En Argentina, ser sexualmente activo es un riesgo extra. Esta semana se supo del faltante de medicamentos para el VIH que el Estado debe garantizar. La misma situación de carencia se vive desde hace un tiempo con los anticonceptivos cuya responsabilidad de distribución en los centros de salud también pasa por el Estado. Ante la falta de provisión, no queda otra alternativa que comprarlos. Pero esto no está al alcance de muchos teniendo en cuenta que hoy una caja de nueve preservativos de primera marca está por encima de los 400 pesos (sólo en los últimos seis meses aumentó un 50%) y las pastillas anticonceptivas registraron un aumento del 30% anual. Una suba moderada si se la compara con el incremento desde 2012 de más del 400% en el precio de la caja de Oxaprost, nombre comercial de misoprostol, la píldora que permite llevar adelante una interrupción farmacológica del embarazo.
«En este marco de falta de políticas de salud sexual y reproductiva ni siquiera hay lo mínimo. No se distribuyen preservativos de forma gratuita, entonces, si no tenés el dinero para comprarlo quedás expuesto. La gente no llega a fin de mes. Tiene que pagar la boleta de gas, la comida, y va dejando de lado lo que en ese momento no parece prioritario. Cuando el año pasado se debatió la ley de aborto desde el gobierno se insistió que había que prevenir, pero cómo vas a prevenir sin lo mínimo, que es suministrar los insumos a la población. Tampoco hay campañas que informen que el preservativo previene el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual ¿Quién les dice eso a los chicos? ¿La familia? ¿Lo hablan entre ellos? La deficiencia es total», se queja Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), que esta semana denunció la falta de stock de tres medicamentos para el tratamiento del VIH y la posibilidad concreta de que haya faltante de otras 15 drogas en los próximos meses.
Desde 2012, Fundación GEP monitorea las políticas públicas en materia de VIH –tiene un Observatorio de Acceso a medicamentos y compras públicas–, que analiza datos (como las órdenes de compras, que el Estado tiene la obligación de publicar), cruza información e investiga las denuncias que recibe del Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH. Así dio cuenta de la inexistencia de stock de efavirenz y de las combinaciones darunavir/ritonavir y tenofovir/emtricitabina/efavirenz desde el mes de junio de 2019. Además, constató que a partir de agosto no habrá disponibilidad de otros 15 medicamentos antirretrovirales.
Luego del preocupante informe, la Secretaría de Salud de la Nación publicó un comunicado que lejos de desmentir el faltante, lo confirmó, aunque apelando a «giros narrativos» para justificarlo.
La respuesta oficial afirmó que «a partir del próximo lunes 5 de agosto, comenzará la distribución de esta combinación de drogas (darunavir 800 mg-ritonavir 100 mg) a todas las jurisdicciones del país». Esto evidencia, primero, el faltante. Y segundo, la reacción ante la exposición ya que el organismo, como se pudo ver en el Boletín Oficial del miércoles pasado, aceleró la compra a través de adjudicación directa. Algo similar ocurrió con el anuncio de la compra de la combinación darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg aclarando que «la próxima semana ingresa la compra directa de este producto».
«La Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y Tuberculosos (DSTyETS ) –dice Di Giano– salió a decir que hubo faltantes de medicamentos porque aumentó el consumo. Eso me suena a Vidal (en referencia a María Eugenia, gobernadora bonaerense) diciendo que hay más desocupación porque hay más crecimiento de la población. El Estado está reconociendo que fue incapaz de preverlo. No nos merecemos esto como país, estar en esta situación, tapando agujeros».
Consecuencias
Según se desprende de diferentes informes realizados desde Fundación Soberanía Sanitaria, las compras de preservativos fueron interrumpidas, o bien los trámites de compra se encuentran parados. Actualmente, la DSTyETS cuenta con una reserva de tres millones de preservativos para distribuir a los programas provinciales y municipales hasta fin de año cuando el requerimiento es de 3,5 millones por mes.
