María Delia Fernández Cravero («Maridé», como la llaman), tomó el cargo de conducción del Lengüitas en noviembre de 2019. A los cuatro meses tuvo que gestionar la escuela desde una computadora. El confinamiento había sorprendido al mundo. Al regreso de la presencialidad, en poco tiempo logró una relación casi única con la comunidad educativa: había un ida y vuelta con las familias, estudiantes y con el equipo docente. Durante las tomas de escuelas por parte de los alumnos, Maridé aseguró no estar de acuerdo con la medida pero garantizó que el estudiantado pudiera ejercer su derecho a manifestarse.
Esta historia tiene un origen. El viernes 26 de noviembre de 2022, la psicopedagoga de la escuela le informa que un alumno no había regresado a su casa. Estaba desaparecido desde hacía varias horas. En esa misma jornada, Maridé lo informó a la supervisora del distrito quien se lo notificó a la Directora de Escuelas Normales Superiores, Valeria Casero.
Pasó más de un día hasta que en las últimas horas del sábado finalmente el chico apareció, con algunas lesiones provocadas por un supuesto intento de suicidio. “El lunes convoqué a la psicopedagoga que estaba haciendo un seguimiento del estudiante porque tenía algunas faltas y materias bajas, y recién ahí me informa que en septiembre del 2022, debajo de su banco, habían encontrado un papelito con frases como ‘no tengo ganas de vivir’”, relata Cravero a Tiempo. La psicopedagoga lo contó recién dos meses después. Nunca labró un acta.
“Mi supervisora me indica que debía formular una sanción a la psicopedagoga porque no informó a su debido tiempo ni a la dirección ni a los Equipos de Orientación Escolar”, agrega hoy Maridé, quien en ese momento realizó el apercibimiento a la psicopedagoga, mientras la escuela siguió acompañando a la familia y al estudiante.
El 22 de diciembre la supervisión le informó que había llegado un pedido de sumario ordenado por el Ministerio de Educación porteño. Maridé hizo un descargo sobre todo lo que había ocurrido. “Estaba con mucha bronca porque la supervisión tampoco entendía por qué me sancionaban”, recuerda a este diario.
El martes de la semana pasada, la rectora del Lengüitas fue finalmente removida de su cargo. Lo justificaron en este hecho, aunque la medida coincide con otras sanciones a directivos y trabajadores escolares. Todos “no alineados” a la gestión de Soledad Acuña, en establecimientos donde proliferaron las tomas de estudiantes en reclamos por mejoras en sus escuelas. Por primera vez la ahora ex rectora habla con un medio.
–Si usted cumplió con los pasos legales ¿por qué fue removida?
–Creo que es por una cuestión política, porque yo cumplí con todos los pasos. Y la directora del área del Ministerio de Educación, Valeria Casero, fue notificada de este hecho al instante que yo me enteré. El sumario a mi nombre sólo se entiende haciendo una lectura política por lo que fueron las tomas del año pasado por parte de los estudiantes que pedían mejoras en el sistema educativo. Yo ni siquiera coincidía con la medida de las tomas, pero siempre busqué garantizar mecanismos democráticos, hablando con ellos y con las familias.
–¿En las tomas hubo bajada de línea desde el Ministerio?
–Sí, la orden era que disciplinemos a las y los estudiantes. Esto en realidad no es un ataque hacia mí, más allá de que sea la única afectada directamente. Es un ataque a la comunidad educativa del Lengüitas que siempre defiende sus derechos. La gestión política de la Ciudad ataca a la escuela por no coincidir políticamente con la comunidad del Lengüitas.
–¿Desde la supervisión qué opinan de este tema?
–Ellos entendieron que yo no les podría haber dado un alerta a los EOE cuando desconocía la situación, y cuando fui notificada del hecho cumplí con todos los pasos que tenía por delante.
