En julio del año pasado, un fallo histórico hizo justicia para los habitantes de La Pampa. Después de muchos años de lucha y reclamos, podía empezar a recuperar el Río Atuel que denunció le había sido robado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó que la provincia de Mendoza debía garantizar un caudal inicial mínimo permanente de 3,2m3/s en el ingreso del río a la provincia de La Pampa. Además dejaba abierta la posibilidad de que ese caudal, incluso, podría ampliarse. Este fallo es un gran triunfo judicial y político para La Pampa. Similar al de 2017, cuando el máximo tribunal ratificó que el Atuel es interprovincial. Este viernes 21 de octubre, miles de pampeanos movilizaron para reafirmar los Derechos Pampeanos sobre el Rio Atuel.
«Mendoza, una vez comenzadas las negociaciones (entre 2018 y 2019), había propuesto largar 1,3 m3/s para nuestra provincia y llegar a 2,6 m3/s en cinco años. En tanto, La Pampa reclamó inicialmente 3,4 m3/s, para pasar en forma progresiva a 4,5 en un año. Pero la Corte fijó el valor en 3,2 m3/s”, destacó en diálogo con Tiempo Néstor Lastiri, Secretario de Recursos Hídricos de La Pampa. “La provincia de Mendoza se niega a cumplir con el fallo y utiliza toda el agua del río para su propio provecho, para regar sus campos y otras utilidades, dejando a los pampeanos y pampeanas sin caudal”, agrega Lastiri.
La Provincia de La Pampa entiende que el caudal hídrico apto que se fije (3,2 m3/s) debe hacerse efectivo en forma, inmediata, porque cada día que pasa sin agua “se acrecienta el daño ambiental social y desertización de más de 50 mil hectáreas de su territorio. Hace 77 años que el rio no corre por La Pampa, debido a que Mendoza se apropia de toda el agua en forma arbitraria inconsulta y unilateral consumiéndola en un riego muy ineficiente”, suma el funcionario de La Pampa.
Mendoza deja escurrir el agua hacia La Pampa cuando hay excedentes, una situación que no ocurre muy seguido. Por ejemplo, durante más de 23 años (entre 1947 y 1970) no dejó pasar una gota de agua. Misma situación que se repite desde diciembre de 2019 hasta la fecha. Por esta situación, centenares de personas tuvieron que migrar a otros lugares. La Corte Suprema de Justicia falló en 1987 que el río Atuel era interjuridiccional, es decir, perteneciente a ambas provincias. Además, dijo que Mendoza tenía derecho a regar hasta 75.771 hectáreas, pero la provincia se negó sistemáticamente a cumplir con cada uno de los fallos judiciales.
“El agua es un bien Público y con la interrupción permanente del escurrimiento, ve afectado permanentemente el derecho humano de acceso al agua”, suma Lastiri.
El costo económico de no contar con el Río Atuel
Además de la catástrofe ambiental, el corte del río Atuel, generó millones de dólares en pérdidas para La Pampa. El Gobierno local estimó que Mendoza estaba provocando, a fines de 2011 y principios de 2012, una pérdida económica que ronda los 100 millones de pesos. Los valores fueron establecidos en el Estudio para la Cuantificación Económica elaborado por la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) en el año 2012.
Es por eso que este viernes movilizamos para reclamar por nuestro derecho de acceso al agua del río, exigirle a la Corte Suprema que haga cumplir el fallo, y reclamarle a la provincia de Mendoza que deje de violar una orden judicial”, subraya Lastiri. “Nos juntamos en el Puesto Vinchuqueros a las 11 de la mañana, para que se cumpla ya con el caudal mínimo permanente”, termina.