El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, de visita en Argentina, advirtió este jueves que personas con orígenes socioeconómicos vulnerables son más susceptibles de ser detenidas por el sistema de justicia penal del país.

«Aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como los niños, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía por la sospecha de haber cometido un delito o ‘demorados’ para verificar su identidad», señalaron los expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) durante una presentación de sus conclusiones preliminares.

En un diálogo posterior con Sputnik y otros medios nacionales, los expertos en derechos humanos Sètondji Roland Adjovi y Elina Steinerte afirmaron que «las protestas sociales siguen siendo criminalizadas y reprimidas».

«En nuestros hallazgos preliminares hablamos de los sindicatos como grupos expuestos dentro de la selectividad de la justicia penal», comentaron.

En particular, los especialistas calificaron de «alarmante» la actitud «desproporcionada» que adoptan las fuerzas de seguridad «ante las manifestaciones realizadas por los pueblos indígenas».

La delegación de la ONU exhortó al Gobierno de Argentina a cambiar estas directrices y a reanudar «el proceso de diálogo» con este colectivo.

El Grupo de Trabajo también tuvo constancia de «testimonios de casos de privación de la libertad y maltrato de menores de 16 años por parte de las fuerzas de seguridad».

Tras visitar 19 centros de privación de libertad y entrevistar a unas 200 personas, el comité de expertos cuestionó además la situación en la que se hallan personas discapacitadas privadas de libertad, que no acceden a recursos para poder vivir con sus familias y están recluidas en instituciones psiquiátricas durante años o décadas, sin posibilidades de que vuelvan a ser libres.

Los expertos de la ONU lamentaron, por otra parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri que restringe el ingreso al país y acelera la deportación de extranjeros con condenas privativas de libertad o con antecedentes.

«Tenemos serias preocupaciones sobre este en cuanto a su alcance porque además es contradictorio con la propia ley de Migraciones» vigente desde 2004, añadieron.

Junto con los otros tres integrantes del Grupo de Trabajo, Roland Adjovi y Steinerte recorrieron durante diez días la ciudad y la provincia de Buenos Aires (este), la jurisdicción de Chubut (sur) y la de Jujuy (norte).

PRISIÓN PREVENTIVA

Una de las conclusiones sobre su viaje es el alcance de la prisión preventiva, que afecta al 60 por ciento de la población penitenciaria.

Las comisarías son utilizadas para albergar a personas en prisión preventiva e incluso ya condenadas, pese a que no están equipadas con ese fin, ni el personal cuenta con la instrucción necesaria para actuar como agentes penitenciarios.

El grupo de la ONU también tuvo oportunidad de visitar a la dirigente social Milagro Sala, detenida desde enero de 2016 en Jujuy (norte), acusada de corrupción y otros delitos en varias causas judiciales.

Al respecto, los expertos se excusaron de realizar una evaluación sobre sus condiciones de detención, dado que «no sería apropiado que hiciéramos un comentario sobre esta etapa».

«En esta visita no se trataba de un solo caso, tenemos que analizar la foto en general, todos los centros de detención, de modo que tiene que haber un momento de reflexión a la luz de lo que hemos visto», justificaron.

La presencia en Argentina de la delegación de Naciones Unidas, por invitación del Gobierno, se produce a 15 años de su última visita, aunque su viaje «no necesariamente consiste en un seguimiento del informe realizado a partir de la visita en 2003», detallaron.

Salvo «dos incidentes menores» durante su recorrido, los expertos valoraron que en general existiera un trato cordial en su diálogo con funcionarios nacionales, provinciales y locales.

«Cuando decimos que hablamos con las autoridades, nos referimos a que nos reunimos con todas las ramas del Gobierno y con individuos dentro de centros de detención seleccionados de manera aleatoria para tener una idea de cómo funciona el sistema», explicaron.

El Grupo de Trabajo presentará su informe final sobre la detención arbitraria en Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2018.

Todas las observaciones que realicen deberán ser cumplidas por el Gobierno.