Este miércoles se espera la publicación de un informe oficial de la justicia federal que arroje un poco de luz al análisis de los restos hallados el 15 de agosto en un cangrejal de Villarino Viejo, cuya identidad se presume que es Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 año años desaparecido el 30 de abril. Gran parte de esos peritajes, entre otros que buscan determinar en qué circunstancias llegó el cadáver a ese lugar, se dirimen en un laboratorio bajo un microscopio. Pero hay otra prueba que podría ser igual de clave, y proviene desde el cielo. Se trata del informe que el juzgado Federal de Gabriela Marrón le pidió a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para poder establecer si en las inmediaciones del sitio del hallazgo circuló un patrullero policial que podría relacionado con el caso.

Tiempo entrevistó al abogado Mariano Rodríguez Capristo, quien está a cargo de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del organismo que acaba de poner en órbita al satélite SAOCOM 1B para completar la misión espacial más importante del país, en materia de observación de la tierra: el Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias.

“Como cuerpo jurídico que somos, funcionalmente nos debemos a los criterios de la Procuración del Tesoro, en tanto que somos el equipo de asesoramiento legal para todas las decisiones jurídicas, institucionales y políticas que CONAE adopta, donde también aportamos a diferentes instancias, ya sean administrativas o judiciales para incorporar el dato satelital en un ámbito de prueba”, adelanta el especialista, quien resume: “Es una práctica bastante frecuente. Hace 10 años que estoy en CONAE y desde hace unos 7 u 8 años a esta parte se ha incrementado muchísimo el pedido. Intervenimos en diferentes causas que pueden englobar al Estado Nacional, las provincias, los municipios o casos entre privados; nunca somos parte activa, pero siempre aportando material probatorio”.

Rodríguez Capristo, cuya especialidad de base es el Derecho Administrativo, será el responsable de responderle al juzgado de Marrón, desde donde solicitaron que la CONAE “aportara las imágenes satelitales de alta definición que obraren en sus registros correspondientes a las coordenadas 38°45´11.1´´S – 62°26´54.8´´W en el período comprendido entre el 30 de abril y el 9 de mayo pasados y entre el 1° y el 15 de agosto pasados”.

El estudio en cuestión podría aportar elementos adicionales a los ya existentes, que permitan vincular o descartar la participación en el hecho del patrullero Toyota Etios que tuvo “un movimiento inusual y sospechoso” en la zona donde se encontró el cuerpo el 8 de mayo, siendo que no se trataban de sus cuadrículas asignadas. Esta maniobra determinó el secuestro del móvil y el allanamiento a la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca.

– El Juzgado Federal pidió una imagen lo más nítida posible. ¿Se podría aportar una foto de un vehículo en el lugar?

– Antes que nada, hay que definir que el dato satelital no es una foto, ni una instantánea. Simplificando, los satélites que están en órbita cuentan con dos grandes tecnologías: una de ellas es la radar (SAOCOM por ejemplo) que emite ondas hacia la tierra, rebotan y ese rebote copia la irregularidad de la superficie de un terreno, su temperatura y un montón de variables más. La otra tecnología es la óptica, de los satélites tradicionales. Toda esa información se almacena en los servidores del satélite que en algún momento lo devuelve a la tierra a través de las estaciones terrenas. Ese «dato crudo», primario, necesita ser «limpiado» a través de diferentes softwares. Esa limpieza técnicamente se llama «procesamiento» y se hace en tierra.

– ¿Eso se hace de manera automática?

– Ese procedimiento requiere de cierta interpretación humana. Una foto convencional no se discute, por eso hay quienes han cuestionado el uso del valor del dato satelital, porque si bien su base original es objetiva cuando haces legible ese dato para el ojo humano se requiere de interpretación humana que completa contextualmente el procesamiento.

– ¿Cómo se legitima entonces esa información?

– De un tiempo a esta parte han crecido los métodos, softwares y consensos entre países para determinar que el procesamiento del dato crudo tiene ciertas variables que en principio le dan un valor objetivo y se puede llevar a un estrado judicial, administrativo o a un arbitraje. También debe recordarse que la CONAE es una entidad pública, cuyo producido merece «fe pública» (presunción de legitimidad de sus actos). 

– ¿Podría apreciarse la presencia de un móvil policial en la zona donde fue hallado el cuerpo?

