María del Carmen Senem de Buzzi estaba desesperada por acceder a un tratamiento para su hijo, que padecía adicción a las drogas. Corría 1993. El 20 de octubre de ese año, se presentó en un juzgado de familia para hacer oír su reclamo. Lo hizo enfáticamente: necesitaba herramientas para ayudar al joven. No solo no se las dieron. Una jueza nacional ordenó que la sometieran a una pericia psiquiátrica –que apenas duró unos minutos- y dispuso su internación forzosa, violando la legislación vigente. La mujer pasó casi cinco meses en una clínica psiquiátrica. Desde que recuperó la libertad buscó justicia y reparación. Ante las negativas en instancias locales, recurrió a internacionales. Este lunes, casi tres décadas después, el Estado argentino finalmente aceptará su responsabilidad y le pedirá disculpas públicas.
María del Carmen ya no está. Falleció en 2019. Será su hijo quien reciba el reconocimiento por el que ella tanto perseveró. Este lunes, a las 11.30 en la ExESMA, el Estado argentino aceptará su responsabilidad internacional por la violación de distintos derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de María del Carmen, y pedirá disculpas. En el acto se firmará un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y la familia Senem de Buzzi en relación a su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia a la que recurrió con la representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Lo que pasó con María del Carmen constituyó una vulneración a todos sus derechos. No fue escuchado su reclamo, lo que ocurrió fue la patologización del comportamiento de una mamá que estaba desesperada pidiendo tratamiento para su hijo. Lejos de escuchar ese pedido, se interpretó que esa reacción era una manifestación psicotagológica”, dice Macarena Sabin Paz, Coordinadora del equipo de Salud Mental del CELS. Y agrega la cuota de género que atraviesa el caso: “Todos los estigmas recaen en las mujeres, siempre decimos que posiblemente con un varón esto no hubiera pasado. Cuando una mujer tiene un comportamiento exacerbado, o se manifiesta de manera no esperable para ciertas coordenadas, se interpreta que está loca”.
Para el CELS, el caso “es paradigmático porque muestra cuál era la respuesta estatal que recibían las personas usuarias de los servicios de salud mental en Argentina antes de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. Pero también invita a reflexionar sobre las prácticas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos que aún persisten”. Desde que María del Carmen fue liberada “los defensores públicos no se contactaron con ella ni realizaron presentaciones judiciales adecuadas en defensa de sus derechos. El juzgado no controló la internación ni veló adecuadamente por su libertad e integridad. Cuando María del Carmen salió del centro psiquiátrico, presentó un recurso judicial que tardó casi 14 años en ser resuelto y que fue rechazado. Le negaron la posibilidad de tener justicia y reparación por los daños sufridos”.
Finalmente, el acuerdo que se alcanzó entre las partes establece medidas de naturaleza estructural, como la promoción de la implementación en las provincias de la Ley Nacional de Salud Mental; la presentación de planes de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos públicos de la Provincia de Buenos Aires y la adopción de las normas de habilitación y supervisión para el funcionamiento de los efectores de salud mental y consumos problemáticos en la provincia de Buenos Aires; capacitaciones y formación en salud mental y derechos humanos para funcionarios y magistrados del ámbito judicial; y otras medidas de difusión y publicidad del acuerdo y de los derechos de personas usuarias de atención psico-social.
“En las instancias locales María del Carmen nunca pudo obtener justicia y reparación. Años más tarde se sancionó la ley de Salud Mental (en 2010), que determina que una persona solo puede ser internada de manera involuntaria cuando exista un criterio de riesgo de vida. Pero en esos años quedaba al arbitrio de los jueces, con una mirada tutelar”, contrasta Sabin Paz. Y destaca que ella “pudo identificar que ahí había una violación a sus derechos y decidió no bajar los brazos. No se conformó con que le dijeran que no”.
Pero hubo y hay muchas María del Carmen. “Personas que pasan por cosas así hay un montón. En 2008 sacamos una investigación ante la ausencia de datos oficiales y construimos el dato de que había 25 mil personas internadas. En 2019 el censo en psiquiátricos indicó que había cerca de 15 mil. Aunque no se censaron comunidades terapéuticas, por lo que es un dato bastante parcial”, detalla la especialista del CELS. Agrega que, sobre ese total, “más del 80% no tiene criterio para estar encerrada, según el propio censo. Una persona que fue víctima de un encierro involuntario, por no disponer de otros derechos como vivienda, redes familiares o redes de apoyo para construir un afuera, se queda internada como si fuera un lugar para vivir. De las 15 mil personas que hay hoy, la gran mayoría ingresaron con una internación como la de María del Carmen. El promedio de internación es de 12 años. Pero constatamos personas por 70-80 años. Imaginemos el efecto subjetivo: es la anulación de la vida directamente”.
María del Carmen estaba decidida a encontrar justicia. Estaba atenta a los avances –o no- de su causa y esperaba un resultado como el que se concretará el lunes. Pero ella no estará para vivirlo en carne propia. Serán su hijo y nietas quienes accedan a la reparación. “Para ella la justicia siempre fue una necesidad muy importante. Su hijo y sus nietas van a poder ser parte del pedido de disculpas y el reconocimiento de parte del Estado. Lamentablemente la justicia llega cuando ella ya no está, pero es valioso el reconocimiento”, señala Sabin Paz.
Además del acompañamiento del caso de María del Carmen, desde el CELS siguen un amparo colectivo sobre el hospital Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires. “Desde 2014 y a través de esa acción judicial acompañamos el proceso de transformación manicomial para que todas las María del Carmen se puedan ir. El Estado tiene que disponer diferentes niveles de apoyo para que las personas puedan vivir autónomas y no en el encierro, estamos siguiendo muy de cerca el proceso en ese hospital”, relata. Por estos días, unas 220 personas permanecen internadas allí. Cuando se presentó el amparo, eran 570.
El proceso forma parte de la mirada actual sobre el abordaje de la salud mental, que debe tender a internaciones solo en casos imprescindibles y por el menor tiempo posible, con tratamientos pensados para continuar en el afuera, entre otras cuestiones. Para impulsar lo que establece la ley vigente, aún no del todo implementada, el presidente Alberto Fernández anunció recientemente un paquete integral de medidas y la duplicación del presupuesto para el sector. “Sin embargo la ley estipula que tiene que ir aumentando progresivamente el presupuesto hasta el 10% de todo lo que es salud. Antes del anuncio era del uno y algo por ciento. Con la duplicación podríamos llegar al tres por ciento. Estamos bastante lejos de cumplir con lo que dice la ley”, advierte Sabin Paz.
