A pesar de tener la misma población que hace medio siglo (al menos hasta que estén los detalles del Censo 2022), la Ciudad de Buenos Aires cuenta con cada vez más torres, que no solo generan mayor especulación inmobiliaria sino que además expulsa a vecinas y vecinos de los barrios, quitando la identidad de gran parte de ellos, como se vio en todos estos años en La Boca, Barracas, Caballito o lo que era Palermo Viejo. Esas aprobaciones de proyectos urbanísticos escalaron a tal nivel que el «Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos” presentó una acción judicial para que se informe el detalle de todas ellas y qué control ejerce el Gobierno de la Ciudad. Esta semana, el juez Darío Reynoso avaló el reclamo y le ordenó al Gobierno de la Ciudad que en un plazo de 15 días informe sobre cada uno de los 119 convenios urbanísticos aprobados.
El 16 de mayo fue el fallo judicial, que apunta a los proyectos urbanos y propuestas de convenios urbanísticos presentados en el marco del Decreto reglamentario 475/2020 que regula la subasta de excepciones inmobiliarias llamadas «convenios urbanísticos».
Este expediente N° 11568/2022-0 nace de un pedido de acceso a la información pública que el GCBA se negó a responder. En ese momento, la Ciudad invocó la excepción prevista en el inciso b del art. 6° de la Ley N° 104: sostuvo que las propuestas urbanísticas recibidas en el marco del Decreto 475/2020 “no ostentan el carácter de información pública, en tanto contienen información sensible cuya divulgación podría devenir en un perjuicio para los participantes de la convocatoria, lesionando sus intereses”.
Ahí el gobierno porteño admitió que llegan a 119 las propuestas de proyectos presentados y que “al no haber aún un estudio suficiente de los casos, no puede haber una exteriorización de la documentación presentada por los participantes de la convocatoria, ya que se trata de información reservada amparada por los derechos de autor, propiedad intelectual, secreto profesional, y secreto comercial, ya que sin su consentimiento podría afectarse el nivel de competitividad y/o lesionar intereses de los participantes”.
Sin embargo, el Tribunal respondió: «el derecho de acceso a la información pública –como todo derecho– no es absoluto. Sin embargo, en concordancia con el alcance limitado de las excepciones y otros principios ya desarrollados integralmente, las excepciones previstas son taxativas, de interpretación restrictiva y deberán estar fundamentadas, so pena de considerarse injustificada la negativa a entregar la información solicitada por parte del sujeto obligado. Ello, por cuanto la ley debe garantizar que el acceso a la información sea efectivo y lo más amplio posible, por lo que, en la práctica, las excepciones no pueden transformarse en la regla general. De allí se desprende el informalismo a favor de peticionante, lo que conlleva a facilitar el ejercicio del derecho de acceder a la información sin obstáculos. De modo tal que aquellos que están obligados a proveer información, en el caso el GCBA, no puede fundar su rechazo en el incumplimiento de reglas de procedimiento”. Y le dio el plazo de 15 días para que describa cada situación aprobada.
“La política de los convenios urbanísticos está destruyendo la planificación de la Ciudad y los barrios porteños. Estamos inmersos en la desplanificación de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulación inmobiliaria. El principal objetivo de los convenios urbanísticos es hacer caja política para las elecciones de 2023. Así se explica el oscurantismo alrededor del trámite de los convenios urbanísticos que llegó al extremo de que el GCBA niegue el acceso a las propuestas presentadas por las desarrolladoras. La ciudadanía tiene el derecho de acceder a la información pública y formar parte del debate desde las primeras instancias luego del ingreso de una propuesta de excepción inmobiliaria”, remarcó Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa judicial, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”.
La ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA y fundadora del Movimiento, expresó: “El Gobierno de la Ciudad hace de las excepciones inmobiliarias para construir torres uno de los ejes arquitectónicos de su actual gobierno. No existe ninguna evaluación de los impactos sociales y ambientales de cada torre, mucho menos una evaluación acumulativa y estratégica de lo que implica esta política para la Ciudad. Se debe poner un frene a la destrucción de la planificación urbana en manos de quienes tienen dinero para comprar normas de excepción para construir torres sin ningún criterio en cualquier parte de la ciudad”.
