Hace 77 años el Terrorismo de Estado se apoderó de la sociedad. Pero la dictadura cívico–militar se ensañó con determinados sectores: jóvenes, sindicalistas, dirigentes sociales, militantes políticos, peronistas, de izquierda. Y también las universidades. Dentro de ese grupo hay un sector poco mencionado: el de la psicología.

Cierre de carreras, intervención, exilio, detenciones. La persecución tuvo un epicentro y un hecho que queda en el calendario de los años oscuros para este sector: abril, pocas semanas después del Golpe, La Plata. En un solo día se llevaron a 14 psicólogos.

Así lo contó Edith Pérez, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que fue cesanteada de su cargo de docente en la carrera y debió exiliarse en Costa Rica hasta el retorno de la democracia: “Tomé la decisión de irme del país no sólo por la cuestión universitaria sino también por la cuestión gremial; el sector de los psicólogos fue muy perseguido cuando los militares tomaron el poder. En un mismo día de abril, ‘levantaron’ a 14 psicólogos en La Plata”.

La carrera de Psicología –al igual que muchas otras– fue cerrada por el gobierno militar. Pérez, que en 1976 era presidenta de la Asociación de Psicólogos de La Plata y de la Federación de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, recuerda que «la ciudad era una ratonera». Y acota: “cuando los militares asumieron el control de la Universidad, teníamos que dejar el DNI en una de las puertas de acceso, sobre calle 47, para poder entrar en la facultad y nos daban un tiempo determinado para volver a salir y si uno no salía a tiempo, se movilizaban. Fui sacando mis papeles poco a poco para poder irme al exterior”.

La docente e investigadora, Claudia Orleans, directora de redes en Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UNLP, resalta a Tiempo que las lógicas del horror (acciones represivas, asesinatos y torturas) se dirigieron con mayor intensidad hacia trabajadores, militantes gremiales, movimientos estudiantiles, “sobre todo población joven que expresaban resistencias a un modelo social, económico, cultural de endeudamiento y empobrecimiento, de violencia. La juventud, que prioritariamente se oponía y en muchas circunstancias militaba activamente, fue estratégicamente objeto del genocidio».

«Gran parte del aparato represivo se dirigió a ese segmento de la población. Y allí estaban los movimientos estudiantiles, los y las jóvenes, los y las trabajadoras, y ahí vemos que son las instituciones secundarias, universitarias y las fábricas es donde se inscribe el mayor número de personas detenidas-desaparecidas, asesinadas, privadas de su libertad, objeto de cesantías, abandono de puestos de trabajo o trayectos educativos forzados y exilio”, agregó Orleans.

Desde el área de Derechos Humanos de la Facultad, Orleans coordinó para la Facultad de Psicología el trabajo de digitalización, preservación y reparación de los legajos de estudiantes, docentes y no docentes de la carrera de psicología de la UNLP.

En esos años, Psicología formaba parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Había sido creada en 1958. “En su historia institucional, la dictadura cívico militar tuvo una incidencia devastadora sobre la comunidad –soslaya Orleans–. Entre 1976 y 1978 se profundiza el desmantelamiento de las cátedras y se cierra su ingreso».

«La militarización de las universidades, y en particular su accionar se despliega hacia los y las docentes, la comunidad estudiantil y trabajadores no docentes, provocando una feroz persecución, cesantías laborales, exilio forzado, desaparición de personas, tortura y asesinato. Es necesario referir que los acontecimientos señalados comenzaron desde 1975 con la intervención de la Universidad, poniendo fin a esta situación la vuelta a la democracia en 1983 y la esperada reapertura de la carrera en 1984”, conclye.

Todo lo que sonara “raro”

Como plantea la licenciada en Psicología, María Florencia Plantamura, en la última dictadura no solo se produjo la persecución y desaparición sistemática de estudiantes y profesionales; “también tuvo efectos en las teorías y prácticas: comunidades terapéuticas, las experiencias piloto en los hospitales monovalentes, y en los primeros servicios en Hospitales Generales».

«Sus efectos también comprendieron el desprestigio de las prácticas y teorías, junto con la desarticulación de los espacios gremiales. A nivel académico, implicó la pérdida de autonomía universitaria, el cierre de muchas de las carreras de Psicología así como el desmantelamiento de sus planteles docentes por cesantía y desaparición de muchos de sus profesores”, dice Plantamura.

Angel Plastino, ex presidente de la UNLP entre 1986 y 1992, se refirió al accionar de las autoridades militares en el ámbito universitario: “lo que ellos no estuviesen en condiciones de entender o concebir, simplemente no se hacía o se impedía. Por ejemplo todo trámite complejo se paralizaba; caprichos y arbitrariedades de la autoridad omnímoda pisoteaban derechos y aplastaban iniciativas; el debate estaba prohibido y la confrontación de ideas, esencial en la vida universitaria, se hacía sospechosa. Ni pensar en asambleas estudiantiles».

«La actividad académica se ritualizó en buena medida, y la decadencia intelectual signaba porciones amplias de la vida académica. Meramente se prohibió todo lo que sonara ‘raro’, como la palabra vector, la carrera de Psicología, la de Cine…”, apunta Plastino.

Orleans agrega que el colectivo profesional vinculado a la salud mental fue perseguido tanto en el ámbito académico como en su inserción y desempeño como trabajadores/as de la salud mental en los distintos campos donde desarrollaron sus prácticas profesionales: hospitales, centros de salud en los barrios, proyectos y acciones comunitarias entre otras: “La disciplina fue considerada por la dictadura en el estatuto de peligrosidad y por tanto, quien la ejercía”.

