El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sumó otro revés en la Justicia. La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, Patricia López Vergara, intimó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que reincorpore a un grupo de agentes de Tránsito que habían sido desvinculado a principios de año, tras protestar en contra de la precariedad laboral. El Ejecutivo tiene ahora un plazo de diez días para cumplir con la medida, caso contrario comenzarán a correr cuantiosas multas.
López dictó la resolución tras dar “por incumplida parcialmente la medida cautelar dictada” hace unos días atrás y otorgó “un plazo de 30, 60 y 90 días escalonados para efectuar el pase progresivo de cada Agente de Tránsito contratado, a la planta transitoria”, según se desprende del fallo que fuera publicado por el sitio oficial del Consejo de la Magistratura porteño (www.ijudicial.gob.ar).
Hace un año, los agentes de tránsito Cinthia Choque y Santiago Siciliano fueron embestidos por un auto que iba a toda velocidad, cuyo conductor se dio a la fuga. La joven falleció, mientras que su compañero debió ser hospitalizado. El trágico episodio puso de relieve las precarias condiciones de contratación de estos empleados, quienes se manifestaron en diferentes ocasiones. En su momento, desde la Asociación de Trabajadores del Estado presentaron una medida cautelar para que el gobierno porteño se abstuviera de tomar represalias contra los trabajadores.
La justicia hizo lugar al pedido, pero el gobierno de la Ciudad hasta el momento no cumplió: no le permitió a un centenar de agentes volver a sus habituales funciones y trasladó a los trabajadores a otra área. “A la fecha el GCBA no ha reinstalado a los trabajadores despedidos a sus puestos de trabajo; tampoco ha incorporado a los Agentes en cuestión a la Planta Transitoria de la Administración”, señala López, al tiempo que añade que “en el marco de una pandemia ha dispuesto el traslado de estas personas a una nueva repartición bajo la órbita de otro Ministerio sin asignarles funciones claras y con la misma precarización contractual laboral que tenían, en clara contraposición a lo que ordena la medida cautelar de autos”.
“¿Acaso habría que esperar otra muerte más de una agente para plasmar un derecho en la realidad con suficiente solidez como para no desvanecerse en el aire?”, preguntó López en sus considerandos.
“Los distintos avatares de la Administración no deben esfumar la protección de los derechos constitucionales que aquí se debaten. Se reitera, en tal sentido, que desoír estos pedidos de la parte actora no hablaría de una justicia de ojos vendados e imparcial cual es su representación, sino de una justicia sorda a los reclamos y carente de empatía con sus semejantes”, concluyó la jueza.