– Nosotros almacenamos datos constantemente sobre ciertas franjas del territorio, y si no lo tenemos nosotros podemos consultar y tratar de obtener datos a través de misiones satelitales de terceros países, o bien por medio de adquisiciones pagas a satélites comerciales. Seguramente, de obtener hallazgos por alguna de esas vías, lo que vamos a poder informar es el dato histórico que tuviéramos a disposición tras un barrido en una determinada franja temporal y geográfica, para poder ubicar un objeto metálico, en el caso, que sea similar a un auto o a una unidad de traslado. También, eventualmente, informaríamos si es frecuente o no que haya un auto allí, ya que no habría caminos convencionales.

– ¿Además del radar cuál es la otra tecnología?

– Como decía antes, se cuenta con la tecnología óptica. Es una aparatología con sistemas pasivos, en que ellos utilizan la luz solar reflejada por la Tierra para la formación de imágenes de la superficie del planeta. 

– ¿Se podría saber si de ese patrullero descendió alguna persona y si bajaron un bulto asimilable a un cuerpo?

– Nosotros manejamos, siempre que se encuentren datos o hallazgos sobre el lugar de consulta, una resolución espacial cuyo nivel de detalle puede estar en torno de un metro. Ello aporta cierta confiabilidad y certeza que bien podrían contribuir a ilustrar el parecer judicial que se busca contestar. Existen satélites con mayor resolución o detalle pero son aplicaciones no civiles. Lo nuestro es información de la Tierra con fines pacíficos, no hacemos inteligencia ni cuestiones militares. Esos satélites de altísima resolución no son los nuestros. Con la tecnología que tenemos es absolutamente posible determinar un auto y ciertas sombras en el terreno que se asimilen a un bulto, un cuerpo, un cajón o algo por el estilo, máxime si es metálico. Hay que ver qué satélite pasó por allí y con qué tecnología y si en ese momento estaba tomando imágenes del lugar que necesitamos… porque evidentemente, no había un motivo en ese momento para estar observando allí, dado lo atípico del lugar de consulta.

– ¿Y si ese material no lo tenemos?

– Todo lo relacionado con el espacio se rige por un principio fundante que es la cooperación. En ese ámbito de ida y vuelta, nosotros podemos consultar diferentes satélites de otros estados o de privados. En este caso, nosotros podemos tener la información a partir de la Constelación SAOCOM. Si no está allí la vamos a buscar de otros países con las cuales tenemos convenios; o, por último, lo vamos a buscar a empresas privadas que están orbitando y tiene satélites de altísima resolución cuyas imágenes se pagan. El esfuerzo, por supuesto lo haremos.

– ¿Cuánto puede demorar entregar ese dato a la justicia?

– Hay una normativa de la Procuración del Tesoro y del Ministerio de Justicia que nos obliga a dar tratamiento prioritario a las cuestiones vinculadas a la justicia y más si se trata como en este caso de un delito de lesa humanidad, por tratarse de una desaparición forzada de persona. El tiempo que se demore va a depender de que tengamos el dato o si hay que hacer consultas a terceros países o privados. Eso está atado a la diferencia horaria de esos países y no se puede soslayar que en época de pandemia las estaciones terrenas a nivel global están mermadas. Así todo, una devolución de un oficio estándar en el peor de los casos podemos demorar entre 7 o 10 días hábiles como máximo. Finalmente, se le da al juzgado un informe en soporte papel, con las cuestiones técnicas, acompañado del material digital en un DVD o medio de almacenamiento similar.

– ¿El informe luego debe ser defendido en un juicio?

– Nos ha pasado que algún juez pregunta o repregunta algún punto del informe, pero no somos parte activa en las causas: solo aportamos datos disponibles que luego el juez merita. Nosotros no somos peritos estrictamente hablando. Como decía antes, damos fe pública del dato que estamos incorporando para que sea utilizado como objeto de prueba y eventualmente el juez lo valorará contextualmente. Nunca nos pasó, en mis 10 años de experiencia, que alguna de las partes impugne nuestro trabajo, independientemente si el material sirve para ser utilizado en uno o en otro sentido.

– ¿Les llegan muchos casos penales para analizar?

– Si bien el uso del dato satelital no es absolutamente masivo, cada vez se está requiriendo más. La gran masa crítica de casos son los temas civiles y comerciales por sobre los penales. Diría que de cada 10 consultas: tres pueden ser penales y siete civiles y comerciales, donde el dato satelital aporta claridad en temas vinculados a reclamos por inundaciones, movimientos de tierra, incendios, daños que se producen entre privados o cuando éstos entablan una demanda al estado nacional, las provincias o los municipios. Las cuestiones relacionadas con coberturas de seguros también suelen ser frecuentes. Hemos analizado cuestiones penales relacionadas a la corrupción, daños ambientales, medio ambiente, entre otras.