Como todos los días, Ramón se levantó a las 5 de la mañana para iniciar su jornada laboral. Del otro lado de la puerta escuchaba murmullos de personas hablando, veía luces intermitentes y perros que ladraban sin parar. “No entendía muy bien lo que pasaba y decidí subir nuevamente hasta mi departamento para ver desde la ventana”. Las luces eran patrulleros de la policía de la Ciudad, las voces de agentes de infantería y “los perros imagino que eran de la policía aunque de lejos no los podía ver”, agrega,
Alrededor de 70 familias que viven en un hotel del barrio de Constitución, ubicado en Solís 1841, resistieron durante varias horas un intento de desalojo sin previo aviso. “Nadie nunca nos avisó nada sobre este desalojo. No entendemos que fue lo que pasó”, contó a Tiempo una vecina que vive en ese lugar hace 25 años. La zona amaneció rodeada con decenas de agentes de la Policía de la Ciudad, varios vehículos de detención, carros de asalto, camiones hidrantes y casi 80 agentes de Infantería preparados para sacar por la fuerza a las familias.
La orden de desalojo fue dispuesta por el Juzgado Civil N° 93, sobre la base de una causa iniciada en 2007 ¿los motivos? se desconocen. “Gracias a la resistencia de las familias y al apoyo de los vecinos y vecinas del barrio, y a la presencia de organizaciones, la policía porteña no pudo realizar el desalojo”, cuenta a Tiempo Gigi Krein, integrante de la organización Consejería de Viviendas. El intento de desalojo estuvo lleno de irregularidades. “Nunca jamás notificaron a las familias sobre que se iba a realizar el desalojo, ni hubo un censo para conocer el estado de quienes viven en el lugar, cuántos niños y niñas hay y cómo se encuentra el conjunto de sus habitantes”, agrega Krein. El acceso a Solís al 1800 se vió totalmente interrumpido por varias horas. La policía porteña instaló vallas antes de las 6 de la madrugada y pocos minutos después, intentaron ingresar por la fuerza, luego de mostrar la orden judicial a través de los ventanales que dan a la calle.
“Es necesario aclarar que quién tiene la potestad de poder frenar un desalojo es el Estado, eso quedó demostrado durante la época de confinamiento en pandemia, dado que los desalojos discurren en su mayoría por los juzgados federales”, detalla la referente social. Las organizaciones que trabajan con el acceso a la vivienda en la Ciudad, conocen el tema de fondo: Hay un mercado ilegal de alquileres de viviendas precarias, sobre todo en los barrios populares, pero que abarca las pensiones y hoteles abandonados de todo el distrito. “Estos alquileres son totalmente informales, no tienen ningún tipo de contrato, y esa situación pone al inquilinos e inquilinas en un estado de terrible vulneración, ya que tienen vedados todos sus derechos”, termina Krein.
Las y los habitantes del edificio recibieron el acompañamiento cientos de vecinas y vecinos del barrio, que se mantuvieron en el lugar increpando a los efectivos policiales que estaban decididos a utilizar la fuerza represiva para comenzar el desalojo: “Hay decenas de niñas y niños en esa casa”, gritaba Lourdes, una vecina que vive sobre la calle Brasil y que se acercó a brindar su apoyo. “Es increíble que Larreta mande a todos estos violentos a querer golpear a las familias que viven acá hace casi 30 años ¿Qué le pasa por la cabeza a este hombre?”, pregunta Lourdes.
La orden de desalojo fue dada por la jueza Paula Andrea Castro, del juzgado Civil N° 93. En varias ocasiones la policía de la Ciudad intentó ingresar por la fuerza a la vivienda pero, con el correr de las horas decenas de vecinos y vecinas de casas linderas se fueron acercando y estaban dispuestos a defender a las familias de ese lugar. Tiempo se puso en contacto con el juzgado que sentenció la orden de desalojo para conocer los motivos de esa medida. El argumento fue el mismo que brindan en otras ocasiones: un supuesto “peligro de derrumbe”.
Más tarde, en una negociación donde intervino la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, acordaron dar plazo hasta el próximo 22 de septiembre. Mientras tanto, el ejecutivo porteño deberá negociar con las 70 familias una reubicación habitacional.
