Movilizaciones, abrazos al Sanatorio Méndez, volanteadas y radios abiertas; un reclamo constante de trabajadores y trabajadoras estatales de la Ciudad que desde hace meses alertan sobre el inminente cierre de su obra social, ante la falta de pago a prestadores médicos, el cierre de sedes y hoteles, y la imposibilidad de cambiarse de obra social por ser cautivos de ObSBA. Más del 90 por ciento de las prestaciones médicas fueron suspendidas, las atenciones básicas derivan turnos para tres o cuatro meses y los centros recreativos van camino a la privatización.

Tiempo viene cubriendo este tema desde finales del año pasado, en julio de este año puso en tapa la situación de casi 300 mil trabajadores estatales, en su mayoría docentes y auxiliares de escuelas públicas en riesgo de quedar sin la cobertura médica. Un evidente abandono de persona de la Obra Social manejada por el gobierno porteño y el gremio Sutecba.

El colectivo «Trabajadorxs y afiliadxs en defensa de la Obra social de la Ciudad de Buenos Aires (ObsBA)» volvió a movilizarse este jueves para denunciar el «vaciamiento». “Están dando turno con varios meses de espera, yo estoy muy enferma y necesito atención urgente”, exclama a Tiempo Zulma, que tiene 75 años y participó de la jornada de protesta. Trabajadores y trabajadoras del Sanatorio, convocaron a un paro y jornada de lucha el próximo martes, ante el incremento de la demana y la falta de personal médico y de enfermería.

De los 300 mil estatales que están afiliados a ObSBA, alrededor de 120 mil son docentes y auxiliares de escuelas porteñas. Durante la movilización de este jueves a la sede de la obra social y al Sanatorio Méndez, denunciaron como máximos responsables al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a Amadeo Genta, secretario general del gremio SUTECBA, que manejan la obra social. Los centros externos fueron desapareciendo, la Fundación Hospitalaria dejó de funcionar, se suspendieron el 100% de los laboratorios y dejaron de brindar alrededor del 90% de las prestaciones médicas.

“A nosotros nos descuentas el 6% de nuestro salario, dónde está esa plata”, cuenta Carlos Sánchez, uno de los afiliados a la ObSBA. ”Hace 20 años que soy docente en CABA y me tengo que pagar una privada para que atienda a mi familia, al mismo tiempo que me roban casi 10 mil pesos mensuales de la obra”, agrega.

En la misma jornada, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (UTE) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una nota a la presidencia de la obra social ObSBA a fin de solicitar una reunión de urgencia, “a los efectos de manifestarles la necesidad de resolver las falencias con respecto a la atención primaria y secundaria de nuestrxs afiliadxs”, señala el documento. “La cantidad de prestaciones externas que se vienen dando de baja día tras día con el consecuente colapso del Sanatorio Julio Méndez imposibilitan el acceso a la salud. Tal como lo solicitamos el pasado 22 de junio sin respuesta, exigimos ser convocados a dialogar con las autoridades de la entidad a fin de garantizar el Derecho a la Salud de nuestros y nuestras afiliados/as.”.

Una obra social vaciada

Desde el gremio docente Ademys, también denunciaron el vaciamiento de ObSBA y es por eso que participaron de la concentración de docentes y jubilados y jubiladas autoconvocadas del abrazo frente al Sanatorio Méndez.  Afirman que “la responsabilidad tanto del gobierno porteño como del Sutecba en la quiebra de nuestra Obra Social. En momentos absolutamente críticos, en los que casi no hay prestadores por fuera del Sanatorio Méndez, donde además es casi imposible recibir atención y se suspenden los servicios de varias especialidades, exigimos al Gobierno medidas inmediatas para garantizar la salud de lxs trabajadorxs y sus familias”, detallaron en un comunicado, al mismo tiempo que demandan la “inmediata regularización de la atención médica y de los servicios; y la “apertura de los libros a les afiliadxs y les trabajadores para controlar el destino de los fondos”.

Además, quienes reclaman, exigen una asamblea abierta a afiliados y trabajadores de ObSBA para mostrar los libros contables, una exigencia estipulada en la Ley 472 que dio nacimiento  ala obra social, continuadora al Instituto Municipal de Obra Social (I.M.O.S.) fundado por la Ley Nº 20.382. La Ob.S.B.A. tienecarácter de Ente Público no Estatal, organizada como instituto de administración mixta con capacidad de derecho público y privado, contando con individualidad jurídica y autarquía administrativa y económico – financiera. La Obra Social es administrada por un Directorio, integrado por un Presidente, un Vicepresidente y diez directores, todos designados por el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta.

Larreta sigue descontando los aportes pero no ofrecen servicios

Los estatales de ObSBA aportan mensualmente el 6% de sus haberes mientras el resto de las obras sociales retienen el 3%. Las y los afiliados afirman que son rehenes de esta obra social, que si quieren pasarse a otra siguen sufriendo retenciones de sus salarios. En los últimos años, las autoridades de ObSBA dieron de baja una cifra incalculable de prestaciones médicas y farmacéuticas en todo el país. Redujeron un 80% la atención profesional en Odontología, Salud Mental, Oftalmología, Endocrinología y demás especialidades; desmantelaron el Sanatorio Méndez, sede principal de atención médica en CABA; dejaron de ofrecer el 100% de cobertura en medicamentos crónicos; cerraron las residencias turísticas, y despidieron a cientos de trabajadores.

Un vaciamiento que comenzó con Mauricio Macri

En 2008, el ex jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, inició un proceso de ajuste y vaciamiento de la Obra Social porteña. A días de haber iniciado su primera gestión, el ingeniero firmó un DNU para intervenir la obra y despedir alrededor de 2500 contratos de trabajos y varias prestaciones médicas que cubría la entidad. Tras varios amparos presentados por los gremios Sutecba y ATE Capital, la jueza Elena Liberatori resolvió en dos ocasiones prohibir la intervención de la Obra social y ordenó reincorporar a los empleados despedidos por Macri. Rápidamente la magistrada fue recusada por la gestión macrista argumentando “supuestos vínculos de la jueza con sindicalistas”. Semanas más tarde otro juzgado revocó ambas decisiones judiciales de Liberatori y habilitó la intervención.