Mariela Ventura, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, realizó un trabajo académico sobre Psicoanálisis y Dictadura, donde relata que la profesión había alcanzado un gran auge en el país a lo largo de los `60, a tal punto que se decía “que Argentina tenía la segunda comunidad de psicoanalizados en el mundo”. Según plantea, el psicoanálisis representaba en la década de 1970 una teoría política -en estado práctico- considerada como una ideología amenazante, “porque entre otras cosas, promovía un hombre reflexivo y libre y se la consideraba atentatoria de los valores sagrados de la familia y de la moral cristiana, siendo acusada de pansexualista, atea».

«Se puede decir que la dictadura tenía como proyecto instalar otro modelo de país y de hombre, un ‘Hombre Nuevo’, tal como lo pensó el nazismo. Para ello había que exterminar esa generación -literalmente- y dar a luz un nuevo tipo de sujeto en el que la discusión ideológica y la práctica política debían desaparecer. El psicoanálisis era considerado una teoría subversiva, y por ello se lo perseguía”, plantea la investigadora.

Ventura se pregunta por qué si se cerraban las carreras de psicología, la actividad privada (como sucedía en Tucumán, por ejemplo) siguió sin interrupciones. Responde: “lo público estaba más asociado con adquisición de ideología marxista, pansexualista, subversiva, no así el ámbito privado que lo veían más como una formación clínica».

«Además, las asociaciones privadas como la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) históricamente habían demostrado casi ninguna oposición al proyecto de la dictadura al mantenerse dentro de una política de ‘neutralidad’ o ‘apoliticismo’, de tal forma que le valió la crítica de los psicólogos y psicoanalistas. Otra de las contradicciones significativas fue la aparición del psicoanálisis lacaniano, su desarrollo y gran crecimiento durante la dictadura hasta convertirse en hegemónico”, sigue.

“En efecto –continúa–, el psicoanálisis representó una teoría en la que muchos antes activistas hallaron refugio. Sin embargo no fue objetada por la dictadura; algunos piensan por la incomprensión habida sobre el léxico lacaniano, por su abstracción, por su mirada a- histórica o más bien simbólica, por su no pronunciamiento político permitió que se mantenga».

«Muchos ‘se encerraron’ literalmente a estudiarlo y los grupos de estudio crecieron y se multiplicaron: en Tucumán, se crearon algunos grupos lacanianos o se re-orientaron otros que ya estaban desde los comienzos de la dictadura como un retorno a Freud a partir del estudio de Lacan. La mayoría de las cátedras, a comienzos de los ’80 presentaban sus programas de estudio fundamentalmente con esta teoría que se convirtió en hegemónica”, concluye Ventura.

Central de inteligencia de la guerrilla

Jorge Jaunarena, secretario de Derechos Humanos de la Asociación de Docentes Universitarios de la Plata explicó que las Fuerzas Armadas “fomentaron el desarrollo de una cultura académica individualista y corporativa”.

El informe de la CONADEP incluye el impacto que tuvo el gobierno militar en los ámbitos universitarios: de los 30 mil desaparecidos que dejó la dictadura, el 21% son estudiantes; y el 5,7% docentes.

Juan José Catalán, entonces titular de Educación de la dictadura, envió en 1977 a todos los establecimientos educativos un folleto informativo llamado Subversión en el ámbito educativo (Conozcamos a nuestro enemigo), donde hablaba de la idea de la guerra interior ideológica para justificar las desapariciones y asesinatos: “Es así como el comunismo internacional hace la guerra y a veces derrota a Occidente, pese a ser más fuerte, pues seguimos aferrados a la nostálgica ilusión de paz… ‘La paz es la continuación de la guerra por otros medios’… Mientras para el mundo occidental la guerra resulta un hecho límite, el bloque comunista la utiliza permanentemente, encubriéndola con velos sutiles”.

La dictadura tendría en los jóvenes universitarios a uno de sus grupos de víctimas predilecto. Solo en la UBA fueron 1086 los detenidos–desaparecidos o asesinados. El 90% no había terminado su carrera. Pablo Pineau, Doctor en Educación de la UBA lo describe: “La dictadura se ensañó, sobre todo, con los jóvenes universitarios. Si uno mira los porcentajes de desaparecidos uno puede ver que la franja etaria más golpeada fue la juventud, que coincide con la universitaria: esto es aplicable a toda la comunidad: docentes, no docentes, estudiantes. El golpe fue durísimo”.

Hacia noviembre de 1976 el secretario de Educación de la Nación, el contralmirante Enrique Carranza, ordenó cerrar las “carreras menores” porque existía “una saturación de egresados”: Servicio Social, Bibliotecología, Teatro, Cinematografía, Audiovisualismo, Ciencias de la Información, Conducción Sindical, Relaciones Públicas, Oceanografía, Arte y Folklore y Saneamiento Ambiental. Estas decisiones no salían de la nada. De hecho desde 1975 a las carreras de Antropología y Sociología se las consideraba “subversivas”.

En la mayoría de las universidades, como la UBA y la UNLP, a principios de marzo de 1977 se produjo un descenso abrupto del número de inscriptos en todas las carreras, con excepción de Medicina. El rector de la UNLP, Guillermo Gallo, lo atribuía al “caos que vivía la Universidad” convertida en la “central de inteligencia de la guerrilla”. Meses más tarde aludió a la necesidad de reestructurar las universidades debido a que no era posible que un país con 25 millones de habitantes contara con un total de cincuenta universidades, “una cantidad exagerada”.