La Ley de Salud Mental: mitos y realidades de una norma de avanzada que está lejos de cumplirse

A pesar de tener ya 12 años, la Ley de Salud Mental siempre está en la mira. Y en 2022 pareció que, al igual que la de Alquileres, ella también iba a ser víctima del Congreso. Desde el 2010, en Argentina está vigente la Ley 26.657, que busca garantizar a toda la población el acceso a una atención integral, humanizada y de calidad en materia de salud mental. Pero los avances fueron limitados y a su alrededor giran tantos mitos como deficiencias. A horas de conmemorarse un nuevo día de la Salud Mental, ¿qué tan lejos se está de hacer cumplir esta norma de avanzada mundial?

Organizaciones y especialistas concuerdan: todavía existen barreras que impiden su plena implementación y lograr que el derecho a la salud mental sea una realidad. Un primer punto es la participación de todo el sistema. “Hay una cuestión pendiente: que todos los centros de salud y hospitales generales brinden atención ambulatoria e internación en salud mental. Esto aún no sucede en todo el país. También es muy importante avanzar con una red de dispositivos alternativos como las viviendas asistidas, servicios de atención domiciliaria y ambulatoria, de acompañamiento y apoyo, y dispositivos de inclusión social y laboral”, resalta Eduardo Quiroga, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Cuenta que otro tema pendiente es la adecuación de los hospitales psiquiátricos. “Todavía hay grandes instituciones que no tienen planes de adecuación, como es el caso de los hospitales psiquiátricos de la Ciudad, donde aún hay gran cantidad de personas internadas».

El sistema de atención que propone la ley deja de lado el modelo manicomial para pasar a uno de atención comunitaria. La norma estipuló que para 2020 no debían quedar “manicomios” con el viejo modelo de encierro. No obligaba a cerrarlos, sino a readecuarse. Que las internaciones fuesen breves, y complementadas con dispositivos comunitarias y lazos sociales, laborales y culturales que evitaran dejar al paciente aislado en el neuropsiquiátrico. Eso también está lejos de cumplirse. El Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental de 2019 (casi diez años después de la ley) registró 12.035 personas internadas por Salud Mental. Unas 8000 menos que en 2010, pero aún son muchísimas.

La situación es dispar dependiendo la jurisdicción. Entre Ríos, La Pampa y Provincia de Buenos Aires avanzaron en readecuaciones. La actual gestión bonaerense dispuso hace un par de años la transformación de los cuatro monovalentes: el Estéves, el Alejandro Korn, el Domingo Cabred; y el Taraborelli. Entre los cuatro albergan a más de 1600 pacientes: el 43% tiene como mínimo 10 años de internación. CABA, en cambio, no avanzó con ninguno. La mayor parte del presupuesto está orientado hacia los hospitales psiquiátricos, mientras que de sus 34 hospitales, solo tres cuentan con internación por causas de salud mental.

En el medio, la pandemia. Y un crecimiento exponencial de casos de salud mental. Un estudio del Conicet reveló que el 47% de las personas consultadas tuvo algún “trastorno de ansiedad”, seguido por “depresión” (36%) y afecciones de tipo “psiquiátrico” (14%).

La salud mental está vinculada al contexto. En las crisis, suben los casos. Remarca Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo Salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): “no existe estado pleno de salud o de enfermedad. Hay que desmitificarlo. Hay mucho silencio y vergüenza en pedir ayuda. Si se dejan los tabúes, se podrá pedir ayuda a tiempo”.

Representaciones sociales

Los críticos de la ley apuntan que la externación de pacientes no siempre puede ocurrir. “La internación debe ser una habitualidad en el equipo interdisciplinario, debe estar en el arsenal terapéutico”, aseguró a la prensa tiempo atrás Mario Clemente, presidente de la Fundación Observatorio para la Medicina Prehospitalaria.

