La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el colectivo de Periodistas Argentinas exigieron «justicia y una investigación transparente al Poder Judicial» para el esclarecimiento del asesinato de la periodista correntina Griselda Blanco.

«Más allá del deseo de justicia y que se aclare rápidamente este hecho, hay muchísimas cuestiones que no se pueden dejar afuera que tienen que ver con el trabajo de Griselda como periodista y sus denuncias a diversos sectores de poder de los cuales recibió hostigamiento y amenazas», dijo la periodista Silvia Martínez Cassina en conferencia de prensa.

Martínez Cassina explicó que la colega correntina asesinada trabajaba precarizada desde su casa efectuando denuncias, puntualmente sobre «casos de corrupción en la Policía local», entre ellos, de una «alta autoridad de esta fuerza de la que tenía información de denuncias de abuso» y que acababa de ser trasladada a su ciudad, Curuzú Cuatía.

«Hay audios de ella donde expresa que es víctima de hostigamiento y amenazas que la inquietaban, al igual que los últimos mensajes a sus hijos donde los alertaba y les decía que si le llegaba a ‘pasar algo’ debían contactarse con su abogada Silvia Casarrubia», relató Martínez Cassina.

A continuación, pudo escucharse uno de los audios que Blanco le envió a su abogada días antes de ser asesinada, donde le pedía ayuda y decía: «Yo no tengo miedo pero a mí siempre me están amenazando por informar la verdad, lo único que hago es mi trabajo que es comunicar y siempre con la verdad, pero recibo mucha presión, muchas amenazas».

Según informaron durante la conferencia, la periodista trabajaba con dos celulares y «uno desapareció misteriosamente».

«Ella además estaba muy preocupada por sus fuentes y que haya desaparecido su teléfono quiere decir que esas fuentes deben ser protegidas e investigar dónde está ese celular», advirtió la referente de Periodistas Argentinas Claudia Acuña.

Asimismo, las voceras de las organizaciones de periodistas presentes solicitaron que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituya como querellante en la causa como garantía para tener un «mayor seguimiento sobre el expediente» y de «cada paso de la causa», dada su «trayectoria en la lucha por los derechos humanos, contra la impunidad y la violencia institucional en el país».

«Estamos muy preocupadas por las ‘Griseldas’ de este país, en todas las provincias que están ejerciendo la profesión en condiciones de mucha exposición», expresó Acuña, y reafirmó la necesidad de estar «más unidas y organizadas que nunca para cuidar a cada compañera».

En este sentido, la secretaria General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Carla Gaudensi, sostuvo que «el rol de Griselda muestra la violencia política y económica que sufrimos las mujeres y las diversidades», en tanto «era una trabajadora precarizada» con un «marco de mayor indefensión frente a estas situaciones».

«Esto pasa en distintos puntos del país y tiene que ver con el poder real del patriarcado sobre nosotras. Esa presión de los poderes económicos, políticos y policiales sobre una sola es mucho más fuerte, por lo que tenemos que estar cada vez más organizadas para enfrentarlo en conjunto», argumentó Gaudensi.

El crimen

Blanco (44) fue hallada estrangulada, con una soga en el cuello, tirada en el piso, con golpes en el rostro y heridas de arma blanca en su casa de la calle Juan Pujol, de Curuzú Cuatiá, la noche del pasado sábado.

Hasta ahora el único imputado es su expareja, Armando Jara, quien se encuentra detenido como autor del femicidio de la mujer, mientras que la abogada de la familia de la víctima, Andrea Tribbia, dijo que aportaron a la fiscal «información sobre otra persona» que podría estar entre los sospechosos.

Y al referirse a Jara, la letrada dijo en diálogo con Radio Dos que si bien no lo descartan como sospechoso «tampoco está en la lista de los prioritarios».

En línea con lo expresado hoy durante la conferencia de prensa, la querellante mencionó una situación que consideró deben tener en cuenta los investigadores y que es el hallazgo, por parte de uno de los hijos de la víctima, de una captura de pantalla que ella le envió y que era preocupante.

«No era habitual en ella preocupar a sus hijos. Su actitud era de confrontar, de pasar por alto amenazas, ella se reía de eso», detalló sobre esa prueba Tribbia y añadió: «Son muchas las personas que la amenazaron, no sabemos la naturaleza del vínculo, pero la reacción por ese mensaje no era habitual en ella.»

La mujer era trabajadora de prensa radial y producía transmisiones en vivo de programas dedicados al periodismo local.

Además de la denuncia contra el comisario de la Policía provincial por supuesto abuso sexual, la periodista curuzucuateña también denunció un caso de mala praxis en el hospital «Dr. Fernando Irastorza», donde murió una amiga, y advirtió sobre «los vínculos de la conducción del centro de salud con el poder político y policial».

Desde la Fatpren sostuvieron que «es fundamental una investigación a fondo que no descarte ninguna hipótesis hasta tener la totalidad de la información».