Un dato estadístico revela la centralidad de la Educación Sexual Integral en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Un 70% de los NNyA de entre 12 y 14 años que declaran en la Sala de Entrevista Especializada del Ministerio Público Tutelar relata que la develación de que fueron víctimas de un delito contra la integridad sexual y la resignificación de la situaciones vividas cuando eran más pequeños, surgieron a partir de conocimientos adquiriros en las clases de ESI que recibieron en la escuela.
La Sala comenzó a recibir en agosto de 2018 causas vinculadas a delitos sexuales, como consecuencia de la firma de un convenio de cooperación con la Procuración General de la Nación. Hasta el momento, la mayor parte de los denunciados son del ámbito intrafamiliar de los NNyA.
“Analizamos si habían denominadores comunes a las víctimas que pudieran contribuir en pensar abordajes y políticas públicas de prevención contra los abusos sexuales en niños y adolescentes”, explica Yael Bendel, asesora general tutelar. “Un dato común es que comunican el hecho en la escuela. Otra, que buena parte de ellos lo hacen luego de una clase de ESI, primero porque pueden resignificar un hecho que les sucedió y también porque los docentes abren un canal de diálogo para contar. Eso se da entre los 12 y los 14 años, y no descarta que sea igual a los 4 o 5 años. Lo que pasa es que el relato de esos chicos no tiene la claridad del de los adolescentes. Te pueden contar que les tocaron sus partes íntimas o les pidieron que guarden un secreto”.
Formulada la denuncia, la Sala, que es mucho más que una cámara Gesell, es primordial. “Cumple con la normativa de Ginebra –explica Bendel–. Son salas distintas, así que no hay forma de que se cruce el agresor con la víctima. No hay vidrio, es un circuito cerrado de televisión”. «
Por las detenidas con hijos
A partir de un trabajo conjunto entre la Defensoría del Pueblo bonaerense, organismos de Derechos Humanos y la Defensoría de Casación, la Suprema Corte provincial requirió a todos los juzgados en donde se tramitan causas de mujeres detenidas con hijos en la Unidad Carcelaria N°33 de Los Hornos, que informen la situación de cada una de ellas y si se tomaron medidas alternativas para que no permanezcan en prisión.
La intervención surge como consecuencia de la grave situación de vulnerabilidad en la que se hallan las madres y sus hijos en situación de detención, fundamentalmente respecto al derecho a la alimentación. Hoy son 72 las detenidas (43 madres y 29 embarazadas), con un total de 49 niños y niñas. El 81% de ellas tiene, además, hijos fuera de la cárcel, lo que provoca un deterioro en el desarrollo y el ejercicio de los derechos de los 160 niños y niñas que se hallan en esa situación.
El defensor Guido Lorenzino recordó que el organismo a su cargo había presentado el año pasado un hábeas corpus colectivo luego de que se constataran casos de madres detenidas que eran separadas de sus hijos menores de 4 años.
