A fines del año pasado, más de 40 organizaciones, entre comunidades indígenas, asambleas de Pueblos Fumigados, movimientos ecofeministas y emprendimientos de la agricultura familiar, presentaron ante la Justicia un amparo ambiental colectivo para impedir la liberación del trigo transgénico en la provincia de Buenos Aires, con el argumento del nulo control que existe en el país sobre los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), principal sostén del actual modelo agroindustrial. Finalmente, esta semana, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Mar del Plata a cargo de Néstor Salas declaró la admisibilidad de aquella acción “pluricultural” y exhortó al Poder Ejecutivo bonaerense a que reglamente el funcionamiento de la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria de la Provincia, creada por la Ley 12.822, con el fin de “iniciar un proceso de institucionalización de los riesgos y daños de los OGM”. En las próximas semanas, la Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata deberá decidir sobre la medida cautelar de suspender la liberación del Trigo HB4 mientras tramita el proceso judicial.
Desde la ONG Naturaleza de Derechos, impulsora de la causa, se celebró la decisión de la Justicia. “Representa un gran paso en el proceso de denuncia contra el modelo agroindustrial. Es la primera vez, luego de 25 años de liberado el primer evento biotecnológico, que la grave problemática de los OGM es abordada por un Poder Judicial provincial de la mano de una organización civil representada por los distintos sectores sociales (productores/as agroecológicos/as, asambleas y organizaciones socioambientales, de mujeres, de pueblos originarios y fumigados) y acompañada de la abogacía popular”.
En octubre pasado, la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura de la Nación publicó en el Boletín Oficial la resolución 41/2020, que autorizaba el cultivo de trigo HB4, desarrollado por la empresa biotecnológica Bioceres, en colaboración con la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet, capaz de tolerar situaciones de sequía y resistente al glufosinato de amonio, un herbicida al que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como “moderadamente peligroso”.
La Argentina se convertía así en el primer país del mundo en aprobar el trigo transgénico pese al rechazo simultáneo tanto de referentes y organizaciones ambientales como de representantes de la “ciencia digna”.
El juez Salas avaló la participación de “todos los ciudadanos interesados” en la prohibición de los cultivos transgénicos “debiendo los Estados proporcionar acceso efectivo a los diversos procedimientos judiciales y administrativos a fin de garantizar el estatus constitucional del derecho al goce de un ambiente sano en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional a partir de la reforma del año 1994 (…) Lo expuesto implica reconocer la vía cuando lo denunciado puede acarrear un compromiso al ambiente”.
