En su primer año en las calles, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a 24 personas en casos de gatillo fácil: dos por mes. El dato surge de un relevamiento realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y pone de manifiesto el recrudecimiento del uso letal de la fuerza del Estado. El mismo informe destaca que su inmediata predecesora, la Policía Metropolitana, aun teniendo en cuenta que al principio tenía poca presencia en los barrios, había estado involucrada en 20 homicidios a lo largo de sus ocho años de existencia: algo más de dos por año.
El 17 de noviembre de 2016, la Legislatura porteña aprobó el Sistema Integral de Seguridad Pública que permitió la creación de la Policía de la Ciudad, una fuerza que resultó de la fusión de la Metropolitana, creada por el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri en 2008, con la Federal, y que comenzó a funcionar el 1° de enero de 2017. Así, quedó constituida una institución con 27 mil efectivos para un territorio que tiene menos de tres millones de habitantes, es decir, un policía cada 107 personas, casi el triple de los 300 policías cada 100 mil habitantes que recomienda la ONU (el cálculo deja afuera a los gendarmes y prefectos que también «custodian» la Ciudad).
«Cuando se recurre a la militarización masiva de los barrios, como ha hecho el gobierno de Cambiemos desde el minuto cero de su gestión, y además se ordena a los efectivos de esa fuerza de seguridad que apliquen a fondo las herramientas para detener personas arbitrariamente, que intercepten, que pidan documentos, que revisen mochilas, etc., es decir, que tengan una presencia como ellos llaman ‘proactiva’, que en realidad es una represión mucho más visible y sistemática, se producen dos fenómenos que tienen la misma fuente. Por un lado, más policías en los barrios es más poder de fuego y más casos de gatillo fácil. Por el otro, al crecer también el número de detenciones arbitrarias, se producen también más casos de torturas y, por ende, más casos de torturas seguidas de muerte en las comisarías», explica María del Carmen Verdú, titular de la Correpi.
El relevamiento también destaca que «Gendarmería y Prefectura, que irrumpieron en el ámbito del gatillo fácil, la tortura y las muertes en movilizaciones y manifestaciones a mediados de los años ’90, y hoy comparten el control territorial con las policías, han visto incrementada durante 2017 su participación, con un protagonismo excluyente en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel». «
Cuatro ejemplos del recrudecimiento de la violencia institucional
El viernes 24 de marzo de 2017, un oficial de la Policía de la Ciudad que cumplía tareas en las Brigadas de Rápida Intervención, asesinó de un tiro al pecho a un joven de 25 años que, según la reconstrucción de los investigadores, estaba sentado en la vereda sobre el pasaje Timbó, a cinco cuadras de Plaza Flores. Fue «fusilado» desde un Peugeot 307 negro. El agente fue pasado a disponibilidad.
El 8 de junio, el policía de la Ciudad Edgar Alberto Braian Yedro Ocampo, de 26 años, que prestaba servicio en la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOUCAD), asesinó de un balazo a una vecina en la localidad bonaerense de Glew, partido de Almirante Brown, luego de discutir porque, se presume, el hijo de la víctima había roto a pedradas las luminarias del barrio.
El domingo 11 de junio, el cabo de la Policía de la Ciudad Patricio Queirolo mató de un balazo en la cabeza a su expareja y madre de su hija de seis años (y de otra nena de tres), y luego intentó suicidarse, quedando gravemente herido. El hecho tuvo lugar en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Queirolo murió luego de pasar varios días internado en grave estado.
La noche del sábado 29 de julio de 2017, Brian Bravo, un joven de 24 años con antecedentes y problemas de adicción, fue interceptado por policías de la Ciudad. Quisieron detenerlo a los golpes, lo que derivó en que quedara inconsciente. Los uniformados pensaron que «se estaba haciendo el desmayado» para «zafar» de la situación. Cuando su familia acudió al Hospital Ramos Mejía, Brian ya estaba muerto.
El homicidio del Paragüita, a juicio oral
Adrián Gustavo Otero tiene una particularidad nefasta: se convirtió en el primer agente de la Policía de la Ciudad en ser juzgado por un caso de gatillo fácil. Está acusado de asesinar a Cristian «Paragüita» Toledo, de 24 años, en la madrugada del sábado 15 de julio pasado, cuando este volvía con dos amigos a su casa de la villa 21-24, y el oficial de la nueva policía porteña descargó ocho disparos con su arma reglamentaria sobre el auto en el que se movilizaban los jóvenes.
El juez de instrucción Osvaldo Rappa acusó a Otero de «homicidio agravado por el uso de arma de fuego y abuso de su condición de integrante de una fuerza de seguridad», y de «tentativa de homicidio» por lo ocurrido con Carlos Daniel Gavilán, de 24 años, y Jorge Daniel Nadalich, de 25, quienes viajaban en el auto junto a la víctima. «Quedó comprobado que los chicos no estaban armados y que los empezaron a perseguir hasta que mataron a Toledo. Esto nos tiene que alertar sobre cómo las fuerzas de seguridad trabajan en los barrios», advirtió el padre Lorenzo «Toto» De Vedia, cura de la parroquia Virgen de Caacupé de la villa 21-24.
