sea considerada no delincuentes porque sus remedios, aceites o plantas para hacerlo, ya serían irrecuperables y estarían destruidos.
-¿Cómo ve la postura oficial en el Congreso?
-No es tan homogénea como es respecto de otros temas. Tomando al oficialismo como todo el Bloque Cambiemos, dentro de los radicales existen posturas bastantes diferenciadas respecto del cannabis medicinal. Salvo en el Pro, es un tema que atraviesa a todos los demás bloques y en el que no todos están de acuerdo en la postura de dejar afuera a los usuarios medicinales o de dejar afuera de cualquier reforma el autocultivo y el cultivo colectivo y solidario, que en definitiva son las banderas que enarbolan los usuarios medicinales para garantizarse el acceso universal, y no el acceso a través de una importación o a través del suministro para determinadas enfermedades, como hasta ahora se quiere lograr sólo con la epilepsia infantil, habiendo cientos de enfermedades tratables, no curables todas, pero sí tratables a modo de cuidado paliativo donde el cannabis surte un efecto positivo.
-¿Y a nivel regional cómo está la Argentina?
-Claramente estamos bastante a la cola de este tren, si tenemos en cuenta que Uruguay regularizó el uso del cannabis, se compra en laboratorios, permitió clubes de cultivo, tiene usos medicinales, avanza sobre patentes; y si Chile tiene un cultivo oficial junto con la gente de la fundación Daya y de Mamá Cultiva Chile, donde tienen la idea de proveer aceite a miles de familias. Inclusive tienen una reforma dentro de su propia ley que nace también a partir del respeto a ciertos fallos anteriores, lo que acá todavía no sucedió y no parece que vaya a suceder. Por lo cual la postura de la Argentina a nivel regional está bastante atrasada.
-¿Hacia dónde debería avanzar la política oficial?
-Mi postura, y lo que pensamos dentro del CECCa, es que en principio, y esto lo sabe cualquier abogado que se dedique al derecho penal, la salud y el derecho penal no deben ir de la mano: no deben decidir jueces sobre salud, ni médicos sobre derecho penal. Este es un tema de salud y debe ser tratado dentro de la órbita de salud, por lo cual tendría que quedar fuera de Seguridad. Después, es de vital importancia habilitar el auto cultivo, y el cultivo colectivo y solidario para el uso medicinal, como garantía al libre acceso, pero también como garantía al acceso inmediato, como es el caso de epilepsias que se hacen refractarias a determinadas cepas de aceite. Este es el tema por el cual las madres cultivan varias cepas, para poder tener de forma inmediata el recambio. Cosa que si dependiese de una importación sería prácticamente imposible. De hecho sólo se está importando la CBD, de un suplemento dietario llamado Charlotte, de los hermanos Stanley en California, y este CBD atiende una absoluta minoría de casos de epilepsia, con lo cual entiendo que inclusive para no generar intranquilidad se pueden registrar los cultivadores. De hecho quienes hoy por hoy llevan esa actividad en forma ilegal lo hacen de la manera más transparente posible, para evitarse problemas frente a un allanamiento. Llevan registradas cantidades, quiénes cultivan, qué cultivan, quién lo recibe, cuánto producen, en qué enfermedad lo utilizan, y todo con una historia clínica atrás ratificando el uso. Eso se puede oficializar y se daría un gran paso.