Disciplinamiento
Perseguir, hostigar y sancionar se convirtió en un leitmotiv por parte de la cartera que conduce Soledad Acuña. En menos de dos años, el gobierno porteño sancionó a varios maestros y directivos que hicieron reclamos o defendían los de sus estudiantes. La pedagogía del castigo se profundizó tras la pandemia.
El Covid provocó la muerte de al menos 35 trabajadores de la educación en la Ciudad. En septiembre de 2021, en la Primaria N° 19 Distrito Escolar 19 de Villa Soldati, apareció Fabián Capponi, director general de Educación de Gestión Estatal y mano derecha de la ministra, con paso socarrón y aire de grandeza paseándose por el patio del colegio. A los pocos metros su provocación ya era repudiada por el plantel docente del establecimiento.
Uno de sus colaboradores comenzó a filmarlo detrás. Sabía que la presencia de “su jefe” iba a sumar el repudio de muchos docentes que no comulgaban con el retorno masivo a clases en medio de la ola contagios. Capponi había sido uno de los principales impulsores.
El resultado: a dos docentes le suspendieron el salario por 30 días. El gobierno porteño apuntó a Jorge Adaro, secretario gremial de Ademys y Juan Manuel Di Vincenzo, delegado de ese sindicato. Acuña pidió el desafuero.
“Ese pedido sigue en curso y ya fueron agotadas las etapas de testigos de las partes que desmontaron uno a uno los argumentos del gobierno, y ahora estamos a la espera de la definición del juzgado”, explica Adaro.
“Lamentablemente esta es una muestra más de querer doblar la apuesta en el disciplinamiento y persecución a la docencia y a los que luchamos”, agrega. Ambos pedidos de desafuero tramitan en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo a la espera de una resolución.
Tomas
En noviembre del año pasado, a casi dos meses del inicio de las tomas de escuelas, la titular de la cartera educativa sancionó al vicerrector del Mariano Acosta, Julio Pasquarelli. Se basó en un video editado publicado por Clarín, donde se lo ve hablando al alumnado: «Hay un equipo directivo que sabe que tiene espaldas suficientemente grande para que cuando toquen a un solo padre, a un solo docente, vamos a salir a luchar y no lo vamos a permitir», decía en la grabación, tras la amenaza oficiala de sanciones a las familias de estudiantes.
“En este momento me encuentro en la etapa de alegatos –remarca a Tiempo–. Desde Educación me culpan de haber alentado las tomas. Pero el discurso que viralizó la propia Acuña fue recortado y posterior a una toma”.
El vicerrector del Mariano Acosta recuerda que durante la toma un empleado del gobierno de la Ciudad, entró a la escuela y cortó la luz para que los estudiantes desistan de la medida: “Cuando pasó esto no podía mantener la calma y contener la angustia con más de trescientos estudiantes a oscuras y asustados”. «
El rol de Clarín en las sanciones a directivos
Los datos personales de María Delia Fernández Cravero aparecieron por primera vez el 13 de julio en una nota de Clarín. Culpaban a la rectora del Lengüitas y reconocían que esa información la obtuvieron desde el Ministerio de Educación porteño: “De acuerdo a las fuentes del área de Educación, la directora tuvo varias fallas en el seguimiento del estudiante, ya que no elevó el caso para la consideración de los especialistas ni informó la situación del adolescente. A mediados de mayo se le abrió una investigación”, destaca el artículo periodístico de Clarín.
“Una vez que se mediatizó este hecho, se puso en contacto conmigo un periodista de Clarín y nadie de la comunidad educativa le había pasado mi contacto. Ellos publicaron mi nombre completo cuando nadie se los había pasado”, cuestiona Maridé. Misma situación ocurrió en la sanción al vicerrector del Mariano Acosta: “me entero del inicio de mi sumario por la tapa de Clarín. A mí nadie me había notificado formalmente. Ese mismo día Acuña publicó en sus redes el video que recortó Clarín”, recuerda Pasquarelli.