La situación de los inmuebles y tierras públicas fue in crescendo en los últimos años. Por un lado, el cruce entre Nación y Ciudad por los terrenos fiscales que Mauricio Macri, en su presidencia, le entregó a precios más bajos del mercado a CABA, luego rematados. Y por el otro: la proliferación de proyectos urbanísticos de torres en lugar de parques públicos, como reclaman vecinos de diferentes zonas de la Capital.
La demanda ciudadana alcanzó niveles sorprendentes. El mayor exponente es el de Costa Salguero y Punta Carrasco. Con la cesión vencida, las tierras debían volver a ser públicas, y convertirse así en un acceso hacia el río, en una Ciudad que no se distingue por eso. Pero el gobierno porteño prefirió privatizarlo permitiendo torres de gran altura. Vecinas y vecinos empezaron a juntar firmas adhiriendo a un proyecto del FdT de crear ahí un parque público costero, y finalmente lograron las más de 53 mil firmas suficientes como para que, por primera vez en la historia, la Legislatura se vea obligada a tratar un proyecto ciudadano, tal como lo establece la Constitución porteña.
“Es la primera vez en la historia de la Ciudad que se implementa este procedimiento de participación popular. Las 53.000 firmas son el trabajo de muchas organizaciones como Eco-House, Jóvenes por el Clima y Colectivo de Arquitectas, entre tantas, que junto a otras organizaciones sociales y políticas ya habían dejado plasmada su opinión en Audiencia Pública para empujar este proyecto de gran parque público y frenar las torres en la costanera”, manifestó el diputado Matías Barroetaveña.
“Ahora es trabajo de la Legislatura decidir si va a legislar a favor del lobby inmobiliario como lo viene haciendo en la última década, o si va a escuchar a la ciudadanía que se expresó con claridad en esta iniciativa de participación popular”, añadió el legislador.
Una piedra basal del macrismo para permitir la proliferación de torres es el Código Urbanístico, votado años atrás, que flexibilizó los metros posibles de construcción en toda la ciudad. Tan extremo fue el aval oficial al sector desarrollador, que este jueves la Legislatura votó una reforma, impulsada por el propio larretismo tras protestas de barrios como Belgrano y Núñez, rebajando los límites en la cantidad de metros de las torres a construir. Pero solo de manera específica para esos dos barrios del norte porteño.
“Tenemos que hacernos cargo de que el Código Urbanístico que votaron acá en este recinto fracasó, y tenemos la obligación de volver a discutirlo convocando a la ciudadanía para enmendar los problemas que generó. El proyecto urbano de Larreta y el lobby inmobiliario le complican la vida a los vecinos y vecinas de la ciudad. Los reclamos de los vecinos y vecinas a la especulación inmobiliaria sin ningún tipo de control no puede ser un obstáculo porque se supone que esta Legislatura trabaja para velar por esos intereses”, acotó Barroetaveña.
La arquitecta Liana Battino, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del Movimiento, remarcó que la Ley 2930 establece que la utilización de los convenios urbanísticos se debe restringir a casos en los cuales resulte evidente que su objeto y contraprestaciones, a pesar de los intereses privados involucrados, puedan considerarse de nítido interés público: «El Ejecutivo trata las propuestas presentadas por privados puertas adentro hasta su firma y presentación en la Legislatura, sin tener en cuenta las opiniones de la ciudadanía sobre los inconvenientes y/o beneficios de cada propuesta».
Y agregó: «La experiencia muestra que, cuando los convenios ya firmados llegan a la Legislatura, el volumen de los expedientes, la acumulación de muchos convenios en una misma ley y los tiempo cortos de tratamiento no permiten ni que los legisladores se enteren lo suficiente de cada caso ni mucho menos que la ciudadanía ejerza su derecho. De aquí la importancia de disponer de la información al mismo tiempo que el Ejecutivo, para que éste no sea el único garante del interés público de las propuestas. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad prefiere negar el acceso a la información para proteger los proponentes de una improbable vulneración de sus derechos particulares, como derechos de autor, de propiedad intelectual, secreto comercial, antes que crear las condiciones para que se cumpla la participación informada de la ciudadanía como lo dicta la Constitución de la Ciudad y su plan urbano ambiental».