Los hospitales psiquiátricos todavía se resisten a readecuarse. Sabin Paz pide sacar la idea de lo normal/lo patológico: “No sirve y no es real. Como en la salud física, tenemos aspectos más saludables y otros menos, y convivimos con ese proceso. La salud mental pasa a ser un eje más de la salud. Nuestras emociones y angustias cambian, la pandemia lo demostró”.

Uno de los mayores mitos, promovido por los medios, es que una persona con un historial de atención por salud mental no está en condiciones de decidir sobre su vida, es peligrosa o no puede integrarse en la comunidad. “Pero esto no es así –añade Leonardo Gorbacz, psicoanalista y exdiputado–. Muchas personas no pueden ver que las crisis en salud mental son momentos puntuales que pueden ser superados, entonces terminan condenando a las personas al encierro de por vida”.

 “El porcentaje de personas con problemáticas de salud mental que cometen delitos es ínfima, en su mayoría los que cometen delitos son personas consideradas normales”, enfatiza Alberto Trímboli, ex titular de la Federación Mundial de Salud Mental.

Gorbacz lleva la ley como una causa propia. Fue el autor del proyecto. En diálogo con Tiempo destaca que “en 12 años se han visto fortalecidos los equipos interdisciplinarios y se ha reducido la cantidad de personas que permanecían sin criterio de salud en hospitales psiquiátricos, además de aumentar los controles, lo que redujo la tendencia a la discrecionalidad. Sin embargo, la mayor carga de atención sigue recayendo en los hospitales psiquiátricos”.

Muchos hospitales y centros de salud en los barrios rechazan la atención de salud mental, la gente tarda en llegar a la consulta y en la mayoría de los casos es derivada a hospitales psiquiátricos alejados, con riesgo de perder progresivamente sus redes vinculares y sus lazos sociales.

La ley incluye a las adicciones como parte de las políticas de salud mental, por lo que las personas que transitan situaciones de consumos problemáticos tienen todos los derechos que enumera la ley. Este punto tampoco se cumple.

De acuerdo a la norma, no puede rechazarse el tratamiento por salud mental en ningún hospital general. Tampoco se cumple. Es muy común la frase “aquí no se internan personas con problemas de salud mental” o “aquí no atendemos adicciones”.

Largamente discutida, la ley fue votada por unanimidad. Gorbacz asume que igual hay muchos detractores, “pero con fundamentos poco sólidos porque se basan en el desconocimiento. Se cree que la ley no permite internar a alguien en contra de su voluntad, y eso es totalmente falso. Es una buena herramienta que todavía no ha desplegado todo su potencial, es perfectamente aplicable”.

Para cumplirla es indispensable la inversión, al menos en la creación de dispositivos intermedios como hospitales de día y en la conformación de más equipos interdisciplinarios donde no impere solo la mirada psiquiátrica medicalizante. Eso queda a merced de cada provincia, y la crisis socioeconómica no ayuda para que la salud mental sea una prioridad presupuestaria.

Según datos de la ACIJ, el porcentaje destinado a «Salud Mental”, dentro del de Salud, proyectado para el 2023 es de 1,68%, mayor al 1,45% de este año, pero lejos del mínimo de 10% que estipula la Ley. “No se puede hablar de ausencia total de implementación, sino de disparidad entre las jurisdicciones –puntualiza Sabin Paz–. Es una ley de garantía de derechos. Antes las personas con padecimiento en salud mental podían quedarse encerradas de por vida; sin posibilidad de votar, hacer transacciones económicas ni casarse. Como si la justicia pudiera garantizar la felicidad. Esas cosas no pueden seguir. Por eso hay que pensar la salud mental en los primeros niveles de atención, no solo los manicomios, que no ayudan y agregan estigmas y discapacidades. Que por ejemplo las escuelas, clubes e iglesias aprendan a construir una detección temprana. Y se pueda trabajar de manera transversal e intersectorial”.