Con respecto al acceso al MAC (Métodos Anticonceptivos), en 2015 se distribuyeron 32 millones, mientras que en 2016 la cifra se redujo a nueve millones. Hubo un repunte en los años siguientes: 22 millones en 2017 y casi 26 millones en 2018. Si se toma en cuenta sólo los preservativos, en 2015 se entregaron 21 millones; en 2016 tres millones; en 2017 16 millones y en 2018 unos 18 millones. En resumen, durante el trienio 2016-2018 se distribuyó un 37% menos de MAC y un 32% menos de preservativos que en el trienio 2013-2015.
«Nos encontramos con un descenso muy grande en el reparto de métodos anticonceptivos. Esto tiene que ver, no sólo con que se dejaron de distribuir, sino también con el hecho de que no hay políticas en pos de mejorar el acceso de las personas a la atención en salud», remarca Nelson Giménez, licenciado en Enfermería e integrante del equipo técnico de Fundación Soberanía Sanitaria.
«En un país donde lo que aumentan son los índices de pobreza, inevitablemente va a tener consecuencias en la salud sexual, reproductiva y no reproductiva de las mujeres. La falta de presupuesto es evidente. Hace tres meses que estamos acompañando a una joven que necesita una ligadura de trompas y siempre le dicen que no pueden hacerlo. La salud sexual no es una prioridad, creen que es algo que puede esperar y eso provoca, entre otras cosas, embarazos no buscados», remarca Ruth Zurbriggen, integrante del Colectivo Feminista La Revuelta y de Socorristas En Red.
Para Zurbriggen, estamos ante una «enorme contradicción» originada hace un año, cuando el Senado rechazó el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. «El debate expandió las posibilidades y más personas se enteraron de que podían abortar con medicamentos, pero al mismo tiempo, el acceso a esa medicación se vuelve una traba enorme por los costos. Las más perjudicadas son las mujeres empobrecidas».
El precio del misoprostol, el medicamento para abortos seguros, registró en algunos laboratorios un aumento del 400% entre los años 2014 y 2019. En la actualidad, el precio del Oxaprost, uno de los nombres comerciales, supera los 6000 pesos, algo así como el equivalente al 48% del salario mínimo.
«Esto nos lleva –cierra Zurbriggen– a una vuelta al perejil, a métodos caseros inseguros. Obliga a las mujeres a hacer cosas que creíamos desmanteladas con el debate del aborto seguro». «
Acceso a anticonceptivos
Históricamente, la disponibilidad de Métodos Anticonceptivos (MAC) en la Argentina estuvo condicionada por diferentes restricciones del marco legal. Con el advenimiento de la Democracia comenzó a facilitarse su uso. A partir de la sanción de la Ley Nacional 25.673, con la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, se estableció la provisión gratuita de MAC, tanto en el sistema público como en las obras sociales y prepagas.
En el año 2009, con la sanción de la Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones, se estableció que obstaculizar el acceso a los MAC es una forma de violencia contra la libertad reproductiva y su negativa conlleva responsabilidad profesional y para la institución.
En la práctica, luego de la consulta con un médico se le pide la receta del anticonceptivo que puede retirarse en el mismo hospital o centro de salud, siempre aludiendo al genérico del medicamento y no a la marca. Con la misma receta puede dirigirse a su obra social o prepaga para que lo ingresen al sistema y le informen en qué farmacias se puede retirar gratuitamente.
Una deuda del Estado
En Argentina, el 59% de los embarazos no son intencionales, una proporción que sube al 68% entre menores de 19 años, de acuerdo con datos que presentó el Gobierno en 2017 en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia.
El Estado nacional compra y reparte anticonceptivos a las provincias, pero luego estas pueden complementarlo con compras propias. Los recortes en el área de Salud, sin embargo, hicieron que en los últimos años esto no esté garantizado. En 2016, el ex Ministerio de Salud repartió sólo el 27% de los tratamientos de anticonceptivos hormonales (en su mayoría, pastillas), cubriendo solo al 37% de la necesidad de la población.
