Esta semana comenzó el juicio que busca establecer si la muerte de Kevin Benega se produjo a partir de la liberación de la zona por parte de la Prefectura, que deliberadamente no intervino en la balacera entre dos bandas narco. Según pudo saber Tiempo, la familia de la víctima sospecha que el único imputado, el prefecto Daniel Andrés Stofd, recibirá, en caso de ser condenado, una pena menor por «incumplimiento de deberes de funcionario público, como si se tratara de haber llegado tarde al trabajo», se quejaron.
Aquella madrugada del 7 de septiembre de 2013, Stofd estaba a cargo del operativo de la fuerza de seguridad federal en la villa Zavaleta. En un principio, otros agentes habían sido también señalados como partícipes de no haber intervenido en el tiroteo, pese a que duró unas tres horas y se registraron unas 105 detonaciones de UZI y FAL. Sin embargo, todos fueron sobreseídos. Incluso Stofd continúa en funciones en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Durante el primer juicio, el que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 condenó a los protagonistas directos del tiroteo, se dejó en claro la responsabilidad de la Prefectura: «No se ha incorporado ningún elemento que permita explicar las razones por las que el personal de la Prefectura Naval Argentina no escuchó los disparos que escucharon y sobresaltaron a todos los vecinos ni percibieron el movimiento de las bandas que los atemorizaba, ni vieron las perforaciones en paredes y aberturas ni los casquillos que se acumulaban en el pasillo», aseguraron familiares de Kevin. «
