“Se vive con miedo”, reconoce María Viera, mamá de Fabián Gorosito, el joven de 22 años asesinado en 2010, presumiblemente, por una patota de policías de la comisaría de Merlo. En lo que va del segundo juicio contra 11 policías y una mujer acusados del crimen –en 2013, durante un proceso lleno de irregularidades, un tribunal los había absuelto– familiares, testigos y abogados del juicio sufrieron amenazas, hostigamientos y persecuciones y hasta el riesgo de una bomba retrasó el comienzo de una de las últimas jornadas. “Igual no vamos a renunciar a la ilusión de que esta vez haya condena para los responsables”, avisa la mujer.
El 15 de agosto de 2010, el cuerpo de Fabián apareció en una zanja de Mariano Acosta, partido de Merlo. De acuerdo a la reconstrucción que hizo su familia, el asesinato fue el escarmiento feroz de un grupo de policías de la comisaría de la zona por una relación sentimental con la esposa de uno de ellos. La investigación también probó que antes del crimen, Fabián había sido víctima de hostigamientos y hasta del armado de una causa por robo y violación.
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) denunció este caso en su informe de 2011, y participó de las audiencias como veedora del proceso judicial, con el objetivo de “garantizar la publicidad de los actos estatales, en su convicción de que el contralor de los mismos por parte de la sociedad civil contribuye a resguardar la transparencia del proceso”.
Sirvió de poco. El Tribunal Oral Nº 5 de Morón, integrado por los jueces Carlos Thompson, Susana De Carlo y Angélica Parera, decidieron absolver por unanimidad a los acusados, incluidos los cinco agentes que habían llegado al debate oral con prisión preventiva y a la presunta amante de Fabián.
En 2014, la Sala II de la Cámara de Casación Penal de Morón anuló el fallo que absolvió a los acusados y ordenó un nuevo proceso. La resolución criticó «una valoración arbitraria de las pruebas» y los cuestionamientos por parte del tribunal hacia algunos testigos y denunciantes.
“Para mí este es el primer juicio porque en el anterior no nos dejaban entrar, los jueces nos decían que contaminábamos la sala, tenía que esperar que alguien de mi familia saliera para que me contara lo que estaba pasando adentro”, recuerda María.
Si bien ahora el Tribunal Oral N°1 de Morón no negó el ingreso de los familiares , el contexto sigue siendo desfavorable. La CPM presentó un habeas corpus preventivo y reclamó que se extremen las medidas de protección y resguardo físico sobre ellos.
En la presentación realizada ante el Juzgado de Garantías 6 de Morón, el organismo advirtió que todos los hechos de intimidación y amedrentamiento denunciados “constituyen actos ilegales, son manifiestamente persecutorios y graves, dado que los comenten quienes cuentan con medios, información e impunidad para realizarlos. El accionar ilegal que se describe deviene característico de las fuerzas de seguridad, que tienen un dominio territorial y acceso a herramientas para efectivizar hechos intimidatorios de manera reiterada, con el fin evidente de evitar o desviar el control jurisdiccional e imponer el terror”.
“No me quiero hacer ilusiones –dice María– porque en el juicio pasado también teníamos expectativas de condena y el tribunal los absolvió. Prefiero esperar, vivir el día a día y si llegamos a una condena, ojalá que sea ejemplar para que esta gente que solo sirve para matar a nuestro hijos no lo vuelva a hacer”.
