En los últimos años se han incrementado los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires, porque las poblaciones de los sectores más vulnerables terminan siendo desplazadas. Esta política oficial de inaugurar distritos, de fomentar el turismo, también trae otra consecuencia: la dificultad de acceso al suelo urbano, explica Pablo Vitale, coordinador del área Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El especialista destaca que el papel del IVC porteño en el conflicto del Hotel Edén decisivo a favor de las familias fue, cuanto menos, inusual. El IVC prácticamente no tenía intervención en estos conflictos, y eso se explica por algo que caracteriza al macrismo: la dispersión de competencia, es decir, que reparte la intervención del Estado entre organismos que ya existen y los que va creando. Además de esa dispersión, había baja asignación presupuestaria (recién con el presupuesto 2017 esa tendencia se revirtió, aunque con un foco especifico en las villas), y para colmo se subejecutaba: se gastaba menos de lo que había para gastar.
¿A dónde va la gente desalojada?
Se da una suerte de diáspora. Es un clásico que los que llegan a las villas hayan pasado antes por un hotel o una pensión a los que no pudieron hacer más frente. Existe la necesidad de la gente de relocalizarse, de permanecer en la ciudad por el acceso a la educación, a la salud, pero también hay una expulsión formal de la ciudad porque el mercado inmobiliario creció en dólares y en precio, perjudicando a los pobres y a la clase media. A los primeros los condena a una mayor precariedad e informalidad, y a los segundos, a ser inquilinos. El boom inmobiliario crece con fines especulativos que no dan respuestas al problema de la vivienda. Tampoco hay una intervención del Estado que regule el mercado y genere políticas para mejorar el acceso de los sectores populares a la vivienda.
