El juicio por la denominada «Masacre de Wilde», un emblemático caso de «gatillo fácil» cometido en 1994 y en el que cuatro inocentes fueron asesinados por efectivos que los confundieron con delincuentes en esa localidad bonaerense, comenzó hoy en los Tribunales de Lomas de Zamora. Como era de esperarse, las defensas de los siete policías acusados hicieron planteos de nulidad y pidieron la prescripción de la causa debido al tiempo transcurrido.
«Mi expectativa es que salga a la luz lo que realmente pasó, no solamente que se aclare quién mató a Edgardo (Cicutín) y a Roberto (Corbo), sino, además, saber por qué salieron a cazar gente. Ellos (los policías) desde el primer momento dijeron que era un lamentable error, bueno, a quién más tenían que matar y por qué. Básicamente eso es lo que buscamos, una justa justicia», dijo esta tarde a Télam Raquel Gazzanego, la viuda de Cicutín en la puerta de los tribunales lomenses.
Por su parte, el abogado Ciro Annicchiarico, quien representa a Gazzanego y a sus hijos como particulares damnificados, manifestó que está «convencido de la responsabilidad criminal de los acusados» y adelantó que de no haber una condena justa el caso seguirá adelante «ante organismos internacionales».
En la apertura del debate ante Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora, conformado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, los defensores realizaron planteos de inconstitucionalidad, nulidad y prescripción por el tiempo transcurrido desde el hecho, cuestiones que, según el particular damnificado, ya fueron desestimadas en su momento por estos mismos magistrados antes de llegar al juicio.
Luego de estas extensas presentaciones preliminares, las partes acusadoras contestaron a dichos planteos, oponiéndose a los mismos. El tribunal, entonces, resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 10. «Los defensores lo único que están tratando es de que no se celebre el juicio. Lo vienen haciendo desde las audiencias preliminares. Es cansador, aburrido, dilatorio», expresó Raquel.
La viuda de Cicutín recordó, a su vez, que solo uno de los acusados, el excabo Marcos Rodríguez, quiere que haya juicio porque, según ella, les dijo: «Quiero verdad y justicia porque me apena lo que ustedes sufrieron».
Raquel estaba citada para hoy como una de las primeras testigos junto a Patricia Corbo, viuda de Corbo; Claudio Díaz, el único sobreviviente de la masacre; y los policías que realizaron las actuaciones iniciales en la escena.
Junto a Rodríguez también están imputados en el juicio los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez; el exoficial Osvaldo Lorenzón; los exsubtenientes Marciano González y Pablo Dudek; y los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga; todos en libertad.
Además, se encuentra imputado el exsubteniente Marciano González, quien sufrió un ACV hace poco más de un año y aún resta que se entregue una pericia médica que indique si está en condiciones o no de afrontar el debate.
En este juicio, que fue pospuesto por la pandemia del coronavirus, los acusados afrontan cargos por los delitos de cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa, ya que una de las víctimas (Díaz) sobrevivió.
Fuentes judiciales informaron a Télam que el TOC 3 fijó dos semanas de audiencias, a realizarse de lunes a viernes, en un debate en el cual se prevé que declaren alrededor de 200 testigos.
El caso
La «Masacre de Wilde» ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros, Mendoza y Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Díaz, el único que sobrevivió al ataque.
Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y los acribillaron. De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó. Además de quienes llegaron a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho.
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida. No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos al sostener que «aun cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos».
